Condenaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte en el juicio por el intento de magnicidio a Cristina
El juicio por el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022 contra la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a su fin. El Tribunal Oral Federal N° 6 dio a conocer el veredicto respecto de los imputados.
Fernando Sabag Montiel fue condenado a 14 años de prisión, su expareja Brenda Uliarte a 8 años y dos meses, mientras que Nicolás Gabriel Carrizo fue absuelto. La sentencia marca el cierre de una causa que conmovió a la sociedad argentina y puso en debate los límites de la violencia política, de género, y la responsabilidad de quienes promueven discursos de odio desde los medios de comunicación y el espacio público.
Durante la jornada de hoy, Sabag Montiel realizó una declaración completamente contradictoria a sus dichos anteriores e incoherente y sostuvo: "La Justicia declaró hace días o semanas que Gerardo Milman era completamente inocente, le quieren plantar un muerto. Ustedes saben bien cómo son las cosas, saben que hay un arma plantada". En otro tramo de su intervención, agregó en un tono casi amenazante: "Si ustedes piensan en desaparecer a una persona que tiene una condena a cadena perpetua, y todos van a pagar la misma condena, si me piensan desaparecer, lo tienen que pensar y no echarle la culpa a un perejil como Milman".
Quienes siguieron el caso sostienen que las inconsistencias de estas últimas palabras del condenado fueron en dirección de sostener que sufre de problemas de salud mental y así conseguir en un futuro ciertos beneficios y atenuantes.
Brenda Uliarte, mencionada en reiteradas ocasiones por su expareja durante la declaración, optó por guardar silencio y no hacer uso de la palabra.
Por su parte, Nicolás Carrizo manifestó su descontento con el proceso judicial: "Yo estuve tres años detenido, siento una gran impotencia por pasar acá estos tres años que nadie me los va a devolver", expresó, y añadió: "A mí me parece injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo a un juicio y después de ese tiempo le digan que se puede ir en libertad".
El proceso del juicio
El proceso judicial se inició en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y contó con la declaración de 157 testigos. En el caso de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como supuesto líder del grupo conocido como "Los Copitos", permaneció detenido durante tres años —desde 2022— y recuperó la libertad en agosto pasado, luego de que tanto la fiscalía como la querella decidieran no sostener una acusación en su contra durante los alegatos finales. Por ese motivo, fue absuelto.
En el alegato final sucedido hace menos de un mes, además de pedir la pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por tentativa de homicidio agravado, los abogados de Cristina denunciaron las "escandalosas irregularidades" cometidas por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la etapa de instrucción del intento de magnicidio.
Marcos Aldazábal, uno de los querellantes, además de solicitar la absolución de Gabriel Nicolás Carrizo por el "beneficio de la duda", afirmó que debe investigarse la actuación de la jueza Capuchetti porque su "mal desempeño afecta a nuestra democracia, ya que no podemos saber todo lo que realmente ocurrió" en torno al atentado.
Una cuestión de odio y de género
Si bien diversas organizaciones feministas y de derechos humanos sostuvieron desde el inicio que se trató de un intento de femimagnicidio, un hecho que combina la dimensión de género con la intención de eliminar a una figura política, en la condena no se contempló este argumento como agravante. Reconocer este componente implica visibilizar cómo el odio hacia las mujeres en posiciones de poder sigue siendo una forma estructural de disciplinamiento y exclusión en la vida pública.
El caso también abrió un debate más amplio sobre el impacto de los discursos de odio en la sociedad. La radicalización de ideas violentas en redes sociales y espacios políticos se traduce en jóvenes que, sin estructura ni comprensión del peso de sus actos, reproducen mensajes extremistas hasta convertirlos en acción. La construcción del enemigo interno, la deshumanización del adversario y la banalización de la violencia forman un caldo de cultivo que erosiona la convivencia democrática y muestra la urgencia de repensar cómo se forman, informan y contienen las juventudes en un contexto atravesado por el odio.
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