Condenaron a dos de los responsables del encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra
Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Ameghino Escobar fueron condenados a 5 y 3 años de prisión por haber encubierto el asesinato del joven militante. El juicio permitió reconstruir las relaciones de un sector de Comodoro Py con el sistema de inteligencia y con los poderes políticos.
El Tribunal Oral Federal N°8, a cargo de Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñiguez, condenó este jueves a dos de los responsables de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra -cometido en octubre de 2010- mediante una trama de sobornos que buscó proteger al dirigente de la Unión Ferroviaria José Pedraza, uno de los responsables del asesinato. Los otros dos imputados del juicio fueron absueltos.
Octavio Aráoz de Lamadrid, exsecretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, fue condenado a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, accesorias legales y costas, por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias agravado, cohecho activo y pasivo".
Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces de Casación Penal, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, y costas por considerarlo "partícipe necesario del delito de tráfico de influencias agravado".
Respecto al tercer imputado, Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, los jueces consideraron que "la conducta por la que recibió acusación es constitutiva del delito de cohecho activo agravado, en calidad de partícipe secundario" y ordenaron en consecuencia "declarar la extinción de la acción penal por prescripción y absolverlo al nombrado sin costas".
Los magistrados del Tribunal Oral Federal N°8 también ordenaron "absolver a Susana Planas (directiva de Belgrano Cargas) por el hecho por el que fue acusada, sin costas".
El quinto imputado, el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, no llegó a recibir el veredicto porque falleció días antes de que comenzaran las audiencias.
El juicio, que tuvo como representante del Ministerio Público Fiscal a Marcelo Colombo y una querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representando a la mamá de Mariano Ferreyra, Beatriz Rial, permitió reconstruir las relaciones de un sector de Comodoro Py con el sistema de inteligencia y con los poderes políticos para influir sobre las decisiones de la justicia federal.
El asesinato de Mariano Ferreyra
El 20 de octubre de 2010, una patota de la Unión Ferroviaria –que conducía José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un militante del Partido Obrero (PO) de 23 años que ese día se encontraba acompañando una marcha de trabajadores tercerizados que decidieron ocupar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la estación Avellaneda.
La protesta había sido convocada para reclamar el pase a planta permanente de 1500 empleados y la reincorporación de algunos despedidos. Pero la patota de la Unión Ferroviaria, reclutada en talleres de ferrocarriles y en Constitución, atacó a los manifestantes, que fueron agredidos a balazos mientras se desconcentraban.
El militante del PO fue baleado por Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez. Estos últimos fueron condenados como autores materiales del homicidio a 18 años de prisión, mientras que el jefe de la patota, Pablo Marcelo Díaz, recibió la misma pena de 18 años de prisión.
Pedraza, el mandamás de la Unión Ferroviaria por entonces, siempre fue identificado como el cerebro del crimen (el ingreso a planta de los tercerizados amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio). En abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Capital Federal lo condenó a 15 años de prisión por el delito, aunque la Fiscalía había solicitado perpetua por considerar que tanto Pedraza como su mano derecha, Carlos Fernández, habían sido "instigadores del homicidio".
En cambio, Pedraza no llegó a ser juzgado -murió en 2018-a raíz de las escuchas que revelaron un supuesto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, para encubrir el crimen.
Encubrimiento del crimen
Si bien tras el crimen de Ferreyra la investigación inicial se centró en los autores materiales, la pesquisa rápidamente puso a Pedraza en el radar.
La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, pidió su indagatoria el 8 de noviembre de 2010. Para entonces, tal como relata la periodista Luciana Bertoia en esta nota de Página/12, Pedraza ya había comenzado a activar sus contactos: al día siguiente del asesinato de Ferreyra, Juan José Riquelme, un hombre de la SIDE, llamó al dirigente de la UF.
Riquelme solía poner a Carlos Guillermo Suárez Mason como referencia ante cualquier trámite (Suárez Mason era uno de los pesos pesados de la dictadura: el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, que concentraba la represión en buena parte de Buenos Aires y los alrededores).
Como Riquelme pateaba tribunales, la camarista Ángela Ledesma -de tanto verlo- preguntó quién era ese señor. "El secretario de monseñor (Antonio) Baseotto", le respondieron. Baseotto era el obispo castrense que quiso colgar una piedra del cuello de Ginés González García y arrojarlo a las aguas por pronunciarse a favor del aborto.
