Violaciones de los derechos humanos contra personas migrantes

POR VV AA 

Publicamos este comunicado para documentar y denunciar una serie de violaciones de los derechos humanos interrelacionadas que, en su conjunto, ponen de manifiesto una política sistemática llevada a cabo por los Estados español y marroquí y por la Unión Europea. Esta política convierte a las personas migrantes en moneda de cambio en un conflicto político y económico, al tiempo que ejerce una violencia directa y sistemática sobre los cuerpos de las personas especialmente expuestas a la violencia institucional y fronteriza: las personas que se ven vulnerabilizadas por las políticas migratorias y el racismo institucional, las personas migrantes, los solicitantes y solicitantes de asilo, los menores, así como las personas del colectivo LGBTIQ+, que se encuentran entre los grupos más expuestos a esta violencia. Las personas que se desplazan no son instrumentos políticos de los Estados: tienen sus propios motivos, necesidades, expectativas y decisiones, a las que hay que prestar atención.

La movilidad humana no surge de las fronteras ni de las políticas que pretenden regularla. Las personas ya se desplazan, toman decisiones y construyen sus propias trayectorias antes de encontrarse con los dispositivos fronterizos que intentan limitar esos movimientos. La frontera no genera el movimiento: se construye precisamente para contenerlo.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de varias décadas de políticas de externalización de las fronteras europeas, a través de las cuales España y la Unión Europea llevan años financiando, equipando y formando a las fuerzas de seguridad de Marruecos, Mauritania, en Senegal y en Malí, así como en Túnez y Libia, en particular mediante la entrega de cientos de vehículos, drones y embarcaciones, con el objetivo de impedir la llegada de personas migrantes al territorio europeo. Los Estados intentan instrumentalizar y gestionar la movilidad humana como mecanismo de presión geopolítica, pero las personas migrantes no son instrumentos pasivos.

Lo ocurrido tampoco puede entenderse al margen de la historia colonial de España en el norte de África y en el Sáhara Occidental. Ceuta y Melilla son fronteras atravesadas por relaciones coloniales, disputas territoriales y jerarquías raciales que determinan quién puede circular y quién está sometido al control, a la expulsión o a la violencia. Esta frontera lleva en su memoria varios sucesos ocurridos en años anteriores que demuestran que no se trata de un caso aislado, como por ejemplo las muertes de 2005, las de Tarajal en 2014 y las devoluciones ilegales de menores en 2021.

Este modelo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones su contradicción fundamental: en mayo de 2021, más de 10 000 personas entraron en Ceuta tras la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Según diversos informes publicados en relación con estos hechos, se describió una apertura deliberada de la frontera por parte de Marruecos como una estrategia de presión vinculada al asunto del Sáhara Occidental. Esta crisis provocó la destitución de la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El 24 de junio de 2022, en la frontera de Melilla, se produjo una sangrienta masacre que se cobró la vida de al menos 27 personas y dejó cerca de 70 desaparecidas.

Cabe señalar también que las Islas Canarias acogieron por sí solas a 23 000 migrantes en 2020, según cifras oficiales, la mayoría procedentes de las costas del Sáhara Occidental, durante uno de los períodos de mayor afluencia de migrantes por vía marítima hacia las islas. A este contexto se suma un conflicto económico y estratégico cada vez mayor en torno al "Mont Tropic", un monte submarino situado a unos 499 kilómetros de la isla de El Hierro, que alberga toneladas de teluro, así como cobalto, níquel y litio, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo de las tecnologías verdes y la transición energética. En 2009, Marruecos presentó una solicitud de ampliación de su plataforma continental para incluir este monte, y España respondió en 2014 con una solicitud similar basada en la prolongación natural de las Islas Canarias. Posteriormente, en 2020, Marruecos amplió sus aguas territoriales mediante dos leyes parlamentarias que Madrid interpretó como una injerencia en su soberanía. El asunto volvió a cobrar gran relevancia en noviembre y diciembre de 2025, tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad relativa al Sáhara Occidental, que reforzó la posición negociadora de Marruecos a nivel internacional y reavivó los temores españoles de perder el control de dichos recursos.

