Arroyo Salgado, la jueza señalada
Por Irina Hauser
En vísperas de Navidad, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura le notificó a la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que abrió un expediente en su contra por posible mal desempeño y abuso de autoridad en la detención de un grupo de militantes peronistas a quienes acusó de delitos federales por haber colgado un pasacalle y tirado bosta en la puerta de la casa de José Luis Espert a modo de protesta. Por ese entonces, el exdiputado todavía manejaba con disimulo los favores recibidos por el narco Federico Fred Machado y se mostraba leal al círculo de confianza de Javier Milei. Las detenciones a pedido suyo fueron escandalosas: incluyeron extensas incomunicaciones, se hicieron sin pruebas y hubo denuncias por malos tratos. Ante el Consejo fueron relatadas por dos de las mujeres privadas de la libertad: Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejala de Quilmes, quien asumió la intendencia en reemplazo de Mayra Mendoza que pasó a la función legislativa.
¿Independencia?
La Comisión de Acusación es la que puede recomendar iniciar el juicio político de jueces o juezas cuando encuentra motivos suficientes. La apertura formal del expediente contra Arroyo Salgado fue resuelta a mediados de diciembre y el 22 de ese mes le fue notificada de acuerdo al artículo 11 del reglamento del organismo que dice que "podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho en un plazo de veinte días". La exconsejera radical Roxana Reyes había pedido la desestimación del caso, pero finalmente fue rechazada con los votos del devenido libertario Luis Juez, el abogado César Grau, el diputado larretista Alvaro González y los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Ellos, además, votaron nuevas medidas en la investigación. El abogado Alberto Maques optó por abstenerse.
En días previos, y cuando este asunto ya estaba en discusión en la Comisión, la jueza había dado entrevistas en varios medios de comunicación con afirmaciones llamativas: por ejemplo, decía que "la corrupción atraviesa los tres poderes del Estado", lo que incluye al que ella pertenece; afirmaba también que "estamos en un momento bisagra" y "solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie". La presunta falta de independencia es, precisamente, una de las claves de la denuncia que, a mediados de 2025 y cuando la jueza ordenó las detenciones, presentaron en su contra tanto la diputada Siley y el senador Mariano Recalde.
En el ámbito judicial es conocido que Arroyo Salgado tendría aspiraciones de llegar a encabezar la Defensoría General de la Nación, aunque su mayor apuesta es un sillón en la Corte Suprema. Se trata de la misma jueza que apareció el día del debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, invitada por el entonces ministro de seguridad porteño –ahora senador bonaerense-- Guillermo Montenegro. Su explicación fue extraña: dijo que había ido con una de sus hijas "por lo que le pasó a su papá", el fallecido fiscal Alberto Nisman (ella dice que lo mataron).
Además de que el Gobierno de Milei difundió las detenciones de militantes pedidas por el autor de la frase "cárcel o bala" como un triunfo, la propia exministra de Seguridad Patricia Bullrich compartía la información en sus redes sociales. Anunció la de Alexia y advirtió que habría más: "A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes. Vamos por el segundo". Espert hacía lo propio. Es más, dice la denuncia, difundía datos del expediente, al que habría tenido acceso pese a estar bajo secreto de sumario y mientras a las personas detenidas se les negaba información.
Testimonios
La situación de Alexia Abaigar tuvo diversos condimentos. Además de ella fueron detenidos e incomunicados por 48 horas su mamá, Eva Pietravallo, y una expareja de la joven, con el argumento de que tenían cédula azul de su auto. En el caso de Alexia, su familia le planteó a la jueza que padece una grave enfermedad autoinmune, por la que había tenido una importante cirugía, informaron que necesitaba medicación y una alimentación particular, condiciones que no estaban dadas en el penal de Ezeiza donde Arroyo Salgado la había mandado.
Las declaraciones de Abaigar y Mieri no fueron públicas, pero según pudo reconstruir Página/12 Alexia describió diversas situaciones abusivas. Además de los detalles del trato que recibieron ella y su madre y los pormenores de la indagatoria, contó que fue obligada a desnudarse ante varones en cada lugar donde la trasladaban detenida (comisaría de San Isidro, Unidad 28 y Ezeiza).
