La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por la causa Vialidad
En total son más de 20 propiedades que pertenecen a la familia Kirchner, entre las que se encuentran departamentos a nombre de Máximo y Florencia
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) avanzó con una medida clave en la Causa Vialidad: ordenó ejecutar el patrimonio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás sentenciados. La resolución llega después de que la Cámara de Casación despejara el último obstáculo para activar esta etapa, cuyo objetivo es cubrir con bienes embargados un monto de 685.000 millones de pesos, cifra que la Justicia determinó como el perjuicio económico probado en el expediente.
El tribunal, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fijó que los nueve condenados deberán responder con sus patrimonios de manera solidaria, hasta cubrir exactamente 684.990.350.139,86 pesos. Esa será la suma a recuperar mediante la ejecución de bienes.
La Justicia ordenó decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Según la resolución, los magistrados tomaron como base el listado aportado por el Ministerio Público Fiscal el 12 de septiembre de 2025, y a partir de allí resolvieron cuáles de esos activos pueden efectivamente ejecutarse dentro de la pena dictada por el caso Vialidad.
Entre los bienes alcanzados se encuentran 20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la vicepresidenta y otras 19 propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner, recibidas de forma gratuita y en partes iguales. Se trata de una consecuencia directa de la condena por corrupción que quedó firme en junio de este año, tras el aval de la Corte Suprema.
En el texto de la sentencia, los jueces remarcaron que era necesario dejar asentadas las diferencias entre los distintos supuestos de decomiso. En el caso de los bienes pertenecientes a los condenados que obtuvieron beneficios directos del delito, la medida busca -según señalaron- impedir que un hecho ilícito genere ganancias y neutralizar todo efecto económico derivado de esa maniobra.
A la vez, el tribunal enfatizó la función reparadora del decomiso respecto de los bienes susceptibles de ser afectados por el daño colectivo provocado y en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de recuperación de activos provenientes de la corrupción. Estas obligaciones derivan de tratados como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por último, en relación con los bienes identificados que están en manos de personas no condenadas -particularmente Máximo y Florencia Kirchner- el TOF 2 aclaró que el decomiso se aplicará únicamente en casos donde existan personas jurídicas beneficiadas por el delito o terceros que hayan recibido los bienes en carácter gratuito.
Origen del monto actualizado
La cifra que la Justicia busca cubrir con el decomiso de bienes es de $684.990 millones y surge de la actualización del daño económico causado al Estado nacional determinado en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022 por el TOF N.º 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En aquel fallo, el tribunal había impuesto penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
El monto original de $84.835 millones fue recalculado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó la actualización conforme a la variación del índice de precios, llevando el valor final a casi $685 mil millones.
Confirmación previa de la Corte Suprema
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había confirmado el fallo de Casación que dejaba firmes las condenas dictadas en la causa Vialidad. De esa manera, quedaron ratificadas las penas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez por el delito de defraudación contra la administración pública a través de contratos de obra pública.
La decisión del máximo tribunal consolidó también la ejecución del decomiso de bienes y valores, como parte de las consecuencias accesorias de las condenas.
El decomiso afecta a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, José López y Mauricio Collareda, entre otros condenados. Todos fueron considerados solidariamente responsables del perjuicio económico causado al Estado.
De acuerdo con lo resuelto, el monto deberá ejecutarse conforme al procedimiento previsto por el Código Penal y las disposiciones de los tribunales federales de ejecución, sin perjuicio de los eventuales reclamos que las partes puedan plantear en etapas posteriores.
Fuente: