La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA
El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.
La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas que sufrieron luego de comprar el criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.
El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los damnificados no pudieron demostrar, en el marco de la investigación, que hubiera existido un ardid destinado a inducirlos a adquirir el token. La Justicia consideró que los inversores no pudieron dar cuenta de que hubieran sido engañados para comprar el criptoactivo ni que las pérdidas estuvieran directamente relacionadas con un delito.
La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara, a partir de un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los jueces confirmaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había aceptado el pedido de la defensa y había dejado fuera del proceso como querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.
La decisión se produjo luego de que Bertuzzi fuera oficializado por Milei como nuevo integrante de la Sala I porteña, junto con Pablo Yadarola. El nombramiento se concretó mediante el Decreto 848/2026, después de que el Senado aprobara su pliego el 27 de agosto, con 44 votos a favor.
Qué cambia para los cinco inversores
El apartamiento no implica que los cinco inversores queden desvinculados de los hechos investigados ni que la Justicia haya descartado la existencia de un delito en el caso $LIBRA. La consecuencia concreta es procesal: dejaron de ser querellantes y, por lo tanto, ya no podrán intervenir en el expediente como acusadores particulares ni ejercer las facultades que esa condición les otorgaba.
La Cámara consideró que no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los habría llevado a comprar el token ni el vínculo directo entre esa supuesta maniobra y las pérdidas que sufrieron. También sostuvo que las decisiones adoptadas al comienzo de la investigación eran provisorias y podían revisarse a medida que aparecieran nuevas pruebas.
La investigación sobre el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo continúa, y el fallo tampoco establece la responsabilidad penal de las personas involucradas.
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