Condenaron al Ministerio de Economía a informar sobre el acuerdo secreto con el FMI

31.08.2025

El fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga a Economía a entregar, en 5 días, el expediente que aprobó el crédito de U$S 20.000 millones con el FMI, con todos sus anexos y documentos. 

El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía, a cargo del mesadinerista Luis "Toto" Caputo, entregar en un plazo de cinco días el expediente completo en el que tramitó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, por el cual el Poder Ejecutivo contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Lo hizo a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, por parte de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La sentencia es clara: el Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275). Pero además, buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado. El Ministerio primero le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo pero, al final, decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo restrictivo y burocrático, señalaron desde el CELS.

Ante eso, el juez fue contundente: el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto.

Recordemos que el acuerdo fue realizado sin que el gobierno brinde ninguna información respecto a las condiciones a las que se comprometió a cambio de recibir los fondos, que necesitaba como agua en el desierto debido a la crisis en la que entró su plan económico (de la cual aún no ha salido).

El DNU pudo avanzar, además, porque el 19 de marzo en el Congreso de la Nación 129 legisladores levantaron la mano para regalarle más facultades al gobierno de ultraderecha, blindando el decreto con el que se autohabilitó a entregar lo que se le cante al FMI a cambio de unos millones de dólares, mientras afuera se desplegaban una gran protesta popular y un mega operativo represivo que incluyó hasta propaganda pública fascista.

La decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI, enfatizaron desde el CELS.

La supremacía de la Ley 27.275

El fallo remarca que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior y, por lo tanto, prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos.

Consideró que la conducta del Ministerio va en contra del derecho a conocer información que va a repercutir en la vida de la sociedad. De hecho, el DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito. La propia Corte Suprema de Justicia estableció que "el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones".

El fallo incorpora argumentos centrales de la Corte Suprema que refuerzan su decisión. La información pública es de la sociedad. Según la CSJN, "se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud". Ese derecho "corresponde a toda persona".

Es decir, para acceder a la información generada por el Estado no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas: es un derecho humano fundamental y como tal, protegido.

El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo, reafirmaron desde el organismo de derechos humanos.