“Es un acto de estricto apego a derecho”
A la jueza Laura Beatriz De Marinis la amenazan con un jury por haber tenido en cuenta el contexto social extremo del chico que intentó un robo fallido.
El Gobierno y la Justicia porteña apuntaron este martes contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, que decidió no aplicar y declarar inconstitucional la baja en la edad de punibilidad en el caso de un chico de 14 años que resultó sobreseído por un intento de robo. En una estrategia unificada, anunciaron que buscarán abrirle un jury en el Consejo de la Magistratura, por un lado, mientras que apelaron la resolución pidiendo el apartamiento de la jueza de la causa. Como contrapartida, organismos de derechos humanos y de defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes salieron a respaldar la resolución de De Marinis: advirtieron que no puede ser enjuiciada porque tomó su decisión "en uso de sus facultades jurisdiccionales" y calificaron a la estrategia como un "claro ataque de una mirada exclusivamente punitivista".
La primera represalia en contra del fallo de la jueza De Marinis se produjo este lunes por la noche, sólo minutos después de que se difundiera su resolución. En su cuenta de X, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que "vamos a pedir juicio político a la jueza Laura De Marinis", porque "CABA no va a tener una Justicia garantista". "Un menor de 14 años que roba es un delincuente, y en la Ciudad el delito tiene consecuencias", prosiguió el ministro, que más tarde aclaró que presentará el pedido de jury de enjuiciamientoen el Consejo de la Magistratura.
Este martes por la mañana, a la estrategia política se le sumó la pata judicial. El Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño anunció que los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, ya apelaron el dictamen y solicitaron que De Marinis sea apartada de la causa. En el recurso de apelación, sostuvieron que la resolución "se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente y, en consecuencia, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia".
La estrategia se montó, además, sobre una confusión de base en torno al fallo de la magistrada: la resolución no declara la nulidad del nuevo Régimen Penal Juvenil en general --como sí había pasado meses atrás en la Provincia de Buenos Aires-- sino que declara inconstitucional el artículo concreto de la baja en la edad de punibilidad en el caso particular en el que intervino De Marinis, del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3.
Se trata de una causa que investigaba a un adolescente de 14 años que, junto con otros cuatro chicos, "habría intentado sustraer las pertenencias de un hombre de 47 años, a quien habrían perseguido por la vía pública, circunstancia en la que intervino personal policial", según un comunicado emitido por el propio juzgado. El fallo, además, respondió a un planteo hecho por la propia defensa pública y la Asesoría Tutelar de la Ciudad, que habían pedido el sobreseimiento del chico.
La jueza decidió hacer lugar a este pedido tomando en cuenta varios puntos: el hecho de que el robo no se haya consumado y la "situación de vulnerabilidad socioeconómica" del chico, entre otras circunstancias, como la consideración de que la aplicación de la nueva edad de punibilidad resultaría "regresiva" respecto del sistema de protección integral de derechos.
El fallo, al que accedió Página/12, describe la cruda realidad socioeconómica del chico sobreseído tras el intento de robo: una familia de padre ausente, una madre desempleada que sufre epilepsia, un hermano de 19 años que perdió su trabajo, una casa sin gas por falta de pago y un sustento cotidiano basado en ayudas económicas y bolsones de comida. En la causa constan las declaraciones del adolescente que dijo sobre su situación: "pretendo ayudar a mi mamá como sea, ir al colegio y empezar boxeo". La jueza sostuvo que "no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables".
Aunque sobreseyó al chico acusado, De Marinis sí dispuso medidas concretas en el caso con la comunicación al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se garantice una intervención estatal activa desde el sistema de protección integral, en línea con los estándares fijados por el Comité de los Derechos del Niño. El juzgado aclara que "la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente" , y que "la resolución no importa una declaración general de inconstitucionalidad de la ley, sino el análisis de su aplicación en las circunstancias concretas sometidas a decisión judicial".
Tras el fallo y las respuestas del Gobierno y la Justicia porteña, diversos organismos salieron a respaldar la decisión de la jueza y su posición en la causa. La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, que nuclea a diversos organismos a escala nacional, sostuvo en un comunicado que "avasallar la independencia del Poder Judicial mediante la amenaza o el inicio de juicios políticos a magistrados por el contenido de sus decisiones o sentencias atenta directamente contra la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano y democrático".