En este clima de tensión, España ha adoptado una serie de medidas con carácter previo a julio de 2026: una regularización extraordinaria y colectiva de la situación de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular, reclamada desde hace años por el movimiento migrante y antirracista; la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia, que normalizó las relaciones bilaterales tras años de tensión, después de que España cambiara de postura en 2023 para apoyar el plan de autonomía marroquí en el Sáhara Occidental, y la ratificación por parte del Parlamento español de una ley destinada a conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas bajo la administración española, cuyo número de beneficiarios potenciales se estima entre 80 000 y 200 000 personas. Cabe señalar asimismo que las inversiones chinas en España pasaron de 249 millones de euros en 2024 a cerca de 643 millones de euros en 2025, un dato que se menciona como factor adicional en los cálculos de las grandes potencias en torno a la región, al que se suma el hecho de que Argelia es el principal proveedor de gas de España.

En este mismo contexto, coincidiendo con la Fiesta del Trono del Reino de Marruecos, los días 30 y 31 de julio de 2026 se produjo un episodio extraordinario con la llegada de entre 50 000 y 70 000 personas, en su mayoría marroquíes, así como una minoría procedente de países como Sudán, Yemen, la República de las Comoras, Togo, Níger, Camerún, Etiopía, Egipto, la República Centroafricana, Somalia, Palestina, Chad, Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Malí, Eritrea, Sudán del Sur, Siria, Benín, etc., hacia Ceuta. Esta llegada se saldó con más de 120 muertos, en su mayoría jóvenes y menores marroquíes.

El incidente vino precedido de publicaciones en Facebook y otras plataformas, cuyo origen sigue siendo oficialmente desconocido, que incitaban específicamente a los marroquíes —y no a personas de otras nacionalidades— a dirigirse a Ceuta, afirmando falsamente que la frontera estaba abierta.

A diferencia de la tolerancia observada en el caso de Ceuta, se ha registrado una intervención violenta por parte de las autoridades marroquíes en la zona fronteriza de Beni Ansar-Melilla, lo que pone de manifiesto dos modelos diferentes de gestión en el marco de las negociaciones con la Unión Europea y España: el modelo de Melilla y el modelo de Ceuta.

Por lo tanto, no nos encontramos ante una "crisis migratoria": las personas que emigran no son la crisis. La crisis es política y se deriva de un régimen fronterizo que determina qué vidas importan, quién puede desplazarse con seguridad y quién debe arriesgar su vida para hacerlo. Por ello, denunciamos también la islamofobia y el racismo contra las personas negras que impregnan este régimen fronterizo. La construcción racial y colonial del "moro musulmán" como amenaza, así como la criminalización de las personas negras africanas, alimentan los discursos de "invasión" y "peligrosidad" que preparan el terreno para la violación de cualquier derecho, la persecución y el control.

Este comunicado se basa en decenas de testimonios directos de víctimas migrantes, entre las que se encuentran solicitantes de asilo, menores y personas del colectivo LGBTIQ+. En su conjunto, estos testimonios documentan un patrón de violencia física y psicológica sistemática y deliberada que exponemos a continuación.

Los testimonios recabados entre personas queer revelan una violencia física de especial intensidad, agravada por el rechazo de su identidad de género. Varias personas describen haber recibido puñetazos y golpes con porras en la cara, hasta el punto de que se les hinchara el ojo, así como golpes con objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos, hasta dejárselas magulladas y ardientes. Estas agresiones suelen producirse tras su expulsión de los centros de acogida, lo que les obliga a dormir en la calle sin ningún tipo de protección. Varias personas testifican que el mero hecho de ser visiblemente queer les expone a una violencia redoblada en el espacio público, donde nadie se atreve a intervenir, y que, a diferencia de otras personas, no pueden refugiarse en ningún sitio sin volver a convertirse en blanco de ataques.

