La agenda judicial a 50 años del golpe de Estado
La mira en el rol de la SIDE, la responsabilidad empresarial, el robo de bienes de los desaparecidos y los padecimientos de las infancias.
Por Luciana Bertoia
No es una fecha más: 2026 será el año en que la sociedad argentina recuerde los 50 años del último golpe de Estado. El aniversario posiblemente se sienta distinto en los tribunales, que vuelven a ponerse en marcha este lunes tras el receso de enero. En la agenda de los jueces hay varios temas sensibles: el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la última dictadura, los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), los responsables empresariales del terrorismo de Estado y lo padecido por los niños y las niñas que fueron víctimas de la maquinaria represiva. Está pendiente que la Cámara de Casación diga si convalida una jugada, apoyada por el Gobierno, para dar vuelta la taba del proceso de juzgamiento y, de esa forma, sentar en el banquillo a los sobrevivientes de los años setenta.
El miércoles 11 de febrero comenzará el juicio por la masacre de la calle Corro. El operativo, llevado a cabo el 29 de septiembre de 1976, terminó con el asesinato de cinco integrantes del Secretariado Político de Montoneros —Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria "Vicki" Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel— y con el secuestro de cuatro integrantes de la familia que vivía en la casa atacada. Hay seis acusados que integraban el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101. Entre ellos está Guillermo Viola, dirigente de la Unión de Promociones (UP), una de las organizaciones de "memoria completa" creadas para resistir la reapertura de los juicios.
Dos días después, el viernes 13 de febrero, se iniciará el juicio por crímenes cometidos en dos de los centros clandestinos que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante la dictadura: Automotores Orletti y la base Pomar. Será la primera vez que se examine judicialmente lo sucedido en el depósito de la calle Pomar, identificado recién en 2022 por el juzgado de Daniel Rafecas. Cuatro imputados se sentarán por primera vez en el banquillo por delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado. Entre ellos se destaca Patricio Finnen, exjerarca de la SIDE, condenado años después por haber pagado con fondos reservados a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado contra la AMIA.
El lunes 23 de febrero está previsto que comience en La Plata un nuevo juicio contra integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Volverán al banquillo Carlos "Indio" Castillo —beneficiado por la Corte Suprema en el fallo sobre las prisiones preventivas— y Juan José "Pipi" Pomares. Sería la primera vez que se juzgue el accionar de Agustín Antonio "Tony" de Jesús.
"Las expectativas para el año no son buenas, por lo menos en La Plata", dice la abogada querellante Guadalupe Godoy. "Seguimos con jueces subrogantes que nos dan, cual favor, dos horitas cada quince días por juicio. Ni siquiera sabemos si el juicio de la CNU va a ser presencial ni qué periodicidad va a tener. Seguimos esperando que causas que están en instrucción —en especial, los hechos sucedidos en La Cacha en 1978— se eleven a juicio. Es cada vez más difícil para el movimiento de derechos humanos, en este contexto tan complejo, sostener un proceso abierto hace 20 años. Además, éste es un año de efemérides muy potentes: a los 50 años del golpe le sumamos, en esta ciudad, los 20 años del primer juicio, los 20 años de la desaparición de Jorge Julio López y los 50 años de la Noche de los Lápices".
Responsabilidad empresarial
La Plata será sede, a partir del 23 de abril, del proceso contra Emilio Parodi, exgerente de Molinos Río de La Plata, por los secuestros de tres trabajadores de la planta de Avellaneda.
En materia de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, se espera que se fije fecha en el juicio contra los responsables del ingenio La Fronterita (Tucumán), el exadministrador del ingenio Ledesma Alberto Lemos (Jujuy) y Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de la empresa Mercedes-Benz.
Para el fiscal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de Tucumán, es inaceptable que se siga demorando el proceso sobre La Fronterita. "El inicio del juicio es urgente e impostergable. Las normas y acordadas de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal disponen la prioridad de estos casos, y el tribunal viene evitando fijar una fecha desde hace por lo menos siete meses. Desde que la causa se radicó en el tribunal fallecieron al menos una decena de víctimas y testigos, y hay 33 que tienen más de 70 años. También los imputados son octogenarios. El tribunal no tiene una agenda de trabajo que justifique las demoras", señala.
El viernes próximo, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dará a conocer los fundamentos de la absolución de los 17 acusados por la represión contra los obreros de Acindar, iniciada en marzo de 1975. El de la siderúrgica es un caso paradigmático que muestra la articulación del empresariado con las Fuerzas Armadas: José Alfredo Martínez de Hoz pasó de conducir el directorio de Acindar a ocupar el Ministerio de Economía de Jorge Rafael Videla.
Se espera que este año, finalmente, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py —que está juzgando al prefecto Gonzalo "Chispa" Sánchez— ponga fecha para juzgar a los represores de la ESMA por el robo de bienes de los desaparecidos.
Infancias
En diciembre pasado comenzaron en Mendoza las indagatorias a 17 policías y militares por lo sucedido con 56 niños y niñas, que incluyen distintos crímenes: secuestros, sustracción de identidad, violencia en los campos de concentración o en los operativos llevados adelante contra sus familiares, o el abandono a su suerte.
Hace tiempo que un grupo de hijos e hijas que padecieron situaciones semejantes en los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO) viene reclamando que la justicia repare en sus sufrimientos. Todo indica que este año esa pesquisa tendrá impulso.
Ante el TOF 5 de San Martín, la fiscalía que encabezan Félix Crous y Nuria Piñol amplió la acusación por la violencia contra los niños y las niñas contra los militares que están siendo juzgados por la represión en la Subzona 16 (zona oeste del conurbano bonaerense).
"Esperemos que sea un año en el que los jueces de instrucción comprendan que deben apurar las investigaciones pendientes —con centenares de genocidas impunes—. Es importante que, a 50 años del golpe, se conozca que hay miles de casos de víctimas en instrucción que aún no tienen respuesta por parte de los jueces y más de 50 juicios orales en espera, aguardando que los tribunales orales fijen fecha. La responsabilidad primera es, como siempre, de la Corte, que, entre otras cosas, sigue sin convocar a la Comisión Interpoderes creada en los tiempos de Ricardo Lorenzetti 'para acelerar los juicios de lesa'", remarca el abogado querellante Pablo Llonto.
La venganza de los represores
Hay, además, un tema clave pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques deberán decidir si, como sostuvo la Cámara Federal, la bomba colocada en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) constituye una grave violación a los derechos humanos que debe ser investigada. La causa fue impulsada por el represor Eduardo Emilio Kalinec, que recuperó la libertad en diciembre pasado, y tiene en la mira a militantes de los años setenta. Entre los acusados hay incluso personas desaparecidas.
"Estamos esperando una pronta resolución en una causa tan importante", afirma, por su lado, la diputada nacional Myriam Bregman, que actúa en el expediente como defensora. "Quienes han luchado por justicia necesitan que se cierre de una vez, para que los 50 años del golpe no nos encuentren revisando lo que se construyó con una lucha implacable".
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/01/la-agenda-judicial-a-50-anos-del-golpe-de-estado/