La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py

Joe Lewis denunció al exfuncionario por pedir la intervención de su empresa. Fue sobreseído en distintas oportunidades, pero la Cámara Federal lo revocó una y otra vez.

A menudo se habla de "el poder real" como si fuera un ente abstracto e impreciso. Sin embargo, los tribunales de Comodoro Py ofrecen algunos ejemplos recurrentes y concretos que permiten explicarlo. El que motiva esta nota tiene como protagonistas al magnate Joe Lewis y la denuncia presentada en nombre de su empresa Hidden Lake S.A, dueña del predio de 12.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido en Río Negro donde tiene su estancia, contra el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había pedido la intervención de la empresa, Ricardo Nissen. El ex funcionario fue acusado de abuso de autoridad y sobreseído tres veces por dos jueces distintos, pero la Cámara Federal revocó esa decisión una y otra vez hasta que llegó a ordenar indagarlo, por lo que está citado el 6 de febrero por el juez Sebastián Casanello, a quien sus superiores no le dieron opción.

Qué denunciaba la IGJ

Nissen estuvo a cargo de la IGJ –el organismo que debe fiscalizar las sociedades comerciales y asociaciones civiles— durante el gobierno de Alberto Fernández y había dirigido también el organismo entre 2003 y 2005. En 2022 pidió la intervención judicial con miras a la nulidad de la firma Hidden Lake S.A de Lewis al evaluar que se trataba de una "pantalla jurídica". Esa sociedad, decía la presentación, "no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido".

La IGJ señalaba que se trata de una sociedad "sin actividad comercial alguna" que, entre otras cosas, no podía explicar la construcción de la famosa mansión donde el expresidente Mauricio Macri se alojó con su familia poco después de llegar a la presidencia y donde casualmente volvió a aparecer en abril de 2022, siempre trasladado por el helicóptero de Lewis, después de que las organizaciones que llevaron a cabo la sexta marcha por las soberanía del lago denunciaran ataques de una patota parapolicial que custodia la estancia del multimillonario británico. La Inspección señalaba que el empresario utiliza "en forma espuria una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino".

En una ampliación presentada en el fuero comercial, la IGJ informó que Hidden Lake solo había respondido a sus requerimientos de información parcialmente, que faltaban actas de directorio, constancias de operaciones y algunos estados contables. Según el organismo la sociedad nunca dio cuenta de supuestas actividades agropecuarias, pero tampoco hoteleras o turísticas, y que el famoso viaje de jueces federales allí (en octubre de 2023) con intervención de directivos de Clarín que les dieron la bienvenida, no hacía más que confirmarlo. En rigor, la firma –decía-- no registraba actividad.

El pedido de intervención señalaba que la empresa tenía su capital accionario a nombre de sociedades off shore no declaradas en el país y la administración era delegada a terceros, algo prohibido. Arrojaba pérdidas en la mayoría de sus ejercicios y nadie reclamaba nada. Afirmaba que se sostenía con aportes de accionistas y terceros.

La justicia comercial nunca hizo lugar al pedido de intervención y nulidad de la IGJ, aunque reconoció que pedirla así como analizar la situación societaria estaba dentro de sus facultades. Es decir, lo que hizo el organismo no tuvo consecuencias concretas para la sociedad de

Lewis, excepto tener que rendir cuentas a la IGJ. Además de la exposición pública por las irregularidades denunciadas y que este señalamiento trajo al presente la historia de la compra en 1996 de las tierras en Río Negro, con el Lago Escondido adentro, por lo que existieron denuncias severas, una incluso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Sobreseimientos

Un dato llamativo: una de las personas que representa a la sociedad Hidden Lake en la denuncia contra los directivos de la IGJ por arbitrariedad y supuesto abuso de autoridad, es Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo Argentino de la familia Macri, empresa que sigue perpetuando su deuda millonaria con el Estado nacional (desde 2001). También figura José Luis Bianco, quien interviene en las causas que tramitan en Río Negro, como la denuncia del ataque de la patota de Lewis a la marcha por la soberanía.

El 2 de octubre de 2023 el juez Daniel Rafecas dictó los sobreseimientos y dijo que Nissen y equipo habían actuado dentro de sus facultades y sin cometer delitos.

El 19 de diciembre de ese año la Sala II de la Cámara Federal con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó esa resolución y le ordenó al juez tramitar una serie de medidas. Roberto Boico votó en disidencia y dijo que no se había demostrado una actuación arbitraria de parte de la IGJ.