La violencia más intensa se produce al amanecer, entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada, cuando las fuerzas del orden irrumpen de forma repentina y sin previo aviso en los lugares donde duermen las personas. Por la noche, por lo general, las patrullas llegan en coche, en medio de gritos e insultos constantes. Durante el día, la violencia es relativamente menos intensa, pero no desaparece: los gritos, los insultos y las persecuciones continúan, y la violencia se reanuda inmediatamente en cuanto las víctimas se alejan de los voluntarios o de los periodistas que las acompañan. A las personas que duermen se les despierta con golpes directos de porra, o primero con una linterna y luego con la porra. Se les propinan patadas con pesadas botas de combate; los lugares donde duermen quedan rodeados por un gran número de agentes; se ordena a las víctimas que se levanten y se marchen de inmediato ("Fuera"), y se golpea a quienes no obedecen; además, se destruyen o se dañan sus pertenencias (colchones, cajas de cartón, equipaje).

Los testimonios describen un patrón casi uniforme y deliberado: golpes en la cabeza de una intensidad relativamente menor en comparación con los asestados en las piernas, que reciben golpes mucho más violentos, lo que sugiere, según los testimonios, un patrón calculado para causar daños físicos graves, evitando al mismo tiempo lesiones mortales inmediatamente visibles. A esto se suman golpes en el estómago, el abdomen y la espalda, que dejan marcas cutáneas evidentes; golpes directos en la cara (puñetazos y patadas, incluidas lesiones alrededor de los ojos); golpes deliberados en la zona púbica y en los órganos genitales; así como fracturas o lesiones en las manos y las muñecas que llegan incluso a inmovilizar su movimiento.

En algunos casos, se habría obligado a personas que no sabían nadar a meterse en el agua bajo amenaza. Las patrullas habrían perseguido a quienes intentaban huir nadando y habrían intentado ahogarlas, según el testimonio directo de una persona. A esta se la habría mantenido en el agua y luego se la habría sacado para reanudar los golpes mientras estaba completamente empapada. Al parecer, también se habría obligado a grupos enteros a meterse en el agua antes de ser pisoteados mientras yacían en ella.

Miembros de la población local rocían gas lacrimógeno directamente en los ojos como método de tortura individual, a veces tras atraer a la víctima con el pretexto de "ofrecerle ayuda", para luego huir inmediatamente después de haberla rociado. Los teléfonos móviles y los auriculares de repuesto son confiscados de forma sistemática, sobre todo durante las redadas nocturnas, y el dinero en efectivo es sustraído directamente de los bolsillos bajo amenaza de golpes. Algunos testigos distinguen este robo "oficial" del cometido por los "ladrones callejeros" comunes, considerándolos dos fuentes distintas.

Los testimonios describen asimismo lesiones graves diagnosticadas como simples "espasmos musculares", sin que se realizara un examen real; la negativa de clínicas y hospitales a tratar lesiones infectadas; así como la denegación de asistencia sanitaria sin ninguna justificación médica clara.

Varios testigos señalan asimismo el recurso a agentes capaces de comunicarse en darija durante las intervenciones. Esta práctica, según las personas entrevistadas, aumentaba la intimidación y el miedo, al permitirles dirigirse directamente a ellas en su propia lengua y utilizar ese conocimiento en el marco de las amenazas, agresiones y torturas sufridas.

Los actos de violencia documentados a través de estos testimonios no pueden entenderse de forma aislada. Se inscriben en un contexto más amplio de control y criminalización de las personas que intentaron cruzar la frontera y de aquellas que participaron en las movilizaciones posteriores. Esta crisis se ha extendido hasta afectar a jóvenes marroquíes procesados por cargos relacionados con ese mismo intento de cruce.

En la región de Fnideq-Tetuán, las autoridades detuvieron, la noche del cruce masivo, a nueve personas, entre ellas cinco menores, en el contexto de los disturbios que se produjeron en la ciudad de Fnideq. Los adultos fueron encarcelados en la prisión local de Tetuán y los menores trasladados al centro de protección de menores de Temara. La cifra aumentó rápidamente hasta alcanzar un total de 69 personas detenidas. Treinta de ellas fueron juzgadas y condenadas a penas que oscilan entre un año y dos meses de prisión efectiva, mientras que otras siete fueron juzgadas específicamente por el delito de incitación. La sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán denunció la gravedad de la ausencia de defensa durante estos juicios, lo que considera una violación flagrante de las garantías de un juicio justo.

