La Cámara Federal salió al auxilio de un juez de la dictadura
Rivarola estaba procesado por haber encubierto la masacre del Pabellón Séptima, ocurrida en marzo de 1978.
La Cámara Federal porteña salió al auxilio de Guillermo Rivarola, uno de los jueces de la dictadura. Rivarola había sido procesado por Daniel Rafecas por haber encubierto la masacre del Pabellón Séptimo, que tuvo lugar el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Villa Devoto. Sin embargo, consiguió que el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le revocara el procesamiento.
La Sala I revisó los últimos procesamientos que dictó Rafecas en la causa del Pabellón Séptimo. En noviembre, el titular del Juzgado Federal 3 había procesado a Rivarola y a tres agentes penitenciarios: Antonio Bienvenido Olmedo, Camilo Neri Miño y José Rubén Mambrín. Todos, a excepción de Olmedo, terminaron con una falta de mérito.Esto implica que, a entender de los camaristas, no hay elementos ni para que estén procesados ni sobreseídos.
La decisión fue adoptada por una mayoría integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El tercer integrante de la Sala I, Mariano Llorens, fue por más: sostuvo que él no creía que se tratara ni de un crimen de lesa humanidad ni de una grave violación a los derechos humanos y que, por ende, el caso estaba prescripto.
El 14 de marzo de 1978 hubo una requisa violenta en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que terminó con tiros y un incendio —que no fue extinguido por los agentes penitenciarios—. En el penal de Devoto murieron 57 personas y otras ocho fallecieron después de haber sido trasladadas a distintos hospitales. Más de 80 sobrevivientes sufrieron golpes y torturas cuando lograron salir del pabellón.
La magnitud de los hechos no está controvertida para la mayoría de la Sala I. En su voto, Bruglia y Bertuzzi hablaron de la "ferocidad de la requisa" y consignaron que "las autoridades penitenciarias desplegaron una represión masiva, con disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos desde el interior y el perímetro del penal".
En esa misma línea, los dos camaristas señalaron que el personal carcelario no había permitido el ingreso de los bomberos para que extinguieran el fuego. De hecho, explicaron que el incendio habría comenzado alrededor de las 8.15, pero recién a las 9.04 llamaron a los bomberos. Los jueces también destacaron que se constataron las heridas de bala que tenían algunas de las víctimas.
Bruglia y Bertuzzi convalidaron el procesamiento de Olmedo, que era jefe de turno de seguridad interna. Ese 14 de marzo tomó la guardia a las 8 de la mañana. A los pocos minutos comenzó el desastre. Rafecas lo procesó por 82 casos de tormentos a los sobrevivientes del pabellón. "No ejerció ningún comportamiento positivo para salvaguardar a los internos que se encontraban en forma directa bajo su ámbito de resguardo", escribieron los camaristas.
En el caso de Mambrín y Miño, que eran parte de la guardia externa, tenían un procesamiento por 154 casos de tormentos. Bruglia y Bertuzzi revocaron esa decisión y les dictaron una falta de mérito aduciendo que había que determinar si estos penitenciarios sabían qué pasaba en el interior de la cárcel. Según los camaristas, no se apreció una "extralimitación funcional" ni ningún interno resultó herido de bala por disparos provenientes del exterior.
Lo más sensible era la situación de Rivarola, a quien Rafecas procesó por encubrir al omitir denunciar los tormentos a los que habían sido sometidos los sobrevivientes de la masacre. La causa 8137 —caratulada "Instituto de Detención de la Capital Federal s/ averiguación de homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad"— quedó inicialmente en manos del juez Rivarola antes de pasar al fuero ordinario.
Lo primero que hizo Rivarola fue ordenar que la investigación fuera conducida por el propio SPF y que éste les tomara declaración testimonial a los penitenciarios como si fueran testigos de los hechos y no sospechosos de lo que había ocurrido.
Para Rafecas, la hipótesis del amotinamiento fue una "burda tergiversación de la realidad a los efectos de garantizar la impunidad de los hechos". En línea con la versión oficial, Rivarola también dispuso que se incomunicara a uno de los presos, quien había tenido una discusión con un penitenciario en la noche del 13 de marzo de 1978 porque se negó a apagar el televisor.
La Cámara no se adentró en el análisis del comportamiento de Rivarola. Por el contrario, sucintamente dijo que Rafecas debía terminar una serie de medidas de prueba —como tomar declaraciones a integrantes del Poder Judicial— antes de resolver la situación procesal del exjuez federal.
Rivarola es parte de la familia judicial. Ingresó como pinche en 1956, durante la dictadura de la Revolución Libertadora, según reseñó en este diario Horacio Verbitsky. María Estela "Isabel" Martínez de Perón lo designó fiscal federal. Videla lo eligió como juez. En 1984, en plena democracia, el Senado convalidó que continuara en la magistratura.
Rivarola alega que intervino en la causa del Pabellón Séptimo porque la justicia de instrucción había dicho que era competencia de la justicia federal, no porque quisiera encubrir al SPF. Rafecas tiene otro pedido para indagarlo por no haber investigado otra matanza: la de los palotinos, de julio de 1976.
La querella, que encabezan las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, ya anunció que va a recurrir las faltas de mérito.
La masacre del Pabellón Séptimo ya fue juzgada. En diciembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 calificó los hechos como constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos. Llorens, en su voto, discutió también esta calificación porque entendió que tampoco se estaría frente al supuesto de torturas o ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias. El camarista sí había usado esa calificación para ordenar que se reabriera una causa que le interesa al Gobierno: la de la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF).
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