Casación revisará el sobreseimiento de Alfredo Coto en la causa del arsenal
La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a un reclamo del Ministerio Público para que la máxima instancia penal revise si les cabe responsabilidad al empresario y su hijo.
Por Ariel Stemphelet
La Cámara Federal de Casación quedó habilitada en los últimos días para revisar un fallo que derivó en el sobreseimiento del empresario Alfredo Coto, uno de los principales supermercadistas del país. El examen tendrá lugar en el marco de una investigación que se abrió años atrás luego del hallazgo de granadas, armas y proyectiles en situación irregular en un predio donde funcionan la casa central y la administración del supermercado, sobre la calle Paysandú de la Ciudad de Buenos Aires.
El hecho que dio origen a la causa tuvo lugar en agosto de 2016, a partir del hallazgo del armamento en un depósito ubicado en la calle Paysandú al 1800. Primero contó con la intervención del fallecido fiscal Jorge Di Lello y de su par Franco Picardi, en el ámbito de la Unidad Fiscal Especializada en Armas de Fuego (Ufiarm). Después quedó en manos del juez Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, con Coto y su hijo Germán como principales imputados por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegítima de material explosivo, inflamable o tóxico sin la debida autorización y de acopio de armas de fuego.
La jerarquía de Coto
El último procesamiento que tuvieron fue revocado en agosto pasado por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que dispuso el sobreseimiento de ambos. Frente a eso, el fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso de Casación para intentar que la máxima instancia previa a la Corte revierta el fallo.
Ahora, la misma Sala, con votos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, convalidó el reclamo del Ministerio Público Fiscal, supo Tiempo. Mariano Llorens votó en disidencia al sostener que no había argumentos suficientes para habilitar la intervención de Casación.
El fiscal había cuestionado varios de los puntos del temperamento de los camaristas, entre ellos el argumento de que por la posición jerárquica de Coto y su hijo no había chances de que estén vinculados con el manejo de las cuestiones de seguridad de la firma. Eran presidente y vicepresidente, respectivamente.
Contraste llamativo
Resulta difícil pasar por alto que, a diferencia de lo que ocurrió con la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde los jueces del Tribunal Oral Federal 2 consideraron que, por su posición al frente del Poder Ejecutivo Nacional, tuvo una "intervención fundamental" en la maniobra y destacaron el poder que tenía para influir en "cada rincón estatal", en el caso de Coto el razonamiento fue el opuesto.
"La magnitud adquirida por la estructura que, a la actualidad cuenta con más de 20 mil empleados y un sinnúmero de sedes en todo el país, convierte en inimaginable la posibilidad de que sean presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos relativos a la seguridad del comercio", habían señalado los camaristas de la Sala I.
Qué explicó Coto
Más allá de ese punto, los jueces también habían esgrimido que la propia empresa Coto había iniciado ante la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac) el proceso para regularizar la tenencia del armamento por medio del permiso de usuario colectivo, que se les había vencido. En ningún momento se desconoció la presencia del armamento y las irregularidades alrededor de esa tenencia: desde el hallazgo de armas con identificaciones diferentes al usuario Coto, el pedido de secuestro sobre algunas de ellas, la numeración borrada en otras y hasta la existencia de parte de ese material a fuerzas armadas.
Al declarar en la causa, Coto padre sostuvo que la Gerencia de Operaciones tenía bajo su órbita el control de la recepción de mercadería, la logística, la seguridad tercerizada y la maestranza. Explicó también que el material estaba ahí por cuestiones de seguridad, debido a "los graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias de la empresa, en particular, en los últimos 20 años".
La Cámara reconoció esa circunstancia en pronunciamientos anteriores. En una resolución de 2018, por ejemplo, dejaron asentado que no podía soslayarse la existencia de "tensiones producidas por los reclamos de distintas organizaciones sociales en diversos momentos críticos atravesados en el país" que obligaron a montar operativos de seguridad "con el objeto de contrarrestar las consecuencias perjudiciales que los actos de tal naturaleza podrían acarrear".
"Esas circunstancias, la intervención de distintas fuerzas de seguridad y, con ella, la necesidad de permanecer en los distintos predios de la firma a fin de cumplimentar acabadamente la misión aludida, generó la necesidad de utilización de varios de sus depósitos para el adecuado resguardo del armamento utilizado", reconstruyeron el entonces camarista Leopoldo Bruglia y sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi al decretar la falta de mérito de padre e hijo, en 2018, en un marco de las varias idas y vueltas que ha tenido la investigación.
Frente a la decisión de la Cámara Federal de conceder el recurso presentado por Aguero Iturbe, la revocatoria de los procesamientos y el consecuente sobreseimiento de Coto padre e hijo, además de otros imputados, ahora será revisada por la Casación. Será la Sala IV, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Javier Carbajo, la encargada de esa tarea. «
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