Clausurada la bóveda “gift shop”
Por ahora, no se podrá tomar café en una tumba. Ante los reclamos de la familia a la que nadie había avisado, el juez Roberto Gallado paró todo.
Por Santiago Brunetto
La Justicia clausuró preventivamente la bóveda del Cementerio de la Recoleta que el Gobierno porteño quiere destinar a un "gift shop" con venta de café y alimentos. Fue luego de una inspección realizada en el lugar por orden del juez Roberto Gallardo en la causa abierta por la familia Girado, dueña de la bóveda. En la recorrida judicial se constató que los ataúdes de la familia siguen en el lugar que el GCBA quiere concesionar. Durante la inspección, además, integrantes de la familia denunciaron la falta de algunos de los cajones y que otros fueron "tirados al piso" y "destruidos" desde la última vez que visitaron el lugar, hace una semana.
"Clausura judicial". Así dicen los carteles en las entradas de la bóveda de los Girado luego de que este jueves a las 14 horas se realizara la inspección ocular que el juez Gallardo, del Juzgado N°6 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, ordenó como primera medida urgente en la causa abierta tras las acciones de amparo presentadas por Lucía y Pablo Girado. En el acta de la inspección, a la que accedió Página/12, se lee que tanto ellos dos como María Girado, hermana de Lucía, participaron de la recorrida por el lado de la familia, así como abogados de la Procuración General porteña y funcionarios de la Dirección de Cementerios y de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Al comenzar la inspección, fue Pablo quien alertó sobre la situación: "Manifiesta que estuvo en el lugar el pasado 13 de agosto y que el estado de la bóveda actual difiere del constatado", indica el acta, que luego agrega detalles sobre lo denunciado por Girado: "Puntualmente, refiere que faltan cajones, que los cajones fueron tirados al piso", puntualiza y añade que los ataúdes del lado izquierdo, junto a la segunda entrada de la bóveda, están "destruidos", mientras "no se logra ver los restos" de otro cajón abierto.
El acta añade que, por esa razón, el juez Gallardo ordenó "proceder a la clausura de las entradas de la bóveda a los fines de que nadie ingrese al lugar hasta que por orden judicial se habilite el ingreso". Del lado del GCBA, los funcionarios aseguraron que el estado de los cajones era producto "del deterioro por el paso del tiempo" y que "al momento de moverlos para realizar la nómina pedida pueden sufrir deterioros".
Es que, en el marco de la causa, el juez ya había pedido a la Dirección de Cementerios que presentara una nómina completa del contenido de la bóveda. Ese documento, al que también accedió este diario, fue realizado por la Gerencia Operativa del Cementerio de la Recoleta y da cuenta, con nombre y apellido, de la existencia de restos de al menos 25 personas, más otros "ataúdes sin chapa" y "urnas sin chapa". En el listado, los restos más antiguos aparecen datados a 1890. En los videos y fotos de la inspección ocular, adjuntados a la causa, se ven decenas de cajones acumulados en un interior de bóveda particularmente deteriorado.
De ese punto, entre otros, se agarra el Gobierno porteño para justificar el retiro de la bóveda a sus actuales propietarios. En el marco de la causa en la que el juez deberá decidir entre versiones cruzadas, el GCBA adjuntó documentos que dan cuenta de un estudio hecho sobre la bóveda en el año 2024, en el que se habría determinado que el espacio estaba en riesgo estructural y que debía ser remodelado.
Según argumenta el Gobierno porteño en la causa, la cuestión habría sido notificada sin respuesta a la familia Girado con las intimaciones correspondientes, por lo que la Dirección de Cementerios encaró el proceso de restauración exterior de la bóveda. También sostienen que los Girado no abonaron las tasas ni los costos de la restauración del lugar, lo que, aseguran, habilitaría al Ejecutivo a hacerse cargo de su gestión por el presunto estado de "abandono". La deuda alcanzaría los casi 16 millones de pesos.
En mayo de este año, la Dirección emitió una resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que se declaró la "caducidad de la concesión del terreno", amparada en el Artículo N°75 de la conocida como Ley de Cementerios de la Ciudad, que indica que si los cotitulares de las bóvedas no dan cumplimiento a las notificaciones por falta de mantenimiento de los espacios "se dispondrá la caducidad de la concesión" una vez "notificados e intimados". La resolución en cuestión da el listado de varios cotitulares de la bóveda a los que se les habría notificado la decisión de dar por caducada la concesión, y el GCBA adjuntó en la causa las cartas documento con las que habría efectuado esas notificaciones.
Del otro lado, los amparistas aseguran que el Gobierno porteño no utilizó las vías correctas para notificar la cuestión y que algunas de las notificaciones fueron enviadas incluso a personas ya fallecidas. En el amparo presentado por Lucía Girado se indica que, en 2023, la familia había declarado un domicilio específico para notificaciones y que el GCBA lo habría omitido para informar sobre la caducidad: "A pesar de tener un domicilio cierto proporcionado por esta parte al pedir informe de dominio en el año 2023, no notificó al mismo valiéndose de la ficción de notificación de edictos para no notificar realmente al interesado", sostiene el amparo, que pide la nulidad de las resoluciones de caducidad de la concesión.
Acto seguido, Girado argumenta que el GCBA utiliza esa declaración de caducidad "para emprender un accionar comercial oneroso y lucrativo en un lugar que claramente se encuentra fuera del comercio como bien jurídico". "El cementerio es un lugar de paz y descanso para sus deudos, no un shopping comercial", agrega el escrito, que solicita una medida cautelar que suspenda la licitación abierta por el Gobierno porteño para concesionar el espacio. Es el amparo ampliado por Pablo Girado el que advierte, por su parte, que hubo notificaciones dirigidas a "causantes fallecidos, y cuyo fallecimiento en algunos casos incluso le constaba a la demandada en sus propios registros".
Los pliegos de la licitación establecen que la concesión será "con destino a la prestación integral de servicios complementarios al visitante, que comprenden la explotación de un Gift Shop, un local de venta de productos alimenticios y/o bebidas y un servicio de turismo nocturno". Se precisa que la concesión será por cinco años y que la empresa que consiga quedarse con el espacio deberá pagar un canon mensual de solo 1,6 millones de pesos, además de ceder un mínimo del 20 por ciento de los ingresos brutos del servicio de turismo nocturno que se ofrecerá en el lugar.
Además de la familia Girado, diversas organizaciones que defienden el patrimonio público porteño se manifestaron en contra de la medida, como la ONG Basta de Demoler. En sus redes, la organización advirtió que la licitación iría en contra de lo determinado por la Ley de Cementerios, que en su Artículo N°22 establece que "queda prohibida toda actividad comercial, en sus diferentes formas" dentro de los predios de los cementerios del GCBA. Este diario ya consultó a diversas fuentes del Gobierno porteño sobre la licitación, pero hasta ahora no obtuvo respuestas.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/08/21/clausurada-la-boveda-gift-shop/