Presentan una nueva denuncia por el oro y advierten que pudo ser usado para respaldar el endeudamiento
La presentación judicial busca determinar si hubo malversación de caudales públicos en las operaciones financieras con las reservas de oro, luego de que la Auditoría General de la Nación registrara un resultado negativo de US$ 1.023 millones durante 2025.
El manejo de las reservas de oro del Banco Central llegó finalmente a la Justicia tras una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili. La presentación reclama que se investiguen las operaciones financieras realizadas con ese activo estratégico, la pérdida de US$ 1.023 millones registrada por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la falta de información suficiente para reconstruir las decisiones adoptadas por las autoridades. El planteo vuelve a poner en discusión los controles sobre las reservas internacionales y la obligación del Gobierno de rendir cuentas sobre la administración del patrimonio público.
La controversia por el oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo judicial luego de que se presentara una denuncia penal contra Caputo y Bausili, para que se investigue si las operaciones financieras realizadas con las reservas pudieron configurar delitos contra la administración pública. El planteo se apoya en los cuestionamientos sobre la transparencia de esas operaciones y en los resultados negativos por más de US$ 1.000 millones que la Auditoría General de la Nación identificó en los estados contables de la entidad correspondientes a 2025.
La presentación sostiene que el organismo monetario mantuvo una política de opacidad sobre la composición, la localización y la utilización de las reservas de oro, una situación que, según el denunciante, habría dificultado las tareas de fiscalización y el control externo de los recursos públicos. Por ese motivo, solicita que la Justicia determine quiénes tomaron las decisiones, qué fundamentos económicos tuvieron las operaciones y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado.
El reclamo adquiere relevancia después de que la AGN aprobara los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025 e identificara un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro. El organismo de control consignó que ese resultado estuvo compuesto por pérdidas asociadas a opciones financieras y por el pago de primas, mientras que la autoridad monetaria defendió la estrategia y sostuvo que el resultado global de su posición en oro, incluidas las coberturas, fue positivo. La diferencia entre ambas interpretaciones constituye uno de los puntos que deberán examinarse para determinar el alcance económico de las operaciones y la calidad de la información disponible.
La denuncia apunta a Caputo y Bausili
El escrito judicial cuestiona la falta de información sobre las reservas de oro y plantea la necesidad de establecer si las decisiones adoptadas por las autoridades económicas y monetarias se ajustaron a las obligaciones de los funcionarios públicos. En particular, reclama que se investigue la eventual comisión de delitos vinculados con el manejo de caudales públicos, una calificación que deberá ser evaluada por la Justicia a partir de los hechos que puedan acreditarse.
La presentación identifica al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, como los funcionarios cuya actuación debe ser examinada. Además, solicita que se requiera a la autoridad monetaria documentación sobre el lugar donde se encuentran las reservas de oro, las modalidades de utilización de esos activos y los informes internos que pudieran respaldar las operaciones financieras realizadas.
Uno de los ejes del planteo es que la administración de las reservas internacionales no puede quedar fuera de los mecanismos de control por tratarse de decisiones de política monetaria o de operaciones realizadas en mercados financieros. Si bien el Banco Central dispone de atribuciones para administrar sus activos, la denuncia sostiene que esas facultades no eliminan la obligación de justificar las decisiones que puedan tener consecuencias sobre el patrimonio público.
"Mi impresión es que el oro fue usado como colateral de un endeudamiento externo del Banco Central. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando compras un seguro, vos no tenés que sacar el activo subyacente fuera de tu jurisdicción. Lo digo en castellano. Yo puedo decirle a un banco del exterior, che, tengo una tonelada de oro, me quiero cubrir contra una baja del precio del metal", señaló el ex ministro Emmanuel Alvarez Agis en declaraciones radiales.
El punto central, por lo tanto, no se limita a establecer si una operación financiera produjo ganancias o pérdidas, sino que incluye la necesidad de reconstruir cómo se tomó la decisión, cuáles fueron los riesgos asumidos, qué instrumentos se utilizaron y qué controles se aplicaron antes y después de su ejecución.
En ese sentido, la presentación solicita que se intime al presidente del BCRA a remitir los informes que permitan identificar la localización y la modalidad de utilización del oro de las reservas, además de los dictámenes internos que hayan servido de respaldo a las operaciones financieras realizadas con esos activos.
La documentación reclamada podría resultar determinante para establecer el recorrido administrativo de las decisiones y precisar qué funcionarios intervinieron en cada etapa. También permitiría evaluar si existieron mecanismos adecuados para medir los riesgos y si los resultados obtenidos se correspondieron con los objetivos que justificaron las operaciones.
La denuncia no demuestra por sí misma la existencia de un delito ni establece responsabilidades penales. Su objetivo es que se investiguen los hechos y se determine si las decisiones adoptadas por los funcionarios estuvieron dentro de sus atribuciones y si ocasionaron un perjuicio para el Estado. Esa distinción resulta relevante porque la existencia de un resultado financiero negativo no constituye, por sí sola, una prueba de malversación o de administración irregular.
