Relanzan en la justicia la búsqueda de los archivos de la represión
Por Luciana Bertoia
Jorge Rafael Videla solía decir que la última dictadura fue, en última instancia, una "guerra de inteligencia". La definición del dictador revelaba el carácter fundamental que jugó el aparato de espionaje para determinar quiénes serían los blancos de la represión y cuál sería su destino. La inteligencia se retroalimentaba con lo que sucedía en los campos de concentración. A lo largo de las últimas décadas, la aparición de algunos archivos mostró que había registros sobre las víctimas del terrorismo de Estado, aunque se presume que muchos de ellos permanecen en poder de los perpetradores y no lograron ser hallados por distintos gobiernos democráticos. Una serie de presentaciones del abogado Pablo Llonto relanza en la justicia federal, a poco de cumplirse 50 años del golpe, una búsqueda para saber qué pasó con los documentos en poder de las Fuerzas Armadas.
"Con el fin de determinar el destino de cada víctima (desaparecido o asesinado por los grupos de tareas de la Fuerza Aérea y/o por el accionar de otras fuerzas) es necesario que el Juzgado determine qué ocurrió con la importante cantidad de material documental que durante el período 1976-1983 la inteligencia de la Fuerza Aérea recopiló de propia mano y que obtuvo gracias a la tortura llevada adelante por los integrantes de los grupos de tareas, por la infiltración o por el seguimiento, de distintas maneras, de militantes, familiares y toda aquella persona a quienes consideraban 'enemiga' o 'sospechosa'. Solo el hallazgo de esos documentos podrá ayudar a la definitiva determinación del lugar de cautiverio de cada secuestrado, el destino final de cada secuestrado, los datos de los integrantes (militares, policiales y civiles) de los grupos de tareas y sus responsables jerárquicos en la Fuerza Aérea", dice la presentación a la que tuvo acceso Página/12 y que fue radicada antes del inicio de la feria.
Llonto ya ha planteado en distintas instancias pedidos para que se investigue qué pasó con los archivos de la Armada y, fundamentalmente, del Ejército (por su rol coordinador en la represión), que puedan tener las respuestas que desde hace tanto esperan los familiares de los detenidos-desaparecidos.
En los últimos meses de la dictadura, el régimen se ocupó de borrar los rastros de sus crímenes. En octubre de 1983, el dictador Reynaldo Benito Bignone firmó el decreto 2726/83, que "daba de baja" las constancias de antecedentes de personas que habían estado privadas de su libertad. Era un eufemismo para garantizar la destrucción de la documentación. En noviembre de ese año, Cristino Nicolaides, en su carácter de comandante del Ejército, ordenó incinerar todos los archivos.
Sin embargo, distintos testimonios sostienen que esa información había sido microfilmada. Algunos hechos dan cuenta de que los papeles seguían en poder de las fuerzas o de algunos de sus integrantes hasta bien entrada la democracia.
Orestes Vaello, un suboficial del Ejército que prestó funciones en el Batallón de Inteligencia 601, se presentó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con unos papeles que ordenaban los secuestros de determinados "blancos", que no eran más que los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices. Las órdenes, originadas en el propio Batallón de Inteligencia 601 y enviadas al servicio de inteligencia de la policía bonaerense, decían que el grado de peligrosidad era "mínimo".
Los papeles aportados por Vaello sirvieron para probar tempranamente que el Batallón 601 funcionó como un cerebro de la represión, generando distintos impulsos sobre otros cuerpos que se ocupaban de ejecutar sus directivas. Dentro del Batallón funcionaron distintos grupos de tareas enfocados en la persecución de diferentes sectores militantes. La propia Conadep publicó en su informe Nunca Más que el Batallón de Inteligencia tenía una sección llamada Registro y Archivo.
Llonto sostiene que los archivos de inteligencia del Ejército podrían haber sido ocultados o robados. Por ejemplo, cita lo que declaró Stella Segado, exdirectora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en el juicio por los secuestros y desapariciones que sufrieron los integrantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva. Allí, Segado contó que en los años 90 se había incendiado, de manera curiosa, parte del séptimo piso del Edificio Libertador después de que un juez ordenara preservar el lugar ante la hipótesis de que existieran archivos de la represión. En el séptimo piso funcionaba la inteligencia del Ejército.
