Espionaje a periodistas: la Cámara Federal escuchará el pedido del CELS para reabrir la causa contra Arribas y Majdalani
Los jueces Llorens, Yadarola y Bertuzzi encabezan una audiencia en la que los representantes del organismo también pedirán el apartamiento de Martínez de Giorgi.
La Cámara Federal porteña escuchará este martes los argumentos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para pedir que se revoque el fallo que sobreseyó a la cúpula de la AFI macrista integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por espionaje a periodistas. "La decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social", sostuvo la organización querellante.
Este martes al mediodía la representación legal de la organización se sentará en una audiencia frente a los camaristas de la Sala I Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. El objetivo es que los magistrados revoquen la resolución que firmó a principios de mes el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la investigación de los informes de inteligencia hallados en el edificio de la actual Secretaría de Inteligencia.
Esos documentos habían sido encontrados por la ex interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño. Tenían nombres de decenas de periodistas y dirigentes sociales con información sobre los medios en los que trabajaban, sus posturas políticas y militancias. Al dictar los sobreseimientos, el magistrado sostuvo, entre otros aspectos, que la información se había obtenido a partir de fuentes abiertas como redes sociales. Y justificó su recopilación en el marco de las supuestas necesidades de seguridad detrás de la organización de las cumbres del G20 y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tuvieron lugar entre 2017 y 2018.
Además de Arribas y Majdalani, el sobreseimiento alcanzó a otros ex directivos del organismo de inteligencia llamados Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi.
Sobreseimientos "insostenibles"
El CELS, junto con periodistas y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), apelaron la decisión del juez y presentaron un escrito al que accedió Tiempo en el que calificaron de "insostenibles" los sobreseimientos. Desde esa óptica, la ley de Inteligencia "no dice que resulta prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por razón de su opinión política, salvo que la medida resulte razonable y proporcionada al contexto". Por el contrario marcaron que "dice, llanamente, que resulta prohibido realizar esas acciones".
"Una ficha que compila la postura de una persona sobre temas como el aborto, el feminismo o la causa del pueblo mapuche, constituye producción de inteligencia sobre la opinión política e ideológica de la persona, independientemente de si esa información se obtuvo de un perfil público", cuestionó la querella del CELS.
Piden apartar al juez
Además de que se revoque la decisión, buscan que Llorens, Bertuzzi y Yadarola dispongan el apartamiento de Martínez de Giorgi debido a que dispuso los sobreseimientos "sin siquiera haber convocado a los imputados a prestar declaración indagatoria, es decir, sin haber agotado una de las instancias más elementales de contradicción que el propio proceso prevé antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo".
Es por eso que para el CELS pedirle al mismo juez que retome la causa después de haber fijado su posicionamiento "importaría colocarlo en una posición institucionalmente insostenible" debido a que debería efectuar medidas de prueba, evaluar hipótesis alternativas y eventualmente disponer los llamados a inadagatoria, un temperamento distinto al que mantuvo hasta el momento.
El fiscal también había apelado
Como publicó este medio días atrás, el fiscal Franco Picardi también apeló la decisión del juez al sostener, entre otras cosas, que la causa debería haber avanzado hacia los llamados a indagatoria.
Para el representante de la acusación pública no hay lugar a dudas sobre el criterio que usó la AFI para seleccionar y caracterizar a quienes aparecieron en las fichas. "Se corresponde punto por punto con las categorías vedadas por ley", sentenció, a diferencia del juez que había sostenido en su resolución que quienes aparecieron en las fichas tenían intenciones de participar del G20.
En las fichas encontradas por Caamaño aparecían debajo de los nombres calificativos como "opositor", "es kirchnerista" o "sigue páginas afines al kirchnerismo".
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