$LIBRA: Damnificados apelan el sobreseimiento de Milei con duras críticas al juez y al fiscal y esperan un fallo clave de Casación
Juan Patricio Marchetto se presentó en la causa como pretenso querellante y con fuertes críticas al juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano apeló el sobreseimiento de todos los acusados por la operación $LIBRA. En las próximas horas Martín Romeo, otro de los apartados del caso, hará lo mismo.
Por FRANCO MIZRAHI
Los damnificados del caso $LIBRA se están presentando en la Justicia para intentar revertir el escandaloso fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que el último viernes decretó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los restantes 9 acusados en el criptoescándalo.
Este lunes, Juan Patricio Marchetto, representado por los abogados Juan Grabois -actúa en este caso en calidad de letrado- y Nicolás Rechanik, se presentó en la causa como pretenso querellante y con fuertes críticas al magistrado y al fiscal Eduardo Taiano apeló el sobreseimiento de todos los acusados por la operación $LIBRA. En las próximas horas, otro de los damnificados, Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Oszust, realizará un planteo similar.
Para que los recursos tengan efecto, la Cámara Federal de Casación Penal debe revocar el apartamiento de los querellantes que había dispuesto el magistrado a cargo del expediente –cuya esposa Ana Juan fue designada jueza federal de Hurlingham por Milei hace tres meses-. Se trata de una queja que ya está en estudio en el máximo tribunal penal del país. Lo analizan los camaristas Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.
Críticas al juez, el fiscal y Milei
"La decisión impugnada me ocasiona un gravamen irreparable en mi condición de damnificado por los hechos investigados, al disponer la clausura definitiva de una investigación penal mediante una fundamentación que no constituye una derivación razonada de las constancias incorporadas al expediente", comienza el escrito de Marchetto.
El damnificado afirmó en su apelación que "la resolución presenta contradicciones entre sus premisas y conclusiones, confunde insuficiencia probatoria con atipicidad, efectúa una valoración fragmentaria de los elementos reunidos y omite justificar adecuadamente por qué las medidas investigativas pendientes carecerían de aptitud para modificar el resultado alcanzado". Por tal razón, pide que intervenga la Cámara Federal porteña y revoque lo resuelto por Martínez de Giorgi.
En la apelación, Marchetto –a través de Grabois y Rechanik- cuestiona en duros términos al fiscal y al juez del caso $LIBRA. Por ejemplo, sostiene que lejos de sobreseer a los acusados en la causa había elementos para llamaros a indagatoria: "Las constancias reunidas no sólo impiden afirmar la atipicidad de los hechos con el grado de certeza negativa que exige un sobreseimiento definitivo, sino que exhiben un cuadro de sospecha suficientemente concreto para avanzar hacia la convocatoria de los imputados en los términos del art. 294 del CPPN".
En esa línea, resalta: "No estamos frente a una investigación sustentada únicamente en la publicación efectuada por Javier Milei el 14 de febrero de 2025, ni ante una mera coincidencia temporal entre un mensaje presidencial y el posterior derrumbe de un activo financiero. La investigación permitió reconstruir una sucesión de acontecimientos anteriores, concomitantes y posteriores al lanzamiento de $LIBRA que, valorados conjuntamente, justificaban profundizar la imputación y recibir explicación de sus protagonistas".
Marchetto cita en su apelación diversos elementos probatorios que dan cuenta de los vínculos que había entre Milei, Karina y los intermediarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales: "Existen antecedentes concretos de una relación previa entre los promotores privados del negocio y funcionarios públicos. Entre la documentación incorporada se encuentra el denominado 'Kelsier Group LATAM Agreement' u 'Oferta Irrevocable', por un monto total de USD 1.550.000, que contemplaba un adelanto de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000. Según el propio documento analizado en autos, el objetivo de la vinculación comprendía establecer una 'asociación indirecta con el gobierno argentino' y garantizar una vía de acceso a Javier y Karina Milei". "A ello se adicionaron movimientos patrimoniales temporalmente vinculados con aquel acuerdo", añade.
En otro pasaje de la presentación resalta el encuentro que el impulsor de $LIBRA, Hayden Davis, mantuvo con el Presidente en la Casa de Gobierno y su coincidencia con movimientos de dinero critpo sospechosos: "El 30 de enero de 2025 Hayden Davis ingresó a la Casa Rosada y mantuvo una reunión con el Presidente de la Nación. La investigación reconstruyó, además, que durante esa misma jornada y las horas inmediatamente posteriores se produjeron importantes movimientos de fondos provenientes de estructuras vinculadas a Kelsier hacia cuentas de intermediarios locales". "Tampoco se trata de examinar aquella reunión aisladamente. La investigación incorporó una carta de intención fechada el día anterior, mediante la cual Davis se ofrecía como asesor 'ad honorem' en materia de blockchain y Web3 y solicitaba contacto con organismos estatales directamente vinculados con la regulación y control de la actividad -BCRA, UIF y CNV", agrega el pretenso querellante.