Un expersonal civil de inteligencia (PCI) declaró en el juzgado federal de San Martín que en el séptimo piso también había información sobre los organismos de derechos humanos que denunciaban los crímenes de la dictadura. "Vi que tenían datos de las Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini; de los del CELS", dijo.
En 1997, se conocieron interrogatorios a los que fue sometido Rafael Perrotta, el exdirector de El Cronista Comercial secuestrado veinte años antes. María Seoane escribió que detrás de ese hallazgo revoloteaba la figura de Juan Bautista "Tata" Yofre —jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)—. Yofre declaró como testigo en el juicio que se hizo por el secuestro de Perrotta. Cuando le preguntaron cómo tenía acceso a los archivos con los que nutrió muchos de sus libros —considerados fuentes fundamentales por el actual Gobierno para entender lo sucedido en los años 70—, contestó: "Caminando la calle, no hay un lugar. Cada persona que ha pasado por la administración pública en algún momento de la vida se lleva un retazo a su casa".
La primera denuncia que radicó Llonto en esta línea fue para saber qué había pasado con los archivos de la Armada. El abogado mostró que, bien entrada la democracia, la Marina tenía información sobre distintas víctimas que habían pasado por el campo de concentración de la Armada (ESMA) y la envió al juzgado que investigaba el secuestro de Heinrich Metz, ejecutivo de Mercedes-Benz, ocurrido en 1975.
El 18 de agosto de 1986, el vicealmirante Ramón Arosa —jefe del Estado Mayor de la Armada— mandó la documentación con sello de "secreto" al juzgado federal de San Isidro. Algunas de las fichas daban cuenta de que los seguimientos a los sobrevivientes de la ESMA continuaban incluso en democracia, ya que en el caso de una exdetenida-desaparecida se reportaba en 1985 que estaba en el país.
Llonto también proveyó material bien gráfico: una foto, tomada por Enrique Shore, de cuando la Conadep recorrió la ESMA en la que se veía que existía un archivo dentro de lo que había sido el campo de concentración.
A partir de esa presentación de Llonto, el juez Sergio Torres, entonces a cargo de la megacausa ESMA, abrió un legajo reservado para investigar el tema. En la práctica, la investigación quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, que no mostró demasiado ímpetu en la pesquisa.
Desde el Juzgado Federal 12 le preguntaron al Ministerio de Defensa si los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA), creados en 2010 para colaborar con las investigaciones por delitos de lesa humanidad, habían tenido posibilidad de ver archivos como los que había mandado Arosa en 1986. La consulta se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los integrantes de los ERyA fueron a revisar el Archivo General de la Armada (AGA), ubicado en la calle Bolívar al 1600. Se trata de un edificio con un depósito de cuatro pisos donde hay información de la fuerza. En ese momento, detectaron un cuarto con documentación secreta remitida desde distintas unidades de la Armada y que tendría información sobre la dictadura. No había inventario ni bases de datos de lo que estaba allí almacenado, por lo que tuvieron que relevar más de 600 cajas. En ese relevamiento no encontraron fichas de antecedentes de civiles como las que había mandado Arosa.
A partir de ese trabajo, desde el ERyA informaron al juzgado que no habían tenido acceso a los archivos en poder del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), del Comando de Operaciones Navales ni de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Armada.
Los ERyA trabajaban con la documentación burocrática en poder de las Fuerzas Armadas, como legajos o libros de unidades militares. Desde su creación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hicieron aportes en más de 100 causas. En marzo de 2024, Luis Petri decidió eliminarlos bajo la excusa de que "carpeteaban" a los militares. Pese al pedido de 36 fiscales para que revisara su decisión, el entonces ministro de Defensa se mantuvo firme.
En realidad, quien hizo escuela a la hora de eliminar el grupo de relevamiento que funcionaba en el Ministerio de Seguridad fue Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos. Ese equipo, creado también por impulso de Nilda Garré, aportó información clave sobre policías que participaron en operativos o se infiltraron para producir caídas. También remitió archivos de la Prefectura que permitieron probar los vuelos de la muerte.
Durante la gestión de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se inició un programa de relevamiento de los archivos de la SIDE. Tanto Caamaño como sus sucesores, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, enviaron documentación valiosa a la justicia que daba cuenta del accionar de la SIDE durante la dictadura, surgida del análisis de organigramas, legajos y sumarios.
El 24 de marzo pasado, Manuel Adorni anunció que, por decisión de Javier Milei, se desclasificaría la documentación en poder de la SIDE. Desde entonces, nada se supo.
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