Causa $Libra: el fiscal Taiano se opuso al pedido de la PIA de asumir la investigación
El pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había sido formulado después de que Eduardo Taiano decidiera solicitar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y del resto de los imputados en el expediente. Debe resolver el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Por Ariel Stemphelet
El fiscal federal Eduardo Taiano se pronunció en contra del pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de asumir la causa $Libra. Tras su opinión, el juez Marcelo Martínez de Giorgi quedó en condiciones de resolver.
Como era de esperar, el representante del Ministerio Público rechazó que el fiscal Sergio Rodríguez asuma la investigación, pudo saber Tiempo de fuentes judiciales. El pedido de la PIA había sido formulado después de que Taiano decidiera solicitar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y del resto de los imputados en el expediente.
El fiscal que llevó a cabo la investigación de los hechos detrás del tuit que publicó Milei el 14 de febrero de 2025, con el contrato para comprar $Libra, había determinado que a partir de las pruebas incorporadas a la causa no había elementos para sostener las imputaciones. Así, descartó las imputaciones por estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.
Frente a eso, el juez Martínez de Giorgi llevó a cabo el control jurisdiccional y de legalidad y razonabilidad del dictamen fiscal, y tras considerar que estaba debidamente fundado hizo lugar a los sobreseimientos. La medida benefició al presidente, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, a los empresarios cripto Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y a Peh Chyi Haur. También al ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales; al influencer Camilo Rodríguez Blanco y al jubilado Orlando Mellino; además de la madre y la hermana de Novelli, María Alicia Rafael y María Pía Novelli.
En ese panorama, la PIA, que es una fiscalía especializada en la investigación de hechos de corrupción e irregularidades administrativas en el ámbito de la Administración Nacional, presentó un planteo en el que rechazó la decisión del juez y del fiscal.
Para el organismo a cargo del fiscal Rodríguez, los sobreseimientos resultan prematuros puesto que aún quedan medidas de prueba pendientes de ser producidas. "Lo que demanda el caso es profundizar la búsqueda y recolección de elementos de conocimiento que permitan entender lo que sucedió", planteó la fiscalía especializada en un recurso presentado ante el juez Martínez de Giorgi.
Como el magistrado estaba de licencia en el momento que ingresó el planteo, su subrogante, Daniel Rafecas, le giró la presentación a Taiano para que dictamine. Ahora, el fiscal decidió oponerse, según supo este medio. Su postura no es vinculante, es decir, el juez no está obligado a pronunciarse en el mismo sentido que el fiscal. Sin embargo, los argumentos del fiscal pueden ser valorados positivamente por el magistrado para un eventual pronunciamiento en la misma línea.
La intervención de Taiano fue cuestionada con dureza por los ex querellantes de la causa $Libra, a punto tal de que el abogado Nicolás Ozsust, en representación del inversor Martín Romeo, llegó a pedir su apartamiento de la investigación en diciembre del año pasado, por inclinarse "reiteradamente a favor de los planteos de la defensa". Los reclamos incluían la negativa del fiscal a citar a testigos y la decisión de no llamar a indagatoria a los imputados pese a que, para las querellas, había elementos de sobra para hacerlo.
Así las cosas, el planteo ahora está listo para ser resuelto por el magistrado, que este miércoles retomó su agenda habitual de trabajo tras la licencia.
Como contó este medio el domingo, la decisión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de asumir la causa fue tras una serie de pedidos de dos organismos que ofician de amicus curiae en la causa $Libra. Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Desde el primero de ellos ya avisaron por medio de un comunicado institucional que, si el juez rechaza el pedido, la discusión llegará a la Cámara Federal porteña.
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