La fiscalía pidió que continúe la investigación sobre dos funcionarios de Macri por espionaje
El fiscal Franco Picardi apeló el sobreseimiento del exsecretario privado del presidente, de Susana Martinengo y de doce espías.
Darío Nieto y Susana Martinengo pensaban que sus problemas legales se habían terminado el 26 de diciembre pasado, pero no es así. El fiscal federal Franco Picardi apeló los sobreseimientos que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que favorecían a los dos funcionarios de confianza de Mauricio Macri y a doce exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cambiemita, acusados de haber espiado ilegalmente a medio arco político. Entre los vigilados llegó a estar Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente.
En diciembre de 2015, cuando Macri llegó a la Casa Rosada, se conformó en la entonces AFI un grupo que pasó a la fama por haberse dedicado al espionaje político. Su núcleo originario estaba integrado por miembros de la Policía de la Ciudad que pasaron en "comisión" a los servicios de inteligencia. Habían sido convocados por Diego Dalmau Pereyra, un militar retirado que fue el primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo.
En un primer momento, los espías respondieron a las órdenes de Dalmau Pereyra. Luego pasaron a trabajar con Alan Ruiz, un hombre de Patricia Bullrich que se sumó a la AFI en la segunda mitad del mandato de Macri. Ruiz estaba a cargo de las "operaciones especiales".
La existencia de este grupo de espías salió a la luz en los primeros meses de 2020, cuando un detenido por narcotráfico, Cristian "Verdura" Rodríguez, le habló al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, de un abogado que trabajaba para la AFI, Facundo Melo, que lo había "subcontratado" para dejar un artefacto explosivo en un edificio en el que había vivido José Luis Vila, quien por entonces era funcionario del Ministerio de Defensa. La confesión derivó en allanamientos y secuestros de teléfonos que terminaron aportando elementos sobre quiénes eran espiados por los servicios macristas.
Los espías se hicieron conocidos como los "Súper Mario Bros", en alusión a un chat que había creado Alan Ruiz para dar órdenes y compartir información con sus agentes. Mientras la causa estuvo en Lomas de Zamora, la investigación avanzó y el juez Juan Pablo Augé dictó casi 40 procesamientos. Sin embargo, el expediente pasó a Comodoro Py, donde la Cámara Federal porteña acuñó la teoría del "cuentapropismo": es decir, agentes que espiaban para extorsionar y sacar su propio rédito sin obedecer a un plan general de espionaje. Ese argumento sirvió para beneficiar, entre otros, a Gustavo Arribas, amigo de Macri y titular de la AFI cambiemita.
En diciembre pasado, Martínez de Giorgi le dio otro golpe casi fatal al expediente al dictar catorce sobreseimientos. El juez dio distintos argumentos para exculpar a los espías del macrismo: dijo que no existía un plan unificado de espionaje ilegal, que cumplían órdenes y que estaban sometidos a un régimen de "obediencia ciega".
Picardi recurrió la decisión en duros términos. "El magistrado realiza una evaluación parcial, desmembrada y superficial de los hechos y pruebas del caso para así sobreseer a los imputados", dice el dictamen al que tuvo acceso Página/12.
Para el fiscal, el juez tuvo una "mirada parcial" frente a un patrón común de actuación, que incluía la ausencia de un norte funcional legítimo, la selección de personas públicas (dirigentes políticos, líderes sindicales o periodistas) como objeto de interés, la inexistencia de registros formales o circuitos administrativos que respaldaran las tareas realizadas y la producción de informes reñidos con la Ley de Inteligencia (25.520), que acaba de ser reformada por Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941.
Picardi buscó rebatir la idea de que los agentes solo cumplían órdenes, pero que no sabían de qué se trataba la operación en la que estaban involucrados debido al "tabicamiento" informativo. Usó como ejemplo que los propios espías advirtieron que algo iba mal cuando llegó una orden para investigar a Salvatore Pica, pareja de Florencia Macri. Con solo buscar en internet, advirtieron que se trataba del cuñado del entonces presidente, lo que derivó en una discusión entre Jorge Sáez, patriarca de los Súper Mario Bros, y Ruiz.
Para el fiscal, está claro que la información circulaba a través de los grupos de WhatsApp. Alan Ruiz daba las directivas, pero también se jactaba en algunos casos. "Divídanse, que es un pedido del uno", escribió cuando mandó a los espías a buscar el bar en el que habían sido fotografiados Fabián "Pepín" Rodríguez Simón —operador judicial de Macri— y un camuflado Carlos Rosenkrantz —por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia—.
"Poseían al menos cierto grado de conocimiento respecto de la naturaleza ilegal de las diligencias que se encontraban realizando", escribió Picardi. Ejemplos sobraban: cuando una agente fue a seguir al exvicepresidente Amado Boudou a un acto político o cuando algunos de sus compañeros llegaron hasta la casa de Beccar en la que vivían Florencia Macri y Salvatore Pica.
Después de una serie de seguimientos al diputado nacional Nicolás Massot llegó la orden de eliminar información que podría dar cuenta de actividades ilegales. Sáez mandó un WhatsApp diciendo: "Me llamó Diego (Dalmau Pereyra). Por favor, me pidió que borrara todas las imágenes que tengan de estas operaciones para no quedar comprometidos con nada".
Para Picardi debe continuar la investigación sobre Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial, y Darío Nieto, quien entonces se desempeñaba como secretario privado de Macri.
Martinengo era amiga de dos de los Súper Mario Bros, Sáez y Leandro Araque. Ellos iban a verla y también le pasaban informes que elaboraban. Uno de esos reportes llegó a manos de la funcionaria el 28 de noviembre de 2017. Era sobre las comunidades mapuche y las petroleras. "Le interesa al uno", expresó Martinengo en un audio.
Días después, Martinengo volvió con un pedido, en el contexto de la reforma jubilatoria que impulsaba el macrismo. "Si tenés un informe que no los comprometa a ustedes, pásamelo, que yo se lo paso a Nieto, el secretario privado, como hice la vez anterior", prometió.
Sáez tomó el teléfono y la llamó. Le dijo que lo hacía a pedido de Dalmau Pereyra para que se quedara tranquila de que los informes que ellos hacían —posiblemente sobre conflictividad social— llegaban directamente a manos de Macri por otro canal: el de Arribas.
—Me dijo que Susy se quede tranquila porque Mauricio sabe todo —le remarcó Sáez.
—El uno sabe todo —refrendó ella.
Martinengo tenía dos teléfonos para comunicarse con Nieto, con quien mantuvieron comunicación hasta diciembre de 2019, cuando él le escribió para agradecerle por el tiempo de trabajo compartido.
La Cámara Federal porteña deberá revisar la decisión de Martínez de Giorgi de sobreseer y, por ende, sacar del proceso a los doce exagentes de la AFI, a Martinengo y a Nieto, que actualmente ejerce como legislador porteño.
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