Parque Indoamericano: la Cámara reabrió la causa contra policías acusados de homicidio

La Cámara de Apelaciones reabrió la causa contra tres jefes de la Policía Federal y cinco jefes y 24 agentes de la ex Metropolitana involucrados en los homicidios durante la toma del Parque Indoamericano en 2010. El tribunal revocó el sobreseimiento porque consideró que en el proceso hubo retrasos en las actuaciones judiciales y que los magistrados a cargo de la causa en instancias anteriores no realizaron las medidas de prueba que ellos mismos consideraban fundamentales para esclarecer lo que sucedió.
Entre esas pruebas, hay un peritaje audiovisual clave para determinar cómo fue la intervención de cada uno de los acusados. La Cámara pidió que el CONICET se haga cargo de la pericia y que se tomen los testimonios que faltan.
En el fallo, la Cámara destaca la línea de tiempo de las dilaciones que fueron retrasando la causa. Meses para realizar pericias fundamentales, años para tomar un testimonio, entre otras demoras.
El 7 de diciembre de 2010, un operativo de la PFA y la Metropolitana desalojó el predio de Villa Soldati ocupado por familias que buscaban acceder a una vivienda. Por la represión murieron Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y varias personas terminaron heridas.
En marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary y Bernardo y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión. Al mismo tiempo, procesó a Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por esos mismos delitos.
En mayo de ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos de los policías y de los jefes policiales y ordenó que se continúen investigando sus responsabilidades. Además, confirmó el procesamiento de Picart. Las medidas de prueba que ordenó la Cámara en 2018 se empezaron a producir lentamente después de tres años de inactividad. Sin embargo, el 28 de mayo de 2025 volvieron a sobreseerlo.
Ahora, llegó el fallo de la Cámara -luego de una nueva apelación- con la reapertura de la causa. A pesar de esta importante decisión, la causa demuestra la dificultad estatal para investigar hechos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad.
En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años.
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