Financiamiento Universitario: a menos de 24 horas de la sanción, la Justicia suspendió las multas al Gobierno
La Sala III ordenó que se tramite con efecto suspensivo la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano por la intimación a actualizar montos bajo apercibimiento de astreintes. Habilitó la revisión de los argumentos oficiales sobre las paritarias y la actualización salarial.
En una resolución insólita, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias que el juez federal Martín Cormick había impuesto 24 horas antes al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoció este jueves, en medio de la quinta Marcha Federal frente al Congreso.
El tribunal admitió la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que tramite el recurso del Estado con efecto suspensivo. La apelación cuestiona la decisión de Cormick, quien había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y fijado una sanción de $100.000 por cada día de incumplimiento.
El juez Cormick consideró acreditado el incumplimiento de una orden judicial que exigía actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles. El magistrado ya había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con esas obligaciones. El 22 de septiembre le otorgó un plazo de cinco días y advirtió que, de persistir el incumplimiento, aplicaría sanciones bajo apercibimiento de multas.
Tras conocerse la resolución de primera instancia, el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello presentó un recurso ante la Cámara y sostuvo que la medida cautelar ya había sido cumplida en su totalidad. El Gobierno argumentó que la resolución judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a realizar pagos sin que se hubieran determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación. El tribunal aceptó la presentación y ordenó al juzgado de origen adoptar las medidas necesarias para conceder la apelación con efecto suspensivo.
El fallo sostuvo que providencia apelada "adolecía de diversas vaguedades, entre las que resaltaba la imposibilidad de determinar la medida de la cuantía del cumplimiento parcial, lo cual motivó el planteo para conocer cuál era concretamente el incumplimiento endilgado".
Además, planteó que, para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, se otorgaron incrementos salariales que alcanzaron un 226,80%, superando el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) exigido por la norma (226,40%). En ese sentido, señaló que los meses subsiguientes debían negociarse en paritarias y que se propusieron incrementos adicionales (proyectados por encima del 6% para el trimestre) para sostener el cumplimiento sobre la base de la inflación.
En tanto, cuestionó la interpretación del juez sobre las becas universitarias (art. 6 de la ley), aclarando que las becas Progresar corresponden a otro programa de la Secretaría de Educación y que la ley alude específicamente a las becas Manuel Belgrano.
Las universidades piden 2,5 billones de pesos extra para que se cumpla la ley
Las universidades estiman que el gobierno de Milei debe girar unos 2,5 billones de pesos extra para cumplir con la Ley de Financiamiento, sancionada en agosto de 2025. El texto establece que el Gobierno debe actualizar los fondos destinados a las universidades en concepto de gastos de funcionamiento, salarios, hospitales universitarios, becas e investigación, para terminar con el atraso acumulado bajo la actual gestión (con períodos diferenciados según cada concepto).
El Congreso insistió con su sanción luego del veto presidencial, pero el Gobierno la judicializó y evita su aplicación plena, incluso cuando ya tiene un fallo desfavorable de la Corte Suprema, de junio pasado.
En el proyecto del Presupuesto 2027, que ya comenzó a debatirse en las comisiones del Congreso, se establecen fondos para las universidades nacionales por un total de 7,2 billones de pesos. Sin embargo, esto resulta largamente insuficiente. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, precisó a El Destape que "para cumplir con la ley deberían llevar la proyección del presupuesto 2027 de 7,2 billones de pesos que presentaron a 9,7 billones". Es decir, 2,5 billones de pesos más, una diferencia del 34%.
Un punto especialmente sensible es el monto de actualización de los salarios de los trabajadores universitarios, tanto de docentes como de no docentes. No solo por afectar directamente al bolsillo, sino, además, por representar un 87% del presupuesto total de las universidades.
Las agrupaciones gremiales de docentes universitarios estiman, en este sentido, que la recomposición salarial debería ser de entre un 33% y un 40% para recomponer los montos que percibían en noviembre de 2023. Francisca Staiti, secretaria General de la CONADU Histórica, precisó a El Destape que el Gobierno debería aumentar los salarios de docentes y nodocentes en un 33% para llegar a empardar el poder adquisitivo perdido desde la asunción de Milei.
Para la CONADU, la cifra es incluso mayor. Su secretario de Finanzas, Pedro Sanllorenti, señaló a este medio que para regresar al poder de bolsillo de diciembre de 2023 los salarios de los trabajadores universitarios deberían aumentar un 36%. Carlos De Feo, extitular de la CONADU hasta 2025, aseguró que la pérdida llega incluso al 40% acumulada durante el actual Gobierno.
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