La investigación contra Alberto Fernández seguirá en Comodoro Py
La Corte Suprema ratificó que Rafecas investigará al expresidente en la causa por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez.
La Corte Suprema rechazó el pedido del expresidente Alberto Fernández para trasladar a la Justicia de la Ciudad la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez. La investigación continuará en los tribunales federales de Comodoro Py. Los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti resolvieron que deberá encargarse del caso el Juzgado Federal N.° 10, actualmente a cargo de Daniel Rafecas.
La decisión se tomó este jueves, un año después de que la defensa de Fernández solicitara el cambio y de que la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas de la justicia porteña decidiera quedarse con la causa, que investiga al exmandatario por presuntas amenazas, lesiones y violencia física hacia Yáñez.
Ahora, el juez Rafecas se encuentra realizando medidas de prueba para decidir si elevará o no el caso a juicio oral y público. Previamente, rechazó otro pedido del expresidente para anular la causa, en sintonía con las actuaciones anteriores realizadas por el juez federal Julián Ercolini, quien se encontraba al frente del caso.
Ercolini fue apartado en octubre del año pasado por decisión de la Cámara de Casación, tras un planteo de recusación de Fernández, quien cuestionó la competencia del juez para investigarlo debido a que ambos habían sido amigos y ahora se encuentran enemistados. La Cámara ordenó que el juez instructor le pidiera a Ercolini que se inhibiera de seguir al frente de la causa y remitiera el expediente. Fue entonces cuando el caso llegó a la Corte Suprema.
Meses antes, en febrero de 2025, Ercolini procesó al expresidente y en abril la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento por lesiones leves agravadas debido a que se cometieron "en un contexto de violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas".
La querella de Yáñez ya anticipó que solicitará la máxima pena posible, que en este caso sería de 12 años de cumplimiento efectivo, y sostuvo que no aceptará ninguna probation ni reparación económica.
De manera paralela, en diciembre de 2024 Fernández denunció a su exmujer por presunto hostigamiento, lo que derivó en una orden de restricción que le prohibió a Yáñez contactarlo durante 90 días, bajo la orden del juez penal Christian Brandoni Nonell. El exmandatario probó sus acusaciones con la grabación de diversas llamadas y también sostuvo que Yáñez le impidió comunicarse con su hijo.
Cuando se inició la investigación por violencia, la defensa del expresidente intentó que el caso se trasladara a la justicia de San Isidro argumentando que los hechos denunciados habrían tenido lugar en la residencia de Olivos que compartía la expareja. Luego intentó pasarlo al fuero penal porteño.
La causa en cuestión comenzó a raíz de otra en la que se investiga al expresidente y también a quien fue su secretaria, María Cantero, al marido de esta, Héctor Martínez Sosa, y a distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros. En dicha causa fue donde encontraron mensajes y fotos de Yáñez en el teléfono de Cantero, por lo que Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación aparte y la exprimera dama terminó realizando una denuncia por violencia de género.
En la causa Seguros se acusa a Fernández de haber direccionado los contratos de seguros para las diferentes reparticiones del Estado a partir de un decreto que lleva su firma. El broker involucrado es de Martínez Sosa, a quien acusan de haber cobrado comisiones y recibido favoritismo. Actualmente, esta investigación se encuentra en manos del juez Ariel Lijo.
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