El agua de Mendoza no se negocia

Una organización ambientalista presentó un amparo ante la justicia local para frenar el proyecto de extracción de cobre en el cerro San Jorge en Uspallata.

Tras la multitudinaria marcha que se originó en varios puntos de la provincia y confluyó en la capital mendocina para dejarle en claro al gobernador Alfredo Cornejo que "el agua de Mendoza no se negocia", una organización ambientalista presentó un amparo ante la justicia local para frenar el proyecto de extracción de cobre en el cerro San Jorge en Uspallata, tras el visto bueno de la legislatura a la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa. "Hay muchos riesgos ambientales y sociales que no han sido debidamente ponderados", aseguran desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, continúan las actividades en defensa del agua en toda la provincia.

En conjunto con la Asociación Civil El Suri de Uspallata, vecinos autoconvocados de San Carlos, Tunuyán, General Alvear y Guaymallén, y de referentes académicos como Marcelo Giraud, profesor asociado de Geografía en la UNCuyo, la FARN presentó un escrito ayer, solicitando la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9684 –aquella que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero 'PSJ - Cobre Mendocino en Uspallata–, denunciando la inconstitucionalidad de la norma aprobada por la Legislatura de Mendoza el 9 de diciembre.

En el escrito, los ambientalistas aseguran que la ley configura "una amenaza ambiental cierta, actual y jurídicamente relevante, incompatible con los principios preventivo y precautorio que rigen el derecho ambiental" y que afectan en particular el derecho colectivo a un ambiente sano y equilibrado establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

"Nosotros entendemos que esta aprobación está viciada de nulidad y es ilegal porque está condicionada. Es decir que hay muchos riesgos ambientales, sociales, que no han sido debidamente ponderados y la solución del análisis de esos riesgos se supedita al futuro. Es decir, se aprueba el estudio, la evaluación de impacto ambiental con puntos ciegos, con omisiones informativas, con inconsistencias y todo eso nos lleva a un procedimiento que entendemos que está viciado", sostiene el abogado de la FARN, Cristian Fernandez.

Al pedido de la FARN, se le sumaron otros dos amparos presentados por diferentes organizaciones ambientalistas. La Comunidad Huarpe Guaytamari de Uspallata y la Fundación Cullunche, solicitaron a la justicia local que declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 9684. Además, un vecino de Uspallata, Alder Corsanigo, en conjunto con la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, el CEProDH y Xumek, repitió el pedido, enfocado en el "daño irreversible que el proyecto minero generaría en el ecosistema de la Ciénaga del Yalguaraz, donde el Arroyo El Tigre es el principal aportante de agua, ya que no se hicieron los estudios necesarios para asegurar la

convivencia entre el proyecto minero y el frágil ecosistema húmedo de montaña", aseguraron.

Si bien en la provincia existe la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro y el mercurio en la minería metalífera, la Legislatura aprobó el proyecto -que ya tiene más de una década y otros rechazos- porque considera que los químicos que se utilizarán ahora no están alcanzados por la normativa: se trata de Metil Isobutil Carbinol, Isobutil Xantato de Sodio, Poliacrilamida Aniónica y Óxido de Calcio. En el amparo, el colectivo ambientalista recogió dictámenes técnicos de la Fundación de la Universidad de Cuyo, del Departamento General de Irrigación, y del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Árida (IADIZA), que señalan incongruencias en el estudio del impacto ambiental aprobado por la legislatura. "Entre esas incongruencias hay muchas observaciones referentes al potencial drenaje de la roca y la posibilidad de contaminación de los acuíferos poniendo en peligro la Ciénaga de Yalguaraz, el río Uspallata, el río Mendoza y el arroyo El Tigre", cuenta Fernández y considera que la iniciativa compromete un derecho fundamental como el acceso al agua.

En este sentido, el colectivo solicitó una medida cautelar para frenar el avance del PSJ - Cobre Mendocino, impulsado por la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi de Argentina, "hasta tanto se resuelvan estas inconsistencias y dudas que se generan a partir de los grandes impactos que podría generar", sostuvo el abogado de la FARN, sosteniendo que se amparan "en el principio de prevención pro natura y pro agua que establecen que en caso de duda se debe favorecer a la naturaleza y a los ecosistemas acuáticos", agregó.

El planteo realizado por la comunidad ambientalista cuenta con un antecedente similar. En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de un estudio de impacto ambiental que autorizaba el desmonte de bosques nativos en Palma Sola, Jujuy. En el "Caso Mamani", la justicia priorizó el principio precautorio ambiental y la participación ciudadana, considerando al estudio de insuficiente, inconcluso y que no cumplía con la licencia social. "Incluso no se tuvo en cuenta a un bañado que había en la zona cuando realizaron los mapas", se explayó Fernández.

La aprobación de las leyes 9.684 que aprueba la declaración de impacto ambiental del PSJ - Cobre Mendocino y la 9.685 que hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe, mantiene en vilo a toda la provincia, en lo que ellos llaman "la gesta libertadora por el agua", en referencia al General San Martín. El 9 de diciembre, cuando se aprobó el proyecto en el Senado, miles de manifestantes marcharon desde diferentes ciudades al edificio parlamentario para pedir por el rechazo a las leyes. La misma iniciativa se repitió el 23 del mismo mes, esta vez, con destino a la Casa de Gobierno provincial, para exigirle a Alfredo Cornejo que derogue las normas.

Sin embargo, las actividades no terminaron el día previo a Nochebuena. La llamada "agenda por el agua", que impulsan las diferentes organizaciones ambientalistas mendocinas, continua en los próximos días, con el objetivo de continuar exigiendo la derogación concientizar sobre el cuidado del agua en un territorio tan árido y escaso del recurso hídrico como la "tierra del sol y del buen vino". El viernes 26 a las 21 horas se llevará a cabo la limpieza del Río Atuel en Valle Grande, donde se brindarán charlas y habrá música en vivo. Mientras que el sábado se realizará el Festival por el Agua en Godoy Cruz desde las 16 y el martes 30 en Guaymallén se conmemorará el aniversario de la recuperación de la ley 7722.

Informe: Thiago Buglione.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2025/12/28/el-agua-de-mendoza-no-se-negocia/