¿Qué otros factores se esconden tras la “lucha” contra el narcotráfico en América Latina?
En este artículo, exploramos el impacto del narcotráfico en América Latina y cómo ha sido utilizado por las élites económicas para justificar el ajuste neoliberal y su disputa política contra la izquierda latinoamericana.
Por Pablo Meriguet
El narcotráfico se ha convertido, sin duda, en una realidad que ha permeado profundamente la economía global. Según Global Financial Integrity , este negocio ilícito mueve la asombrosa suma de 320 mil millones de dólares, que se encuentra infiltrada en diversos sistemas bancarios globales en países de todo el mundo, pero especialmente en aquellos que favorecen el lavado de dinero, como los llamados "paraísos fiscales".
Se suele creer que el narcotráfico opera principalmente en países con altos índices de violencia y conflictos sociales. Sin embargo, este prejuicio ignora que son precisamente los países más desarrollados los principales destinos de la producción de drogas y, en muchos casos, donde se envían las ganancias de este negocio.
Sin embargo, es innegable que en América Latina, por ejemplo, el narcotráfico ha provocado una profunda convulsión social. El número de muertes y delitos derivados del aumento del narcotráfico y la producción de drogas ha crecido de forma constante en la mayor parte de la región. Si bien América Latina representa solo el 8 % de la población mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que un tercio de todos los homicidios a nivel mundial ocurren en esa región, lo cual es totalmente desproporcionado considerando que actualmente no hay ningún conflicto bélico entre países.
Además, el narcotráfico ha penetrado en diversas esferas de la sociedad, incluida la política, que a menudo se ve plagada de escándalos que involucran a políticos y al comercio ilegal.
Esto se debe a que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción de drogas ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años, y América Latina es una de las regiones donde se produce la mayor parte. Estos problemas también conllevan otros, como el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de órganos, etc., que, sumados al narcotráfico, forman parte de una compleja red de negocios ilícitos controlados por el crimen organizado transnacional (cárteles y mafias de diversos países), aliados con grupos o pandillas de cada país que libran sangrientas batallas y cometen asesinatos para controlar la producción, el comercio y la venta de drogas en América Latina, pero también en todo el mundo.
Es evidente que quienes más sufren las consecuencias de un negocio centrado en el consumo de drogas en el Norte global son los habitantes del Sur. El drástico aumento del narcotráfico ha provocado un incremento generalizado de la inseguridad y la violencia, lo que ha desencadenado importantes procesos migratorios dentro de los países e incluso hacia otras naciones.
Si en algunos países no se ha registrado un aumento significativo de muertes, se debe a que los grupos criminales locales no se han enfrascado en grandes enfrentamientos sangrientos, como en Bolivia, Perú o Paraguay. En otros países, como Ecuador, México y varios países de Centroamérica, estas disputas han provocado un brutal incremento de la tasa de homicidios, que a menudo incluye a personas atrapadas en el fuego cruzado que no tienen ninguna relación con los conflictos entre mafias.
La jugada maestra del neoliberalismo
Esto ha provocado inevitablemente una enorme ansiedad entre la población de varios países de la región, que, por primera vez en su historia, se enfrentan a una situación de violencia tan atípica. En consecuencia, la mayor preocupación de los latinoamericanos en la actualidad son los altos niveles de inseguridad. Y si hay una tendencia política que se ha aprovechado de esta realidad, han sido los políticos de derecha de la región.
En su famoso libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre», Naomi Klein explica que el neoliberalismo ha logrado arraigarse y desarrollarse precisamente allí donde ha podido capitalizar graves crisis internas que provocan desorientación y, por consiguiente, vulnerabilidad en la población. Lo explica con los casos de la dictadura chilena que comenzó en 1973, la guerra de Irak y las políticas implementadas tras el huracán Katrina.
Según explica Klein, las crisis son momentos clave para implementar el desmantelamiento y la reducción del Estado, la privatización de todas las dimensiones posibles de la vida social y la destrucción de las organizaciones sociales que se oponen al neoliberalismo (por medios pacíficos o violentos).