En cuanto a los taxistas, fueron juzgados en apelación y recibieron penas suspendidas y multas. En el contexto de los sucesos de Ceuta, 69 personas fueron arrestadas, todas ellas juzgadas en libertad. El proceso judicial se desarrolló sin la presencia de la defensa, lo que constituye una grave violación de las garantías fundamentales de un juicio justo.

En cuanto a las personas fallecidas, según una declaración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), durante la primera semana de los sucesos se recuperaron más de 11 cadáveres en el lado marroquí, que posteriormente fueron entregados a sus familias para su entierro. Varias familias siguen reclamando los cadáveres de sus hijos. Según declaraciones de las autoridades españolas, Marruecos se ha negado a recibir algunos de los cadáveres, aunque seis de ellos han sido identificados gracias a las huellas dactilares y a pruebas de ADN.

Paralelamente, en la región de Nador-Beni Ansar, se ha producido una oleada de procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de los mismos sucesos. Algunas de ellas han sido condenadas a penas que oscilan entre los cuatro y los seis meses de prisión efectiva, además del pago de indemnizaciones colectivas que, en uno de los casos, ascendieron a 84 000 dirhams y se abonaron a la Dirección General de Seguridad Nacional.

Entre las personas detenidas también había menores. Algunas de ellas están siendo juzgadas en el marco de procedimientos penales, cuyas vistas siguen aplazándose debido a la ausencia de la defensa, en el contexto de la huelga de abogados. En la vista celebrada el 10 de agosto de 2026, comparecieron 50 acusados, repartidos en 13 expedientes, por cargos relacionados con insultos a funcionarios, uso de la violencia y daños materiales.

Solo 11 detenidos fueron juzgados de forma presencial, mientras que los demás fueron juzgados a distancia, entre ellos dos jóvenes detenidas. En sesiones posteriores ante el Tribunal de Primera Instancia de Nador, el tribunal dictó penas de prisión efectiva y multas de 500 dirhams contra varios grupos.

Las violaciones no se limitaron a las detenciones y los juicios, ya que también incluyeron operaciones de expulsión inmediata de cientos de jóvenes que habían logrado llegar a Melilla. Estos fueron devueltos a través de pasos semiclandestinos situados en medio de la valla fronteriza, en la zona del "Barrio Chino", en circunstancias que plantean dudas sobre el respeto de las garantías legales y los derechos humanos relacionados con las operaciones de devolución.

Posteriormente, se llevaron a cabo operaciones de expulsión de cientos de jóvenes. Fueron trasladados por la fuerza a zonas remotas y dispersas, justo antes de llegar a las ciudades (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt, etc.), y allí fueron abandonados en pleno verano, en medio de un intenso calor y sin que se les proporcionaran las condiciones necesarias de protección y asistencia.

Esta violencia no ha impedido que las personas migrantes desarrollen formas de organización y resistencia. La resistencia comienza en el movimiento, en la decisión de abandonar el lugar que se les ha asignado, a pesar de las fronteras y de los mecanismos destinados a impedirlo.

Hemos sido testigos de formas de resistencia en las prácticas cotidianas de supervivencia: compartir información sobre las rutas; socorrer o cuidar a una persona herida; compartir comida o medicamentos; traducir; proteger las pertenencias de otras personas; organizar turnos de guardia para dormir y mantenerse a salvo; transmitir experiencias y consejos a otras personas; memorizar un número de teléfono o una información importante para que no se pierda si se les estropean los teléfonos; o reconstruir las redes dispersadas por las redadas policiales y militares.

La resistencia también se manifiesta en la creación de alianzas con otras personas; en la conservación de pruebas y la denuncia de las violencias sufridas; en la organización colectiva y la reivindicación de derechos, incluso cuando las instituciones bloquean o impiden su ejercicio; en el mantenimiento de redes de comunicación y apoyo a distancia; y en la construcción de formas de solidaridad y de organización cotidiana que permitan sostener colectivamente la posibilidad de seguir resistiendo.