Demanda judicial: 10 mil docentes denuncian a Kicillof por fraguar registros para descontarles días de paro
En un contexto de pérdida del poder adquisitivo del salario, el gobierno de Kicillof viene castigando a la docencia que lucha por la escuela pública y ataca el derecho a huelga. Se presentó una demanda contra la DGCyE bonaerense por alterar los registros de asistencia para "injustificar" días de paro y aplicar descuentos salariales ilegales.
Se denuncia que desde 2023, se vulneran derechos constitucionales, tratados internacionales y también impacta en la jubilación docente con estas prácticas.
Por Paula Akerfeld (miembro de la Directiva de SUTEBA Tigre) y María Díaz Reck (docente y congresal de Suteba La Plata), para La Izquierda Diario
Una maniobra antisindical que llegó a la Justicia
Las seccionales de Suteba Multicolor opositoras a Baradel, presentaron con el patrocinio del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) una demanda judicial contra la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) del gobierno de Axel Kicillof. La denuncia expone una práctica sostenida desde 2023: cambiar en el sistema oficial los registros que las escuelas cargan como "paro" por "inasistencia injustificada".
El resultado: miles de descuentos salariales ilegítimos que atacan el derecho de huelga, reconocido por la Constitución Nacional, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un ataque directo a la libertad sindical… y a la jubilación
En términos legales, la maniobra constituye una práctica antisindical: una acción del Estado empleador que busca obstaculizar o castigar la participación en medidas de fuerza. Tal como sostienen las organizaciones que firmaron el amicus curiae, "sin protección efectiva contra represalias, el derecho de huelga se convierte en letra muerta".
El impacto no se limita al salario del mes. En el régimen docente bonaerense, las y los trabajadores pueden elegir los tres mejores años de su carrera para calcular la jubilación, siempre que sean continuos. Un día de paro no interrumpe esa continuidad, pero una falta injustificada sí.
De este modo, al cambiar la justificación de la ausencia, el gobierno puede obligar a descartar esos años de mejores ingresos y reemplazarlos por otros con salarios más bajos, reduciendo así el haber jubilatorio final.
Diez mil docentes lo denuncian
El expediente presentado ante el tribunal incluye relevamientos con más de 10.000 casos de docentes afectados a lo largo de toda la provincia incluyendo distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires, que frente a la falta de convocatoria a medidas de lucha por parte de la conducción provincial celeste de Baradel vienen participando de las instancias convocadas por la Multicolor como los plenarios provinciales de delegados y el llamado a hacer mandatos de escuela para consultar a las bases. Este volumen de testimonios desmiente cualquier versión oficial de "errores administrativos" y confirma que se trata de una política deliberada, ejecutada desde niveles centrales del sistema educativo.
Una práctica que sigue hasta hoy
En el último cobro, correspondiente a la semana pasada, se aplicaron descuentos por el paro del 20 de mayo, una jornada convocada por la FEB y los Suteba Multicolor, realizada pese a la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense. El hecho demuestra que la persistencia del gobierno por desconocer el derecho a huelga para perpetrar el ajuste en educación con salarios de pobreza y falta de presupuesto para las escuelas
Para qué lo hacen: disciplinar para sostener salarios de pobreza
En Buenos Aires, el salario docente está entre los cuatro más bajos del país. La última oferta paritaria del gobierno —apenas un 3,2 % en dos cuotas— fue tan insuficiente que hasta la conducción de SUTEBA, afín a Kicillof, se vio obligada a rechazarla. La lista Multicolor de Suteba La Plata y Ensenada movilizó al Ministerio de trabajo con decenas de escuelas presentes, para exigir un salario igual a la canasta familiar.
En este contexto, la política de descuentos y registros fraguados busca disciplinar: obligar a la docencia a aceptar salarios de pobreza y deterioro de las condiciones laborales bajo amenaza permanente.
Lo que está en juego
La demanda no es solo por salarios caídos: es por la defensa de un derecho colectivo fundamental. "La libertad sindical y el derecho a huelga no pueden depender de la voluntad política del gobierno de turno", sostienen las organizaciones que acompañan el reclamo.
Cuando Kicillof afirma ser un "escudo" frente a Milei, la realidad que vive la docencia bonaerense muestra lo contrario: precarización, ajuste y ataques a las herramientas de lucha. Mientras Milei aplicó la motosierra sobre los salarios docentes como una de las primeras medidas recortando el fondo de incentivo docente (Fonid), el gobierno de Kicillof traslada el ajuste a la docencia y estatales bonaerenses afectando la salud y educación pública mientras elige pagar la deuda contraída por Vidal o dar beneficios a las patronales y el extractivismo con el RIGI
Fuente: