Prisiones: Casi 200 jefes de la mafia obtienen permisos de salida diurna en cinco meses
La ley de 1975 exige que el juez decida en un plazo de 30 días a partir de la solicitud de información, incluso si aún no han llegado los dictámenes necesarios de los fiscales.
Casi 200 jefes mafiosos obtuvieron la libertad condicional en los primeros meses de 2025. Este dato, que pasó desapercibido y fue publicado por La Stampa, reaviva el debate sobre la seguridad pública y la eficacia de los procedimientos de selección previos a la concesión de beneficios penitenciarios a los condenados por crimen organizado.
El tema fue planteado por Chiara Colosimo , presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia, quien en julio de 2025 presentó un proyecto de ley para reforzar la selección de los reclusos mafiosos. Sin embargo, la propuesta nunca se debatió en la Cámara de Diputados. Los decretos legislativos introducidos en 2022 establecieron normas más estrictas para el acceso a los beneficios penitenciarios para los condenados por crimen organizado. Antes de conceder la libertad condicional, el juez supervisor debe obtener información de la fiscalía competente, el dictamen de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y las investigaciones policiales. El objetivo es verificar que el recluso haya roto realmente sus vínculos con la organización criminal a la que pertenece y que no exista riesgo de que retome actividades delictivas.
La posibilidad de conceder permisos especiales a los reclusos sujetos al régimen del artículo 41 bis depende de las intervenciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, y está sujeta a condiciones específicas. El principal problema radica en el plazo establecido por la ley de 1975 sobre prestaciones penitenciarias. Dicha ley dispone que el magistrado debe decidir treinta días después de la solicitud de información, incluso cuando aún no se hayan recibido los dictámenes e investigaciones necesarios.
El riesgo reside en que se tomen decisiones sin tener una visión completa de la peligrosidad del recluso y de sus posibles vínculos con organizaciones mafiosas. Este defecto procesal puede comprometer la eficacia de los controles, especialmente en los casos más delicados. Para abordar estos problemas críticos, Chiara Colosimo ha propuesto reforzar el requisito de obtener la información y los dictámenes exigidos por la ley antes de conceder prestaciones penitenciarias. El proyecto de ley también exige una mayor implicación de la Fiscalía Nacional Antimafia, con el objetivo de garantizar una mayor coordinación y supervisión.
La propuesta busca evitar que se tomen decisiones basadas en información incompleta y reforzar las garantías de seguridad pública. A pesar de la importancia del tema, el proyecto de ley se encuentra estancado en el Parlamento. Esto deja abierta la cuestión del respeto a los derechos de los presos y la prevención de que los jefes de la mafia se reencuentren con sus clanes durante las liberaciones especiales. Esta cuestión requiere controles eficaces, información oportuna y procedimientos adecuados a la peligrosidad de las personas involucradas.
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