La Justicia federal frenó el intento de desguace del INTI dispuesto por decreto por el Gobierno
La jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, hizo lugar parcial a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno que «se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, celebró el fallo: «Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos». En tanto, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE nacional, destacó: «es una muy buena noticia para las y los trabajadores del INTI. La Justicia nos dio la razón. Realmente es una bocanada de oxígeno».
Por ANRed
La medida de la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, tendrá «vigencia por el término de seis meses» y hace lugar parcialmente al amparo presentado por ATE en defensa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y sus trabajadores/as, que señalaba que el decreto presidencial 462/25 pretende disolver la autarquía y estructura orgánica del organismo, apropiándose de sus recursos económicos (como tasas, patentes, servicios técnicos y certificaciones) para transferirlos al Tesoro Nacional, afectando así su autonomía operativa y la estabilidad laboral de sus empleados/as.
Así, el fallo judicial ordena al Gobierno nacional que «se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».
En sus fundamentos, la magistrada marcó que «se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar», con el objetivo de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo». Asimismo, señala que «cualquier disposición administrativa que altere o desnaturalice la garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales», en referencia a la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.
Asimismo, el fallo destaca que el importante rol del INTI, señalando que es un ente autárquico creado en 1957 para fomentar el desarrollo industrial nacional, apoyar a las PyMES e impulsar la innovación tecnológica, y que brinda servicios de asistencia técnica, metrología, certificaciones y tiene una infraestructura consolidada con más de 300 ensayos acreditados y 26 plantas piloto en todo el país.
Ante la novedad judicial, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, celebró en su cuenta de X el fallo con un mensaje directo al presidente y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado: «Presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Federico Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!», celebró.
En tanto, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE nacional, remarcó: «es una muy buena noticia para las y los trabajadores del INTI. La Justicia nos dio la razón y, gracias a la medida cautelar que presentamos desde ATE, logramos que el Estado Nacional no pueda realizar ninguna modificación dentro del Instituto, ni despedir a su personal. Realmente es una bocanada de oxígeno«.
En este marco, aún se espera que la justicia se expida sobre la situación de otras dependencias estatales afectadas por este y otros decretos, como el INTA, el INASE y decenas de organismos afectados en todo el país. Mientras que, en el ámbito parlamentario, estos DNU pueden ser rechazados en las dos cámaras del Congreso con la obtención de una mayoría simple (implica el voto de 129 diputados), con lo cual el gobierno de Javier Milei no tiene facultades para vetar su nulidad.
En esa línea, Christian Castillo, diputado del PTS FIT-Unidad e integrante de la comisión parlamentaria de Ciencia y Tecnología, para lograr el tratamiento del veto de los DNU presidenciales en la Cámara baja se necesitan las firmas de 10 diputados (entre las cuales ya están a disposición las cinco de los diputados del FIT-U).