Medios públicos de CABA: presentan amparo ante la Justicia para frenar la concesión
La acción judicial es impulsada por tres organizaciones que denuncian un incumplimiento de las leyes locales y piden que se otorgue una medida precautelar "de carácter urgente" ante la proximidad de la apertura de los sobres, el 12 de mayo. En la Legislatura piden informes sobre la situación de los trabajadores.
En un nuevo capítulo sobre la concesión de los medios públicos que impulsa Jorge Macri, un grupo de organizaciones presentó un amparo ante la Justicia porteña para frenar la licitación de las dos radios y el Canal de la Ciudad. Aseguran que el proceso incumple con las normativas constitucionales locales y piden que se otorgue una medida precautelar "con carácter urgente". El Gobierno porteño prepara la apertura de las ofertas para mitad de mayo. En la Legislatura piden informes sobre el futuro de los trabajadores.
La medida es impulsada por el abogado patrocinante Jonathan Baldivieso, titular de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el acompañamiento del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) con el objetivo de que se declare "la nulidad absoluta e inconstitucionalidad" de la resolución del GCBA que habilitó el llamado a licitación, como también de los pliegos licitatorios en sí.
Mediante la resolución 7/26 publicada en marzo en el Boletín Oficial, el Gobierno porteño puso en marcha el proceso para la concesión del gerenciamiento "con carácter oneroso" de la operación las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4) y del Canal de la Ciudad, la TV pública local por el plazo de cinco años, a cambio de un canon total que rondaría los $718.965.000. La apertura de los sobres estaba prevista inicialmente para el 20 de abril, pero se pospuso para el 12 de mayo para permitir el ingreso de más oferentes, según informaron desde CABA.
En la presentación judicial ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, el abogado pidió que ante "la brevedad de los plazos procesales y la inmediatez de la fecha de apertura de sobres", se disponga "con carácter urgente una medida precautelar" que ordene la suspensión de los efectos de la resolución oficial, de los pliegos y "de todo acto administrativo que se derive de dicho procedimiento de concesión".
"La configuración de estos medios no solo responde a una necesidad de difusión de actos de gobierno, sino que se inserta en un marco normativo y constitucional que define a la información como un bien público y un derecho ciudadano", señala la presentación a la que accedió Ámbito.
"Incumplimientos legales"
En el extenso escrito, Baldivieso recuerda que en 2007, en los albores de la gestión de Mauricio Macri, el equipo de transición que se preparaba para asumir los destinos de la Ciudad anunció la intención de cerrar el canal oficial. Pero motivos legales obligaron a dar marcha atrás: "El cierre enfrentaba un obstáculo legal: la Constitución de la Ciudad (Art. 47), que obliga al Estado porteño a tener una señal de radiodifusión. Si Macri cerraba el canal, estaría incumpliendo un mandato constitucional".
La solicitud para que se haga lugar a una precautelar se sostiene sobre una base de argumentos que apuntan a denunciar incumplimientos legales en el proceso. El mencionado artículo 47 de la CCABA es uno de ellos, según afirma Baldivieso, ya que "no solo reconoce el derecho a la comunicación" sino que también señala que los servicios estatales de comunicación "deben ser dirigidos por un ente autárquico que garantice la participación social y la pluralidad". "Este mandato buscaba evitar, precisamente, que los medios públicos fueran utilizados como herramientas de propaganda gubernamental o que quedaran sujetos a los vaivenes de intereses comerciales privados", señala.
Al cumplirse 30 años de la Constitución de la Ciudad, la creación del ente "ha sido sistemáticamente ignorado por los sucesivos gobiernos" y por la Legislatura. "Esto mantiene a las emisoras y al canal en una situación de precariedad administrativa, operando como dependencias directas de la Secretaría de Medios del Ejecutivo porteño. Esta omisión ha permitido una discrecionalidad técnica y política que hoy culmina en el intento de privatización encubierta que motiva esta demanda", denuncian en el escrito.
En ese sentido, reclaman a la Justicia que declare "la inconstitucionalidad de la omisión continuada" y que ordene al Poder Ejecutivo y al Parlamento porteño a que proceda "de forma urgente" a la creación del ente y se sancione una ley de medios públicos que, según proponen, deberá asegurar "el respeto a la pluralidad política y la integración de los sectores de la cultura a través de la participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y de la comunicación social". Remarcan que no se trata de una facultad discrecional del Gobierno o de los legisladores, sino "un mandato obligatorio".