A esto se suman las llamadas frenéticas que Milei y Karina mantuvieron con Novelli al momento del lanzamiento del token del escándalo y que se reconstruyeron a partir del peritaje del celular del trader. Y Marchetto lo recuerda: "Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo".
Para Marchetto esas pruebas no son la demostración definitiva del delito "pero tampoco puede sostenerse razonablemente lo contrario: que semejante concatenación de comunicaciones, operaciones y actos carezca de toda significación penal y permita clausurar definitivamente la investigación por atipicidad".
Es claro que el caudal probatorio en el expediente es contundente.
Por eso, Marchetto junto a Grabois y Rechanik afirman que "había que preguntarse si la sucesión integrada por acuerdos económicos previos, pagos provenientes de Kelsier, reuniones con funcionarios; acceso a la Casa Rosada, contactos con el Presidente, comunicaciones telefónicas durante los minutos críticos del lanzamiento, operaciones efectuadas segundos antes de la publicación presidencial, ingreso masivo posterior de compradores; extracción de liquidez y movimientos patrimoniales inmediatamente anteriores y posteriores constituía, considerada globalmente, motivo bastante para sospechar la participación de los imputados en hechos penalmente relevantes. La respuesta procesal a ese interrogante no exigía una sentencia condenatoria, sino que exigía, y todavía lo hace: continuar investigando".
En esa sintonía, resaltan que el tuit del Milei de 14 de febrero de 2025 promocionando $LIBRA debe analizarse en aquel contexto.
Pero Taiano y Martínez de Giorgi decidieron blindar al Presidente. Y para eso, analizaron cada elemento del expediente de forma fragmentada, aislada, algo que destacan y critican Marchetto, Grabois y Rechanik: "La resolución examina separadamente los distintos acontecimientos investigados y, al encontrar para cada uno de ellos una posible explicación desvinculada de una conducta delictiva, termina restándoles relevancia sin desarrollar suficientemente el significado que adquieren cuando son apreciados dentro de una misma secuencia".
"Particular importancia reviste, en ese contexto, la intervención del Presidente de la Nación. El fallo reconoce que su publicación pudo conferir al proyecto una repercusión y visibilidad particulares e incidir en la confianza de los adquirentes. Esa circunstancia debía ser examinada conjuntamente con los contactos previos entre Milei y personas vinculadas con el proyecto, con las comunicaciones detectadas durante la investigación y con las condiciones en que se produjo el lanzamiento. Su significación probatoria dependía precisamente de establecer si formaba parte de una secuencia coordinada y qué conocimiento poseía cada uno de los intervinientes acerca de las circunstancias relevantes de la operatoria. La resolución, sin embargo, aborda predominantemente esos elementos por separado", cuestionan.
También recuerdan que quedaban "una gran cantidad de medidas (de prueba) pendientes". Como "por ejemplo la ampliación de la pericia de los teléfonos celulares solicitada a la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica) respecto de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco en noviembre del año pasado que se encuentra todavía en curso". Rodríguez Blanco y Mellino son los acusados de "cueveros", que habrían actuado como "rampa de salida" del dinero obtenido por la maniobra investigada.
Y que se dejaron de lado un sinnúmero de medidas de pruebas solicitadas por las querellas. Así como que juez y fiscal omitieron hechos relevantes que obran en la causa. Marchetto mencionó algunos de esos episodios, entre los que se destacan:
- "Los registros de comunicaciones del 14 de febrero de 2025: Novelli mantuvo ocho comunicaciones con Javier Milei en menos de cuatro horas".
- "La anotación "Pago Javier kari", del 1 de noviembre de 2024 a las 21:24 horas, recuperada del dispositivo de Novelli".
- "El alta, entre el 5 y el 6 de abril de 2025, de más de nueve líneas telefónicas prepagas a nombre del Presidente", de lo que dio cuenta El Destape.
- El vaciado de las cajas de seguridad de Novelli que realizaron María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana trader, hecho que ocurrió el 17 de febrero de 2025, "el primer día hábil posterior al colapso del token".
Nada de esto pareciera azaroso. Todo indica, a juzgar por lo resuelto el viernes, que había un intento de blindar a Milei en el marco de una causa donde se investiga una estafa de 100 millones de dólares.
Para el pretenso querellante "el cuadro es evidente, un grupo de funcionarios públicos estuvieron involucrados en una negociación incompatible así como otros a la luz de todos traficaron con las influencias propias del cargo".
Por todo esto, Marchetto sostiene que el fiscal habría perdido su objetividad y el juez su imparcialidad.
Señala que para decretar el sobreseimiento definitivo se requería una certeza negativa, es decir, tener constatado que los hechos no ocurrieron. Pero eso no pasó. A lo sumo, en algunos pasajes, lo que hay es incertidumbre, "ausencia de certeza", que de acuerdo al pretenso querellante "se explica, además, por la forma en que se llevó a cabo la investigación. Ninguna de las personas sobreseídas fue indagada. El juez cierra definitivamente la causa respecto de once personas sin haber escuchado a ninguna, sin que hayan dado su versión y sin haberlas confrontado con la prueba".
La legitimidad para apelar
Como Marchetto fue desplazado como querellante del expediente, sus letrados resaltan que eso no implica que quede excluido de forma definitiva del caso: "La exclusión del rol de querellante no transforma automáticamente al damnificado en un tercero ajeno a las consecuencias de la investigación, ni extingue los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las víctimas".
En esa línea, Marchetto plantea "que se examine la admisibilidad de esta impugnación mediante una interpretación que contemple la condición de víctima de mi representado, el alcance concreto de las decisiones anteriores y la necesidad de garantizar un control judicial efectivo".
También afirma que Casación aún no revisó su desplazamiento de la causa, por lo que la decisión no está firme y "en términos legales sigo con el rol de querellante y tengo el derecho al recurso". Incluso, recuerda un fallo de esa misma cámara donde se estableció que "el pretenso querellante se encuentra legitimado para interponer los recursos de competencia de esta Cámara". Y rememora otros antecedentes, como el de la asociación Bases Republicanas en el caso Ruta del dinero K, donde la Justicia tuvo una amplia consideración a la hora de aceptar querellantes por tratarse de una causa de interés para toda la sociedad. En ese caso, el fiscal Guillermo Marijuan había desistido de acusar a Cristina Kirchner y la cámara porteña habilitó a la mentada ONG que no era parte del proceso a que intervenga en la causa. "Se tuvo por querellante y por ende se le otorgó el derecho al recurso a una ONG que no había participado en todo el expediente en virtud de la necesidad de los habitantes de la República para verificar el alcance que tiene la denuncia en cuestión. En aquel caso, como en el que se tramita en este legajo, se investigaban presuntos hechos de corrupción", resalta Marchetto.
Más presentaciones
Martín Romeo, otro de los damnificados que era querellante y fue desplazado del caso, realizará una presentación de similares características a la de Marchetto, según reconstruyó El Destape.
Romeo, que es representado por el abogado Nicolás Oszust, apelará los sobreseimientos porque todavía no está excluido como querellante y pedirá la nulidad de lo resuelto por Martínez de Giorgi por la misma razón. "Nos tendrían que haber dado traslado del dictamen fiscal para que podamos pedir la revisión por el superior. Como ya es nulo ese dictamen por no habernos dado tasado también es nulo el sobreseimiento", explicaron desde el entorno de Romeo.
En el escrito se va a desvirtuar cada afirmación del juez y el fiscal en pos de blindar al Presidente.
A la espera de Casación
Los planteos de los damnificados son claves de cara a lo que se viene en $LIBRA.
Con la decisión que Martínez de Giorgi tomó el viernes, la causa por el criptoescándalo está a un paso de quedar cerrada de forma definitiva. Esto se debe a que el juez apartó a los querellantes que tenía la causa. Por eso, la importancia de estos planteos en tiempo y forma de los damnificados, que esperan un gesto de la Cámara Federal de Casación Penal para que tengan un efecto contundente.
La Cámara de Casación debe resolver si hace lugar a la queja que elevaron los damnificados días atrás –antes de que se decretaran los sobreseimientos- para que se revoque la decisión de apartarlos que había tomado Martínez de Giorgi. Se trata de una queja porque en la Cámara Federal porteña –la instancia revisora de Comodoro Py-, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían ratificado lo resuelto por el juez de primera instancia y negaron a los damnificados la apelación de ese desplazamiento ante la Casación. Tanto Llorens como Bertuzzi fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, era uno de los principales operadores judiciales del Ejecutivo.
Si la Casación hace lugar a la queja de los damnificados y revocara su desplazamiento de la causa, los inversores que perdieron con $LIBRA volverían a ser parte del expediente y ahí sus planteos tendrían efecto directo. Es decir, mantendrían viva la causa.
Lo que resuelva Casación será determinante para este expediente que sigue de cerca la Casa Rosada: porque si rechazara la queja, el sobreseimiento del Presidente, su hermana y los restantes 9 acusados quedaría firme. Porque ya no habría partes que pudieran cuestionarlos. Esto se debe a que el fiscal Taiano actuó más como defensor de los imputados y desistió de acusar.
La decisión de revocar la impunidad que se estableció en $LIBRA está en manos de los camaristas de Casación Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Según pudo reconstruir El Destape, la queja ya está siendo analizada en el máximo tribunal penal del país.
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