Hacía tiempo que algunos jueces conocían a Riquelme. Uno de ellos contó que era quien los convocaba, por ejemplo, a los cursos que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Riquelme era un espía a la vieja usanza: guardaba los contactos de los magistrados en una agenda de papel.
Riquelme se presentaba a sí mismo como un lobbysta, como quedó acreditado en una escucha en la causa. "A mí me llaman y me dicen: 'Juan José, tengo este problema así, así, así, ¿lo podés manejar?' Bueno, sí, yo tengo unos contactos de hace muchísimos años con la justicia en todos los niveles. Y, bueno, allá voy. Ahora lo que ellos hicieron o dejaron de hacer es problema de ellos. A mí me interesa lo que a fin de mes me entregan", se sinceraba.
Riquelme solía funcionar como un engranaje entre Pedraza y Octavio Aráoz de Lamadrid, un exjuez federal que había renunciado para dedicarse a la profesión. El principal activo de Aráoz de Lamadrid era el tiempo que había trabajado en la entonces Cámara Nacional de Casación Penal –hoy federal–. Había sido uno de los laderos del camarista Eduardo Riggi.
Riggi -o el "amigo Eduardo", como se lo mencionaba en los audios- era la llave para evitar que Pedraza terminara procesado o detenido. Para eso, la causa debía "caer" en la Sala III de la Cámara de Casación y se esperaba que Riggi convenciera a uno de sus colegas, Liliana Catucci o Gustavo Mitchell, de acompañarlo en la cruzada.
Riquelme llamó a Aráoz de Lamadrid cuando se enteró de que los hombres de Pedraza iban a llevar un reclamo a la Cámara de Casación. Era fundamental actuar para decidir la radicación de la causa. "En ese momento, cuando (la Cámara del Crimen) dice que sí o que no al recurso de casación yo puedo intervenir", le dijo el abogado.
¿Cómo iba a intervenir Aráoz de Lamadrid? Yendo a ver a otro viejo conocido de la vocalía de Riggi: Luis Ameghino Escobar. Ambos habían trabajado juntos y Ameghino Escobar había sido designado, por impulso de Riggi, en la oficina que se encargaba de los sorteos en la Casación.
Un mensaje que Riquelme le hizo llegar a un allegado de Pedraza dejaba en claro que había plata detrás de la movida. "Informan del otro lado que son verdes. Reitero: son verdes. Y que Ángel se comunique con él sin ningún inconveniente". Ángel es Stafforini, el contador de la UF. Stafforini tiene otra particularidad: es o fue socio del actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra.
Ameghino Escobar era "el señor de las teclas" en las comunicaciones que mantenían Riquelme y Aráoz de Lamadrid. El abogado le había avisado al espía que el funcionario judicial ya había hecho la tarea, según le habían pedido.
El final de esta parte de la historia se da el 1 de febrero de 2011. Ese día Stafforini fue al Banco Galicia, donde tenía una caja de seguridad, y extrajo 50.000 dólares. Llamó desde el estacionamiento a un custodio y esperó a la abogada Susana Planas hasta que llegaron. Los tres se encaminaron después hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid.
Al rato, Riquelme pasó por el despacho. Y luego llegó el allanamiento. El propio Aráoz de Lamadrid se comunicó con Stafforini para avisarle. "Yo estoy fuera. Me están allanando el estudio por el tema este. Corten todos los teléfonos", le aconsejó al contador.
Los abogados del CELS pidieron al Tribunal Oral Federal (TOF) 8 –integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez– que condenen a los acusados que llegaron al final del proceso: Aráoz de Lamadrid (ocho años), Stafforini (seis años), Ameghino (seis años) y Planas (cuatro años).
Durante el alegato resaltaron que el caso se demoró catorce años hasta llegar a la instancia de una sentencia y que catorce jueces se excusaron de intervenir. Tomás Griffa, uno de los representantes del CELS, insistió en que Riggi había sido "injustamente sobreseído" sin siquiera ser indagado. Riggi se jubiló en febrero de 2023. Al año siguiente apareció en los chats de los amigos de los represores que organizaban visitas con diputados de La Libertad Avanza (LLA).
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