Pero lo que más impactó a los consejeros fue que cuando la sacaron de la comisaría para llevarla al Palacio de tribunales, le dijeron que tenía que ponerse la capucha de un buzo. Al salir vio que la estaban filmando, pero no había periodistas. Cuando la subieron al patrullero le sonó el teléfono a una de las policías que estaba a cargo del traslado. Alexia escuchó la voz de una comisaria: "¿Dónde están?" Vuelvan que a la jueza no le gustaron las imágenes y quiere que las hagamos de nuevo, que se le vea la cara", reprodujo, palabras más palabras menos. También le sacaron fotos. Todo hacía suponer que querían las imágenes para uso mediático. Además la llevaron encadenada al piso. Si hay voluntad de investigar, se debería poder demostrar el recorrido del patrullero, porque son vehículos con un sistema de localización.
Alexia pasó una semana detenida. Para Mieri fueron trece, después de un operativo totalmente desmesurado donde fueron a llevársela de su casa como si buscaran a un peligroso criminal. También fueron allanadas casas de sus familiares. Alexia y Eva estuvieron presas en un penal federal sin que se hubiera resuelto que correspondía la prisión preventiva. Mieri también vivió la misma situación de tener que desnudarse más de una vez ante personal masculino. Había contado ya que como estaba menstruando pidió un baño y los agentes se rieron de ella y la hicieron pasar a una letrina sin puerta. También se burlaban porque estaba esposada hacia y no podía cargar el bolso con elementos que le había llevado su familia. "Dale agarralo", contó que le decían. Las excarcelaciones llegaron por orden de la Cámara Federal de San Martín.
Las nuevas medidas pedidas por los consejeros de Acusación incluyen la declaración de Ariel Cejas Miliare, procurador penitenciaron adjunto, y Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se habían presentado en la causa ante el tribunal de alzada y frente a tantas anomalías.
La denuncia
Siley y Recalde hicieron la primera denuncia contra Arroyo Salgado en medio de las detenciones. La jueza les imputaba a los militantes una variante de asociación ilícita que castiga la pertenencia a una organización que pretende "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", también amenazas coactivas e incitación al odio contra una persona por sus ideas políticas. Los legisladores denunciaron que "la calificación legal elegida por la magistrada -y los procedimientos desplegados- no guarda ninguna relación ni proporción con los hechos concretos, sino que se trata de maniobras de amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del gobierno nacional". "Completan el cuadro las manifestaciones públicas tanto del Diputado Espert como de la (ahora ex) ministra de Seguridad del Poder Ejecutivo Nacional, Patricia Bullrich", "advirtiéndose la intromisión de poderes". Llamaron la atención, además, sobre el acceso de Espert a información que se negaba a las personas detenidas.
Poner un pasacalle contra Espert y tirar caca en la puerta de su casa, decían los denunciantes, no puede ser más que una contravención. "Que estos hechos estén siendo investigados en el ámbito del Poder Judicial Federal, que haya personas detenidas e incomunicadas, sin auto de mérito y sin más datos que la cédula azul de un vehículo que se encontraba en las inmediaciones, y que se haya negado la excarcelación de una de ellas que padece una grave enfermedad inmunodeficiente que afecta su capacidad pulmonar y puede agravarse peligrosamente, constituyen un abuso de autoridad, un accionar arbitrario e ilegal por parte de la jueza que configuran una forma de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo Nacional", decía el texto.
"La Dra. Arroyo Salgado ha utilizado la instrucción de una investigación a su cargo, previamente habiendo forzado su competencia por sobre la justicia local, en la que ante todo debería discutirse su competencia, con el único propósito de implementar acciones de amedrentamiento y aleccionamiento político a quienes manifiesten oposición al actual gobierno nacional", sostuvieron. Advirtieron que, a su entender, Arroyo Salgado había "vulnerado la garantía de imparcialidad" y que había "un desvío de poder". Encuadraron los hechos en "mal desempeño". Recordaron que sus causales pueden ser: "El desconocimiento inexcusable del derecho; la negligencia grave en el ejercicio del cargo; y la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones".
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