La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires (APIABA) también emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que De Marinis actuó "en uso de las facultades jurisdiccionales otorgadas a su función" y que "fundamentó su dictamen sobradamente en el caso específico sobre el que determinó la inaplicabilidad de la referida ley".
"Pretender enjuiciarla y/o desnostar su labor, es un claro ataque de una mirada exclusivamente punitivista del gobierno nacional y el Ejecutivo porteño. Fallos como este, abordando el caso a caso, deberían reproducirse en todas las provincias de nuestro país hasta que finalmente se logre declararla inconstitucional", continúa el comunicado, que agrega que "todo avance contra su independencia es una intromisión absolutamente injustificada".
María Elena Naddeo, referente de APIABA y expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, agregó en diálogo con Página/12 que las "amenazas" del GCBA "violentan el sistema republicano de gobierno": "La jueza cumple con su deber basada en el paradigma de derechos humanos de no regresividad, al considerar inconstitucional la punibilidad a los 14 años. Es lo que reclamamos las organizaciones de infancia y adolescencia. Es preciso debatir una política de prevención y contención de las adolescencias en vez de detener y castigar", sostuvo.
La abogada Claudia Cesaroni aseguró que es "muy grave que se la ataque desde el Estado de esta manera brutal". "La jueza analizó el caso concreto: la de vida del adolescente y su historia familiar, y lo que está planteando es lo que establecen los organismos internacionales y que hemos repetido en los debates sobre la ley. No es que se plantea 'no hacer nada' con un adolescente menor de 16 años, sino que tiene que intervenir el sistema de protección de derechos y no el penal. En la inmensa mayoría de estos casos hay adolescentes en una situación de desamparo total y el sistema penal no hace más que cristalizar esa situación", dijo a este diario.
La abogada volvió a aclarar que la resolución de De Marinis "no suspende la aplicación de la ley ni declara la inconstitucionalidad de toda la ley sino del articulo de la baja de edad de punibilidad". "Así es como funciona nuestro sistema jurídico: la declaración de inconstitucionalidad se declara para un caso concreto. Lo que sí puede suceder es que haya muchos casos de adolescentes en los que la defensa pida la inconstitucionalidad. Algunos jueces les harán caso y otros no", añadió.
Al comunicado de la Mesa y de APIABA se sumaron otros como el de "Colectiva Feminista Federal", que respaldó el "valiente fallo" de la jueza De Marinis, al que calificó como una "importante definición sobre la responsabilidad del Estado y lxs adultxs en los derechos y oportunidades de la infancia". La filial porteña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se manifestó indicando que la Justicia Penal Juvenil porteña "debe sostener esta posición, ya que es la de la vigencia y pleno goce de derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad".
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) añadió que la resolución de la jueza "es un acto de estricto apego a derecho, no un capricho judicial ni una decisión política" y pidió "debatir esta problemática con la seriedad institucional que exige, sin apelar a la descalificación personal de quienes, como la Doctora De Marinis, cumplen con su deber constitucional de garantizar el amplio cuerpo normativo de la infancia".
Cesaroni calificó como "muy graves" a las declaraciones de Tapia contra la "Justicia garantista": "Que un funcionario utilice ese término como si fuera un insulto, cuando quiere decir que se deben proteger las garantías constitucionales de todas las personas, incluso de los funcionarios, es muy grave".
La resolución de la jueza porteña es la segunda de relevancia contra la aplicación de la baja en la edad de punibilidad. A principios de septiembre, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, había decidido suspender de manera cautelar todo el nuevo Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. El fallo ponía un freno a la ley por dos meses, pero no llegó a alcanzar ese lapso ya que, la semana pasada, la Cámara de Apelación de Lomas decidió revocar la resolución y volver a habilitar la aplicación del Régimen tras un ataque político contra la jueza encabezado por referentes de La Libertad Avanza.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/09/22/es-un-acto-de-estricto-apego-a-derecho/