La Justicia porteña ordenó frenar los desalojos por supuesto peligro de derrumbe
Era el principal argumento de Jorge Macri para dejar en la calle a miles de familias. En 2026 casi el 60% de los desalojos en la Ciudad se ejecutaron bajo esta modalidad.
A raíz de un amparo presentado por los legisladores de Fuerza por Buenos Aires Victoria Freire y Alejandro "Pitu" Salvatierra, junto a vecinas desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI), el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires.
En la medida cautelar se ordena al Gobierno porteño que "se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente". Y establece además como regla que debe dar comunicación inmediata al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan.
Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el GCBA deberá brindar una "respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado" en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares. Además, citó una audiencia para todas las partes involucradas.
El recurso de amparo fue presentado por vecinas, ONGs y los legisladores de Fuerza por Buenos Aires denunciando que entre septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojó de forma irregular a más de 1200 personas de hoteles familiares, pensiones e inquilinatos. El procedimiento se ejecutaba bajo el argumento de «peligro de derrumbe» sin dar intervención judicial, sin debido proceso y sin garantizar una solución habitacional previa, estable y adecuada a las familias.
En 2026 el 56% de los desalojos se ejecutaron bajo esta modalidad. "Es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas", aseguró Victoria Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Y subrayó: "El gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda y persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas.»
"Este fallo es ponerle cordura a la locura que se desató en la Ciudad con los desalojos administrativos, es poner las cosas en su lugar", expresó el legislador Alejandro "Pitu" Salvatierra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional. Agregó: "No estamos en desacuerdo en la restitución de los inmuebles a sus propietarios, lo que no podemos permitir es que se viole la ley y no se haga con el procedimiento que corresponde.
El fallo lo que marca es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la justicia debe intervenir en cada proceso, porque no deja de haber familias en esos inmuebles. Es un paso hacia adelante en una pelea que venimos dando por que se respete la ley y los procedimientos".
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