Rafecas siguió la indicación de la Cámara y volvió a dictar el sobreseimiento de Nissen el 5 de julio de 2024.

La Cámara volvió a la carga, con los mismos votos, pero esta vez lo apartó a Rafecas el 21 de septiembre del mismo año. Los camaristas pedían, por ejemplo, comparar cómo se había comportado el organismo fiscalizador en otros casos. Se sorteó un nuevo juez y la causa le tocó a Casanello.

Este magistrado detalló, según había pedido la Cámara, que la IGJ había iniciado de oficio entre 2020 y 2023 por lo menos 34 actuaciones sumariales; hubo 19 resoluciones administrativas similares, muchas con pedidos de intervención judicial y acciones de nulidad de sociedades algunas de las cuales surgieron por temas de interés público difundidos por los medios, como Wenance Inversiones (acusada de estafas con préstamos a sectores no bancarizados), Grupo Zoe (el de la estafa piramidal), Dakota S.A (que manejaba las grúas porteñas), sociedades de la banca narco conocida como Los Monos, entre otros. Ese tipo de medidas, describió el magistrado, se adoptaban ante causas graves como: sede social inexistente; sede a muchos kilómetros del lugar de residencia de los directores; estados contables que evidencian inexistencia de actividad. Al quedar claro que las medidas sobre Hidden Lake no eran excepcionales, Casanello descartó "un actuar abusivo de los funcionarios o por fuera de sus facultades legales no pudiendo considerar su conducta como constitutiva de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público"

A fines de septiembre la Cámara dijo que se debía analizar si desde la IGJ habían querido perjudicar a la empresa de Lewis y reprochó que el juez no había hecho una comparación apropiada con los otros casos. Los jueces dijeron que sólo en tres casos se había pedido la intervención judicial y que por lo tanto se podía pensar en una supuesta persecución al poderoso Lewis. Ahí directamente le ordenó a Casanello que llame a indagatoria. Nissen –a quien defiende el abogado Martín Villar-- planteó la nulidad de su citación, aunque era cantado que dado el escenario sería rechazada y deberá presentarse el 6 de febrero.

Contexto

La gestión de Nissen fue activa, agudizó los controles y eso le valió ataques múltiples mediáticos, políticos y judiciales: denunció anomalías en la asociación civil de Patricia Bullrich (que fue intervenida); cuestionó el fideicomiso ciego de Mauricio Macri; impuso al Jockey Club incorporar mujeres al padrón societario; dispuso por resolución que todas las personas jurídicas inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires incorporen mujeres en los directorios; rechazó numerosas sociedades off shore que constituían en otros países para actuar en Argentina con fines de simulación y posibles fraudes, entre otras tantas cosas; alertó sobre el uso para delinquir de las sociedades de acciones simplificadas (SAS). Es la contracara de la gestión actual, que flexibilizó infinidad de requisitos y abrió las puertas a sociedades extranjeras de todo tipo y color, aunque ahora tenga el foco puesto en la AFA en la pelea por abrir paso a las sociedades anónimas deportivas.

En general, todos los organismos de control dejaron de cumplir cabalmente esa función con el gobierno libertario, al servicio de los grandes intereses económicos. En este escenario la mayoría de la Cámara Federal recoge los intereses de Lewis. Hace tiempo la Cámara de Casación dio por prescripta la causa donde se denunciaba la compra ilegal (ya que no se podía vender tierras linderas con la frontera a un extranjero) del predio donde está la estancia del empresario mega rico.

De todas las causas judiciales la que queda en pie fue impulsada por la exlegisladora provincial y extitular del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, que reclama el acceso para cualquier persona al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, conocido como "traza corta", porque permite llegar rápido, y que Lewis bloqueó al público general. Le habían dado la razón a Odarda la justicia de primera instancia ya la Cámara Civil y Comercial de Bariloche, pero Tribunal Superior de Justicia (tras recusaciones fallidas a sus miembros por sospechas de parcialidad) sólo confirmó el acceso por el sendero de montaña, que requiere una caminata de unos cuatro días. La demanda tiene más de dos décadas y está desde hace cerca de dos años en la Corte Suprema, que no parece tener en su top ten la defensa de la soberanía.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/01/03/la-venganza-de-joe-lewis-y-el-poder-real-en-comodoro-py/