El Gobierno tuvo que ceder y anunció fondos para el Banco de Datos Genéticos
La Jefatura de Gabinete le informó a la justicia que reforzará las partidas para el organismo que hace los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura.
Por Luciana Bertoia
El Gobierno le informó al juez federal Alejo Ramos Padilla que incrementará el presupuesto para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) siga funcionando. La presentación, en sí, es un reconocimiento de que el laboratorio que se ocupa de hacer los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura estaba desfinanciado, tal como advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión contrasta con la lógica de "plata no hay" que esgrime Javier Milei ante reclamos de las personas con discapacidad o las universidades públicas.
La crisis en el BNDG estalló el 8 de mayo pasado, cuando la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó que ya no podría seguir tomando muestras biológicas –indispensables para identificar a quienes pueden ser hijos o hijas de desaparecidos.
El 12 de mayo, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) –que dirige el fiscal Pablo Parenti– y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata –integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira– pidieron la intervención del Poder Judicial.
El 14 de mayo, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenándole al Gobierno garantizar el funcionamiento del BNDG. El titular del Juzgado Federal 1 de La Plata intimó directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario no sale del agobio de las investigaciones judiciales que muestran un incremento del patrimonio de toda su familia.
Cinco días después de la cautelar de Ramos Padilla, se produjo una reunión entre el BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología –que conduce Darío Genua– y la Jefatura de Gabinete. En ese encuentro, se acordó otorgarle crédito presupuestario adicional al BNDG por 590.000.000 pesos, según le informaron abogadas que dependen de Adorni a Ramos Padilla.
El Gobierno aprovechó, de todos modos, para denunciar que había un alarmante avance de Ramos Padilla sobre el Poder Ejecutivo al ordenarle asegurar el mantenimiento del BNDG, lo que constituye, a entender de La Libertad Avanza (LLA), una "flagrante y grave violación al principio de división de poderes".
La administración también apuntó contra Herrera Piñero, que dirige el BNDG tras concursar para el cargo, a quien le atribuyó un obrar desproporcionado. Además, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber formulado una presentación a partir de la "mera" denuncia de una funcionaria.
Sin la intervención de las fiscalías especializadas y la cautelar de Ramos Padilla, la crisis en el BNDG no estaría en vías de solución. En la resolución del juez se consigna que desde marzo de este año la directora del BNDG venía denunciando el ahogo presupuestario. Sin embargo, no fue hasta cinco días después de la cautelar interina que se concretó una reunión en la que se discutieron cuáles eran los fondos necesarios para que el organismo siguiera operativo.
Entre los ítems que el Gobierno reconoce que estaban en falta se encuentran insumos de laboratorio esenciales (reactivos, drogas, material plástico), servicio de mantenimiento integral del edificio, limpieza, vigilancia, pagos de servicios, pasajes y viáticos para que los expertos vayan a tomar muestras a otros puntos del país y el mantenimiento de heladeras, freezers y equipos de laboratorio.
Al momento de dictar la cautelar interina, Ramos Padilla consideró que el BNDG es un "organismo técnico esencial e irremplazable". El BNDG fue creado en 1987 por decisión de Raúl Alfonsín ante un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que tempranamente entendieron que la ciencia sería una aliada para encontrar a los nietos y a las nietas que la dictadura les había arrebatado.
Según informaron las Abuelas, el BNDG almacena unas 32.000 muestras, en su mayoría pertenecientes a familias que buscan a los bebés apropiados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían ser hijas de padres desaparecidos. Para Ramos Padilla, el BNDG es el único organismo que además le da al Poder Judicial la posibilidad de reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, recogieron la preocupación de distintos jueces y fiscales ante el futuro del BNDG, admitieron en diálogo con este diario. Hubo otro juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que también le requirió a Genua que asegurara la continuidad de los cotejos de ADN que había ordenado en una serie de investigaciones en las que indaga el rol de parteras asociadas al robo o tráfico de niños.
Este viernes por la tarde, el Ministerio de Justicia hizo una presentación ante Ramos Padilla para pedir ser excluido del proceso. De esa forma, evitó responder si el freno a la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura afecta el correcto funcionamiento del servicio de justicia.
"Inmiscuir a mi mandante en un conflicto netamente presupuestario vinculado a una dependencia autárquica totalmente ajena a su estructura orgánica desnaturaliza las reglas procedimentales del derecho procesal administrativo e impone a esta repartición una carga litigiosa improcedente", respondió la abogada del Ministerio de Justicia.
Pese a las chicanas y los artilugios que el Gobierno usó para pedir que se dejara sin efecto la medida cautelar interina, la presentación implica un reconocimiento de que el organismo estaba desfinanciado. Para la Casa Rosada tampoco resulta grato un nuevo encontronazo con Alejo Ramos Padilla, que ya le había marcado la cancha cuando Javier Milei comisionó —sin aval del Senado— a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando reciba todas las respuestas, Ramos Padilla todavía deberá expedirse sobre la situación del BNDG y sobre la responsabilidad estatal frente a las investigaciones destinadas a encontrar —como dicen las Abuelas de Plaza de Mayo— a los desaparecidos con vida: sus nietos y sus nietas.
Un Gobierno que obstaculiza la búsqueda
La búsqueda de los bebés robados durante la dictadura dista de ser una prioridad para el Gobierno, que suele tener a las Abuelas de Plaza de Mayo entre los destinatarios de sus ataques.
El BNDG estuvo bajo asedio en tres oportunidades: la Ley Bases, el decreto 351/2025 —que funcionaba como una intervención de hecho y fue rechazado por ambas cámaras del Congreso— y el reciente ahogo presupuestario.
Tanto el Ministerio de Defensa como el de Seguridad se negaron a enviar documentación requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo del Poder Ejecutivo encargado de buscar a quienes fueron víctimas de apropiación ilegal durante el terrorismo de Estado.
El propio Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI), creada durante el gobierno de Néstor Kirchner y que funcionaba dentro de la Conadi. La UEI estaba facultada para acceder a archivos estatales —algo que la administración mileísta ha procurado obstaculizar desde sus primeros días—.
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