Los argumentos del Gobierno porteño y la respuesta de los denunciantes
En el Gobierno porteño argumentan que la concesión permitirá mejorar la programación de los tres medios y resaltan que seguirán siendo del Estado, el cual tendrá la potestad de revisar el cumplimiento de los requisitos que se detallan en los pliegos. Para participar de la licitación, los oferentes deber presentar antecedentes en el sector de medios, planes de inversión detallados y contar con el herramental necesario para hacerse cargo de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales, lo que incluye "equipamiento, estudios y personal necesario para la operación". También de la gestión "de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros)".
Para Jorge Macri, el motivo "es simple" y responde a la reducción del gasto público: "Dejar de financiar su operación con impuestos". "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades", dijo, en un contexto en que La Libertad Avanza presiona la agenda del alcalde con más recortes impositivos y piden eliminar la pauta.
En diálogo con Ámbito, Baldivieso calificó a la iniciativa como "privatizadora" y consideró que obedece "a múltiples urgencias electorales" del jefe de Gobierno. Por un lado, afirmó que persigue "un alineamiento con el discurso de (Javier) Milei con el objetivo de atraer a sus votantes", a quienes busca convencer con medidas de recorte como la concesión de los medios "argumentando una necesaria disminución del gasto público y un ajuste sostenido en la baja de contratos laborales".
Pero además, para el abogado hay una segunda mirada. "La concesión supone un acuerdo sumamente lucrativo que, con alta probabilidad, será compensado en el futuro mediante diversas formas de respaldo político", manifestó y profundizó: "Cabe destacar que el historial de privatizaciones bajo la administración del PRO ha significado, invariablemente, un negocio redondo para el sector privado".
En la presentación también cuestionan que el proceso licitatorio incumple con la Ley 123 de la Ciudad, sancionada en 1998, y con los artículos 30 y 67 de la Constitución porteña que establecen la obligatoriedad de la convocatoria a audiencia pública para aquellas iniciativas que tengan un efecto relevante sobre el ambiente, el patrimonio cultural o que modifiquen bienes públicos.
En la Legislatura piden informes sobre la situación de los trabajadores
En el plano de la Legislatura, la propuesta del Ejecutivo de concesionar los medios ya derivó en la presentación de dos proyectos y de diversos pedidos de informes. En materia de legislación, la peronista Graciana Peñafort presentó una iniciativa para crear el Sistema Público de Medios de la Ciudad (SPMC), administrado por un ente autárquico, con independencia y descentralizado del GCBA. En paralelo, Liliana Galguera, trabajadora de LS1 Radio de la Ciudad (AM 1110) y en representación de sus colegas de los medios públicos, hizo lo propio con otro texto que también busca crear el organismo autárquico y le solicita a la vicejefa Clara Muzzio, titular de la Legislatura, que "tenga a bien darle curso a la brevedad posible".
Por otro lado, la legisladora de Confianza Pública, Graciela Ocaña, miembro del bloque larretista Confianza y Desarrollo, presentó en las últimas horas un pedido de informes ante el Parlamento para que el Gobierno porteño despeje dudas y confirme cuál será el destino de los trabajadores en caso de que avance la concesión. Solicita que se aclare cuántos empleados realizan tareas en la tríada de medios públicos porteños, si bajo una nueva concesión está prevista su continuidad laboral o si están previstos despidos, retiros voluntarios o reubicación.
En las dos radios y el Canal de la Ciudad trabajan aproximadamente unas 500 personas, entre administrativos, técnicos, operadores, productores y periodistas, cuyo futuro laboral pende de un hilo. El pliego no ordena a la empresa ganadora a operar con el personal que actualmente presta servicio en las radios y canales. Por el contrario, habla de "satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión"; aclara que "los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales, así como cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual" estarán a cargo del concesionar; y, por si quedaran dudas, señala que el personal "carecerá de relación alguna con el GCABA".
Por lo pronto, en la Legislatura se acumulan voces contra la concesión. Además del peronismo, el larretismo y los radicales, los libertarios dejaron entrever que si bien están a favor de desprenderse de los medios públicos, no coinciden con el mecanismo de la concesión. Afirman que el pliego "está flojo de papeles" y que el camino por la vía judicial puede resultar en un revés para el macrismo. Así las cosas, el futuro de los pliegos comenzó a jugarse en tribunales.
Fuente: