Jubilaciones: un fallo anuló la movilidad de Alberto y ordenó pagar con la fórmula de Macri
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula aplicada entre 2021 y 2024. El fallo no implica un aumento generalizado.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de movilidad previsional regulado por la Ley 27.609, sancionada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. En el marco de la demanda iniciada en la causa "Galletta Carmen c/ ANSES s/ Reajustes Varios", el tribunal concluyó que el esquema de actualización aplicado entre marzo de 2021 y marzo de 2024 provocó una pérdida en el poder adquisitivo del 46,83% sobre el haber de la demandante.
Para subsanar dicho menoscabo patrimonial, la Justicia ordenó recalcular las prestaciones utilizando como parámetro sustitutivo la fórmula implementada por la Ley 27.426 durante la presidencia de Mauricio Macri, para luego empalmar con las actualizaciones mensuales ajustadas por inflación.
La resolución, respaldada por los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, dispuso que el cálculo sustitutivo —estructurado en un 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30% por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)— debe aplicarse de forma continua para el período que abarca desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de esa fecha, el haber reajustado deberá enlazarse directamente con el régimen de actualización mensual por costo de vida contemplado en el Decreto 274/2024.
De acuerdo con las cuantificaciones económicas detalladas en el expediente judicial, la pauta de la Ley 27.609 otorgó un incremento acumulado del 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En contraposición, la evolución de los precios medida por la variable inflacionaria representaba un ajuste del 1.129,07% para el mismo lapso. Los magistrados remarcaron que en 10 de los 13 trimestres en los que estuvo vigente la norma de la gestión de Fernández, los haberes sufrieron un deterioro irrecuperable frente a la inflación.
Defectos estructurales y el impacto procesal del fallo
Al justificar la invalidez sobreviniente del artículo 1 de la Ley 27.609, el juez Fantini Albarenque señaló que "la validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción". En la misma línea, el texto del pronunciamiento remarcó que "la aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios".
Por otro lado, la Cámara determinó que los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias otorgados por el Poder Ejecutivo no pueden computarse en la comparación de haberes, dado que constituyen subsidios asistenciales acotados al sector de menores ingresos que no integran el haber ordinario ni permanente.
En cuanto a los alcances prácticos de la medida, el dictamen judicial no implica un ajuste automático o generalizado para la totalidad de los beneficiarios del sistema, pero abre el camino para la interposición de demandas individuales en los tribunales.
En el aspecto económico y procesal, el fallo dispuso que las diferencias resultantes de la liquidación devengarán intereses calculados según la tasa pasiva promedio mensual que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Asimismo, el tribunal confirmó la imposición de las costas del juicio a la ANSES en su condición de parte vencida y declaró la inconstitucionalidad del tope establecido en el artículo 9 inciso 3 de la Ley 24.463 en el supuesto de que, al liquidar la sentencia, se compruebe una quita confiscatoria igual o mayor al 15%.
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