El escritor uruguayo Raúl Zibechi va más allá de la tesis de Klein cuando afirma que el narcotráfico es precisamente un negocio que ha crecido exponencialmente durante la implementación del capitalismo neoliberal, y que es precisamente este crecimiento el que permite y promueve su aplicación.
Pero, además, hace algo aún más profundo, dice Zibechi: controla a los sectores populares que históricamente han luchado contra las medidas neoliberales de las élites económicas y los disciplina hasta el punto de neutralizarlos.
Así pues, contrariamente a lo que cabría pensar, las élites internacionales y regionales no se limitan a aprovechar la agitación creada por el narcotráfico, sino que la utilizan de forma indirecta y consciente para implementar un modelo económico neoliberal, anulando cualquier posible respuesta de aquellos sectores sociales y políticos que históricamente se han resistido al proceso de desposesión material.
¿Cómo ha funcionado esta jugada maestra?
En varios países de la región, políticos de derecha como Calderón y Peña Nieto en México, Uribe y Santos en Colombia, Lasso y Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, etc., han centrado su discurso político en la lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Para ello, se han declarado aliados leales de Washington, que, según afirman, proporciona apoyo militar, logístico y de inteligencia para librar la "guerra contra las drogas".
En este sentido, el sociólogo William Robinson ha demostrado empíricamente cómo Washington y las élites de cada país han utilizado la llamada "guerra contra las drogas" como una herramienta discursiva y material para garantizar la estabilidad política e implementar reformas neoliberales.
Los resultados son claros: los proyectos de la "guerra contra las drogas" no han logrado erradicar estos negocios ilícitos; al contrario, la violencia ha aumentado. A pesar de los elogios de la derecha radical del país, Colombia sigue siendo uno de los dos mayores productores de cocaína del mundo.
Tras casi una década de guerra contra las drogas en México, más de 350.000 personas han muerto , pero los cárteles mexicanos siguen siendo una de las mafias más poderosas en la producción y venta de drogas a nivel mundial.
Tras casi dos años en el poder y una serie de medidas de corte militar, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no ha logrado reducir el número de muertos. Es más, 2025 ha sido el año más violento en la historia del país (casi 7.000 fallecidos hasta septiembre)... y el año aún no ha terminado.
Por consiguiente, varios expertos han considerado la implementación de las políticas de seguridad de los gobiernos neoliberales como un fracaso total, con la notable excepción de El Salvador, donde los índices de criminalidad han disminuido drásticamente, si bien cabe señalar que este país ha recibido una importante inversión pública, a diferencia de los gobiernos neoliberales ortodoxos. En cualquier caso, la gran mayoría de las administraciones que siguen una política económica ultraliberal han tenido un éxito rotundo en la implementación y el desarrollo del neoliberalismo en la región.
Durante estos gobiernos en Colombia, México, Ecuador y otros países latinoamericanos, las élites económicas han visto mejorar significativamente su situación económica e influencia política. Asimismo, Estados Unidos ha incrementado notablemente su influencia en la región gracias a la cooperación en materia de seguridad con estos gobiernos, incluyendo el establecimiento de bases militares en diversas zonas estratégicas de América Latina, como ha sido el caso en Colombia.
Esta semana, Ecuador decidirá en las urnas si aprueba el deseo de Noboa de establecer bases extranjeras en territorio nacional, lo cual está prohibido por la Constitución. Además, Noboa busca abolir la Constitución actual y crear una nueva de corte neoliberal, con la justificación de que es una constitución que "defiende a los criminales", según declaró el presidente .
Una nueva justificación para la violencia política
De manera similar, Washington ha iniciado una nueva maniobra geopolítica al desplegar tropas militares en el Mar Caribe para, según afirman, luchar contra las bandas "narcoterroristas" que supuestamente controlan el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, quien ha insistido en que estas acusaciones son una estratagema para derrocar a su gobierno y justificar una invasión militar del país sudamericano y caribeño.
