Investigan un presunto fraude de $ 30.000 millones en subsidios a colectivos: cobraban el boleto más caro sin control del Gobierno
Exchoferes contaron que recibían órdenes de marcar trayectos más largos que los que pedían los pasajeros y que los amenazaban con sanciones si no lo hacían.
Por RODRIGO NÚÑEZ
En la Justicia federal se define el futuro de una causa originada por un presunto fraude estimado en 30.000 millones de pesos en la distribución de subsidios estatales a empresas de colectivos. Según la denuncia, líneas aglutinadas en el grupo Nuevo Metropol cobraban a los pasajeros trayectos más largos que los que hacían en realidad. Así cobraban más a los usuarios y, a través de ese método, se quedaban con una parte mayor del fondo de compensaciones que reparte el Estado.
La causa también señala a la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Pierrini durante el periodo en que se detectaron las irregularidades, que depende del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Según los denunciantes, el organismo no hizo los controles necesarios, aunque recibió advertencias técnicas, reclamos del sector e informes de cámaras empresarias.
¿Por qué el cobro indebido afecta el reparto de los subsidios?
La denuncia tiene como querellantes a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, y su análisis abarca las tarifas cobradas entre octubre de 2024 y octubre del año pasado.
Justamente, a fines de 2024, el Gobierno cambió el sistema de compensaciones a las empresas: con la resolución 45, el cálculo dejó de basarse en la oferta de servicios y pasó a basarse en la demanda, es decir, sobre las secciones que pagan los pasajeros de cada línea. Si los pasajeros marcan viajes con tramos altos, la comprensión tarifaria que recibe la empresa que los transporta es mayor.
Con ese esquema, cobrar una tarifa más alta que la que corresponde perjudica dos veces. Por un lado, el pasajero paga de más. Por otro lado, se altera el reparto del monto fijo de subsidios que pone el Estado. Según la denuncia, eso genera un "beneficio indebido en desmedro del resto de las empresas". La masa de compensación a repartir se mantiene constante, pero se distribuye injustamente y los denunciantes calculan el impacto económico en 30.000 millones de pesos.
Cómo funcionaba la maniobra: pedías la tarifa mínima y te cobraban la más cara
Un ejemplo sirve para entender la mecánica que se investiga: un pasajero sube al colectivo, pide la tarifa mínima y se baja donde le dijo al chofer. Sin embargo, le cobraban el boleto más caro, el que corresponde a viajes de hasta 27 kilómetros.
Según la denuncia, en las líneas de Sargento Cabral, del grupo Nueva Metropol, hasta se cambió la botonera que marca las secciones del viaje. Con esa modificación, las secciones 1 y 2 quedaban anuladas y se cobraba la sección 5, la más cara.
Los números de la causa muestran que los viajes registrados con esa sección crecieron de forma injustificada y desmedida: pasaron de unos 300.000 a cerca de 1 millón. La investigación se concentra en las líneas 136, 182 y 163.
¿Qué declararon los choferes?
Exchoferes de las líneas investigadas declararon como testigos, bajo juramento de decir verdad. En ese marco, contaron que recibían órdenes de marcar trayectos más largos que los que pedían los pasajeros y que los amenazaban con sanciones si no lo hacían.
Según esos testimonios, en días de paro o feriados, se les instruía que siempre había que cobrar la sección más cara. Cuando los pasajeros se daban cuenta del sobrecosto y reclamaban por el valor, les indicaban que debían quejarse con la empresa.
Más de 130 reclamos en la CNRT
La causa incluye informes de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Allí aparecen reclamos de usuarios por "cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias" durante 2025. En total se registraron 136 reclamos contra las líneas de la misma empresa.
La falta de control del Gobierno
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el papel del Estado. Según se desprende del reclamo, las autoridades competentes no habrían hecho los controles adecuados, aunque hubo advertencias técnicas, reclamos del sector e informes presentados por cámaras empresarias.
Esas cámaras incluso habían presentado una nota ante la Secretaría de Transporte. En ella avisaban que había crecido abruptamente la llamada "distancia media abonada" en varias líneas de la empresa denunciada. Cuando la queja se traspasó al cauce judicial, la respuesta de Metropol fue una contradenuncia a los directivos de las cámaras basada en que la denuncia estaba enmarcada en una interna empresarial de competencia.
De momento, el juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido para apartar como querellantes a las cámaras que denunciaron los hechos. Si se comprueba complicidad estatal, el escándalo podría desembocar en fuerte dolor de cabeza para el Gobierno.
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