La Justicia desestima denuncias de Milei contra periodistas por libertad de expresión
Milei volvió a chocar contra la Justicia: sus denuncias contra Pagni y Lijalad fueron archivadas. Libertad de expresión intacta y sin concesiones.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno. Los expedientes fueron archivados por inexistencia de delito.
El caso Pagni y el análisis histórico cuestionado
La denuncia contra Carlos Pagni surgió tras sus comentarios en el programa "Odisea Argentina" de LN+ el 28 de abril, donde el periodista realizó un análisis histórico en el que, según Milei, se insinuaba un paralelismo entre el ascenso al poder del mandatario y el de Adolf Hitler en Alemania. Milei consideró que estas afirmaciones afectaban su honor y reputación.
Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pagni forman parte del debate político, que debe ser tolerado incluso con críticas fuertes, y que no constituyen una imputación concreta ni injuria personal. "No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante", afirmó el magistrado, destacando que las críticas fueron emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La denuncia contra Ari Lijalad también fue archivada
En paralelo, el juez desestimó la denuncia de Milei contra Ari Lijalad, quien el 4 de mayo publicó una columna en "El Destape" titulada "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi". Al igual que en el caso de Pagni, Rafecas determinó que no existió delito alguno en las expresiones del periodista y archivó el expediente.
Fundamentos constitucionales y jurisprudencia internacional
El fallo judicial detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre la libertad de prensa, remitiendo al caso "Kimel vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicho precedente, se establece que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica para no afectar el debate democrático.
Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar la esencia misma de la democracia y el derecho a la información.
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