Suiza le puso un límite a la obsesión xenófoba europea, pero el riesgo sigue vigente
El 45% rechazó la presencia de inmigrantes con la excusa de no llegar a los 10 millones de habitantes. La fractura en la sociedad. Qué habría pasado con la mano de obra barata que requiere la economía.
Por Andrés Gaudín
Por quinta vez la ultraderecha suiza se dio contra la misma realidad y, aunque sigue siendo cerca de la mitad de la población, volvió a perder en su intención de limitar –persiguiendo a los inmigrantes, expulsándolos– el número de habitantes de la Confederación, una obsesión xenófoba que recorre Occidente.
Observado sin mucho rigor, el 55 a 45 del referéndum del 14 de junio pasado podría verse como un punto negativo en ese escenario europeo que ya parió varios gobiernos nazifascistas y tiene a otros tantos que, sin disimulo, están listos para seguir el mismo camino. La idea fue del Partido Popular Suizo (SVP en alemán), que con la firma de 100 mil ciudadanos logró que se pusiera en marcha el mecanismo de democracia directa que tanto enorgullece al mundo helvético.
Los diez puntos de distancia que separaron al No del Sí se mantienen desde que en 1970 –y después en 1974, 77 y 80– el SVP asumió un papel visionario y rechazó la presencia de los inmigrantes que por entonces todavía llegaban a cuentagotas, a ofrecer la mano de obra que necesitaba la economía suiza pero que su propia población no estaba en condiciones de ofrecerle. En las cuatro ocasiones la consigna fue siempre la misma: Überfremdung, en alemán, literalmente "contener la extranjerización excesiva". Ahora no anduvieron con sutilezas y la pregunta que los xenófobos le formularon al electorado fue directa: "¿Quiere una Suiza con no más de 10 millones de habitantes?".
Los porcentajes fueron los mismos, aunque la participación del 58% fue algo superior a la habitual, un hecho positivo en un país que tiene entre tres y cuatro referéndums por año. Analizando con rigor, sin embargo, hay un detalle esencial: la votación remarcó claramente las diferencias que existen entre los 19 cantones de preeminencia alemana y los siete de ascendencia francesa, así como las distancias que separan a las zonas rurales de las urbanas. Tanto entre los alemanes como entre los campesinos primó visiblemente la actitud xenófoba. Quedó bien marcado que en la Confederación Helvética conviven dos versiones de Suiza. El voto por el No fue impulsado por la Federación Sindical, la Asociación de Empresarios, Economie Suisse y las multinacionales Roche, UBS y Nestlé.
El Ejecutivo y las dos cámaras legislativas –una representa al electorado y la otra a los cantones– se manifestaron contra la propuesta. Señalaron que la iniciativa sería una amenaza para la estabilidad del país, pues haría escasear la mano de obra en sectores cruciales de la economía y destruiría buena parte de los acuerdos vigentes con la Unión Europea (UE). El Sí, promovido por los partidos llamados libertarios, apeló a un sinfín de argumentos sin sustento para sensibilizar a los sectores más permeables a las campañas de los grandes medios y las redes sociales. Que la inmigración provoca déficit de vivienda, que aumenta el precio de los alquileres y hasta que "una construcción excesiva destruirá el paisaje, parte fundamental del patrimonio colectivo". Que aumenta la criminalidad, daña el sistema de salud y empobrece la calidad educativa.
El programa xenófobo tenía todo dispuesto. De haber ganado el Sí a nivel de voto popular y en la mayoría de los cantones –ambos requisitos deben cumplirse en todo referéndum–, eso habría significado una profunda modificación constitucional. Para evitar llegar a los 10 millones en 2050 se establecía que de superarse el umbral de 9,5 millones de habitantes el Consejo Federal y el Parlamento quedarían obligados a tomar medidas restrictivas en asilo o reagrupación familiar. Además, tendrían que negociarse cláusulas de excepción en los acuerdos internacionales ya firmados. De sobrepasarse la barrera de los 10 millones habría que denunciar pactos como el de libre circulación de bienes y personas con la UE (Schengen) y el Dublín sobre cooperación en materia de asilo y seguridad (Suiza tiene acuerdos con la UE pero no la integra).
Con semejante desbarajuste en ciernes, Europa observó el proceso con particular atención y se ahorró todo comentario. Francia vivió el referéndum como propio. El creciente campo de la ultraderecha nazoide cultivado por Marine Le Pen soñaba con llevar a consulta la política migratoria después de 2027, aunque sería una verdadera aventura y dependería del resultado electoral de ese año. Más que en Suiza, sería algo políticamente delicado porque implicaría revisar hasta la misma pertenencia a la UE. Abordando la problemática europea en conjunto, la cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra evaluó, y lo extendió a Suiza y Francia por igual, que los indicadores económicos, financieros y sociales de Suiza son muy buenos comparados con el resto de Europa y eso es en gran parte por la inmigración.
Tras la elección las cámaras empresarias y las grandes multinacionales suspiraron aliviadas y hasta coincidieron con las organizaciones humanitarias. Pensaban que a las implicaciones internas el planteo de la ultraderecha agregaba un gesto hostil hacia la UE, que se sumaría a los problemas ya causados a la economía suiza por los caprichosos aranceles impuestos por Donald Trump. Además de provocar una fractura en la sociedad, la propuesta del SVP no era realista frente a la realidad demográfica de este país en el que el 20% de su población tiene más de 65 años. Sin trabajadores jóvenes externos –los inmigrantes– el sistema de bienestar se volvería insostenible, ya que Suiza no genera el relevo generacional necesario para mantener su economía y la seguridad social de las futuras generaciones.
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