La pérdida que detectó la AGN
El antecedente inmediato de la controversia es el informe de la Auditoría General de la Nación sobre los estados contables del Banco Central al cierre de 2025. Según los datos difundidos tras la aprobación del documento, las operaciones financieras vinculadas con el oro arrojaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones, equivalente a aproximadamente $1,47 billones a valores de cierre.
La cifra se descompone en dos conceptos principales: US$ 960,2 millones de resultados negativos asociados a opciones financieras y US$ 62,8 millones correspondientes al pago de primas. En conjunto, esos conceptos explican el resultado negativo informado para las operaciones vinculadas con el metal durante el ejercicio.
La magnitud del resultado abrió una discusión sobre la conveniencia económica de los instrumentos utilizados y sobre la información que debe proporcionar el Banco Central para que los organismos de control puedan evaluar las decisiones adoptadas. El oro integra las reservas internacionales y constituye uno de los activos que respaldan la posición financiera del país, por lo que su administración tiene consecuencias que van más allá del balance individual de la entidad.
Las operaciones de cobertura son instrumentos financieros que permiten reducir determinados riesgos, aunque su contratación implica costos y puede producir resultados negativos cuando la evolución del mercado no coincide con los escenarios contemplados al momento de tomar la posición. Por ese motivo, el resultado adverso de una cobertura no demuestra automáticamente que haya existido una irregularidad, pero sí obliga a examinar el objetivo perseguido, las condiciones de contratación y la relación entre el costo asumido y el riesgo que se buscaba limitar.
La cuestión que se abre en este caso es si las autoridades pueden explicar de manera completa las decisiones que condujeron al resultado registrado y si existe documentación suficiente para que la AGN y la Justicia reconstruyan las operaciones. Para ello, no alcanza con conocer el saldo final: también es necesario identificar los contratos, las contrapartes financieras, los plazos, las condiciones de liquidación y los criterios utilizados para evaluar los riesgos.
El informe de la AGN aporta información sobre los resultados contables, pero eso no equivale necesariamente a una auditoría integral de todos los movimientos físicos del oro ni permite concluir, sin otras pruebas, cuál fue el destino de cada lingote. Precisamente, la trazabilidad de las reservas y la documentación de las operaciones son parte de los interrogantes que rodean el caso.
Frente a los cuestionamientos, el Banco Central rechazó las interpretaciones que consideran que las operaciones con el oro generaron una pérdida global para la entidad. En su respuesta pública, sostuvo que su posición en oro, incluidas las coberturas financieras, produjo una ganancia neta de US$ 2.505 millones y cuestionó el enfoque de la auditoría, al atribuirle motivaciones políticas.
Esa respuesta introduce una diferencia de criterio sobre cómo deben interpretarse los resultados de las operaciones. Mientras la AGN identificó un resultado negativo de US$ 1.023 millones en las operaciones financieras específicas vinculadas con el metal, el Central plantea que debe considerarse el desempeño conjunto de su posición en oro, incluidas las coberturas.
Para evaluar ambas posiciones es necesario distinguir entre el resultado de un instrumento financiero y el resultado total de los activos a los que está asociado. Una cobertura puede registrar pérdidas y, al mismo tiempo, cumplir una función de protección frente a un riesgo determinado. Del mismo modo, una ganancia patrimonial derivada de la suba del precio internacional del oro no elimina la necesidad de explicar los costos asumidos para administrar ese activo.
La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a contraponer una cifra negativa con otra positiva. Se necesita información que permita conocer qué riesgos se buscó cubrir, cuál era la exposición del Banco Central al momento de contratar los instrumentos, qué escenarios de mercado se consideraron y por qué se eligieron esas alternativas en lugar de otras.
También resulta necesario establecer si las operaciones fueron autorizadas de acuerdo con los procedimientos internos, si se evaluaron adecuadamente sus costos y si existieron controles suficientes sobre su ejecución. Esos elementos son centrales para determinar si se trató de una decisión financiera que produjo un resultado desfavorable o si hubo conductas que podrían generar responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
La transparencia de esos procedimientos es especialmente relevante cuando se administran activos que forman parte de las reservas internacionales. La información puede estar sujeta a restricciones justificadas por razones operativas o de seguridad, pero esas limitaciones no deberían impedir que los organismos competentes ejerzan sus atribuciones de control ni que exista documentación suficiente para evaluar las decisiones una vez realizadas las operaciones.
El planteo judicial busca que se investigue si los hechos pueden encuadrarse en delitos contra la administración pública, aunque la calificación jurídica deberá definirse a partir de las pruebas que se incorporen al expediente. El escrito menciona la posible existencia de irregularidades en el manejo de los recursos públicos y reclama que se determine si las decisiones cuestionadas ocasionaron un perjuicio patrimonial para el país.
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