Este intento político de asociar a las fuerzas izquierdistas y progresistas con el narcoterrorismo, como se ve en el caso venezolano, no es nuevo y ya ha servido para justificar asesinatos políticos en América Latina.
En los últimos años en Colombia, cientos de líderes sociales campesinos han sido asesinados , a menudo injustificadamente vinculados con grupos de narcotráfico.
En México, se dio el caso notorio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 en el contexto de la "guerra contra las drogas"; varios políticos y medios de comunicación afirmaron inicialmente que eran "narcotraficantes" o "guerrilleros", lo cual nunca se ha probado.
Durante las recientes protestas contra el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador (en las que varias personas perdieron la vida), algunos altos funcionarios afirmaron que los manifestantes indígenas estaban siendo financiados por grupos del crimen organizado, y se lanzó una intensa campaña mediática que los tildaba de "terroristas" , sin que se presentara jamás ninguna prueba que respaldara esta afirmación. La misma afirmación fue realizada por el predecesor de Noboa, Guillermo Lasso, quien nunca demostró sus aseveraciones.
Es cierto que no es nuevo que líderes de izquierda latinoamericanos sean acusados de crímenes que nunca se prueban o que se manipulan para encarcelarlos y, en muchos casos, torturarlos y asesinarlos extrajudicialmente (la historia de América Latina está plagada de estos lamentables sucesos). Sin embargo, nunca antes se había utilizado el delito de narcotráfico para justificar acciones desmedidas contra la oposición.
Asociar a la izquierda con el narcoterrorismo: la táctica de la derecha latinoamericana
De esta manera, la derecha neoliberal lleva varios años intentando, con bastante éxito, asociar el narcotráfico con cualquier proyecto que se oponga a su lógica económica y política.
Por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (quien gobernó el país entre 2007 y 2017 con un programa socialdemócrata) "no le gustaba [Estados Unidos] porque contaba con el apoyo de narcotraficantes".
En esa misma línea, el actual presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, dijo en una entrevista: "Todo el tema de las drogas está vinculado a la izquierda internacional que entra en tu país para hacerlo volar por los aires y empujarlo hacia soluciones de izquierda".
Hace unas semanas, el gobierno de Donald Trump sancionó al presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: "Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína se ha disparado hasta alcanzar su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses".
De esta manera, la derecha busca que cualquier proceso originado en la izquierda sea visto inmediatamente por el pueblo como algo merecedor de sospecha y desconfianza. Así, pretende fomentar la idea de que el único proceso político moralmente aceptable es el que proviene de la derecha. En este sentido, se ha emprendido una lucha por la legitimidad moral en la política latinoamericana.
El aumento del poder policial (gracias a un crecimiento sin precedentes del gasto militar y policial), junto con el intento de reformular la imagen pública de la izquierda latinoamericana como aliada del narcotráfico, ha creado el clima perfecto para neutralizar a sectores que históricamente se han opuesto a las élites económicas neoliberales. Incluso gran parte de la izquierda latinoamericana no ha sabido contrarrestar esta doble táctica de sus más acérrimos opositores.
A esto se suma la intensa ofensiva legal lanzada por gobiernos de derecha en toda la región para destruir la reputación de exlíderes progresistas latinoamericanos e impedirles volver a postularse a cargos públicos. Como resultado, expresidentes como Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández (Argentina) y Pedro Castillo (Perú) han recibido sentencias judiciales que les impiden reincorporarse a la contienda electoral.
Incluso el actual presidente de Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, fue encarcelado por decisión judicial, a pesar de ser uno de los pocos expresidentes que lograron revocar una sentencia y regresar a la presidencia. Si bien estos expresidentes no estuvieron directamente vinculados al narcotráfico, sí fueron condenados por presuntos actos de corrupción.
Evidentemente, la derecha latinoamericana defiende estas decisiones, aunque para muchos persiste la fuerte sospecha de que no se trata solo de acusar a un individuo, sino también de empañar el nombre de todo un proceso político (que en el caso del progresismo latinoamericano tiene un claro componente de culto al líder) para que el neoliberalismo tenga vía libre para emprender las reformas que tanto desea.
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