Se multiplican los frenos judiciales a la reforma laboral y crece la tensión entre el Gobierno y los gremios
La Justicia suspendió 40 artículos tras un amparo del gremio aeronáutico. En paralelo, una jueza resolvió trasladar la causa de la CGT a otro fuero tras un planteo del Ejecutivo y el conflicto podría terminar en la Corte Suprema.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei volvió a sufrir un nuevo revés en la Justicia. Esta vez, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y suspendió la aplicación de 40 artículos clave de la Ley 27.802, en una decisión que amplía el frente judicial contra la normativa.
El fallo, firmado por el juez subrogante Javier Fernando Madrid, se suma a otras resoluciones recientes que ya habían puesto en pausa buena parte del paquete de cambios laborales. La medida impacta directamente en aspectos sensibles como la negociación colectiva, el derecho de huelga y la protección sindical.
Un nuevo freno con efecto expansivo
La cautelar fue impulsada por los abogados Mario D'Alessandro y León Piasek, quienes plantearon la inconstitucionalidad de diversos artículos por considerar que vulneran garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como en convenios de la OIT y tratados internacionales.
El magistrado dio lugar parcialmente al planteo y suspendió provisoriamente artículos centrales de la ley, entre ellos el 1, 3, 16, 17, 31 al 33, 41, 42, 51, el bloque que va del 58 al 77, además del 79, 103, 131 y varios del tramo final de la norma. Según argumentó, el "peligro en la demora" podría generar daños irreparables si la reforma se aplicara antes de una sentencia definitiva.
En su resolución, el juzgado también señaló que varios de estos artículos ya habían sido alcanzados por la cautelar obtenida previamente por la CGT, lo que refuerza el alcance colectivo del conflicto.
Desde APA celebraron el fallo y lo definieron como "un día histórico para la clase trabajadora", al tiempo que cuestionaron con dureza la orientación de la reforma. "La lucha contra la reforma laboral es una lucha por la dignidad y la justicia social", señalaron, y advirtieron que continuarán con acciones judiciales y gremiales.
El gremio además remarcó que la decisión no se limita al sector aeronáutico, sino que podría funcionar como antecedente para otras organizaciones sindicales que buscan frenar la aplicación de la ley.
La pelea judicial escala y llega a otro fuero
En paralelo, la disputa por la reforma laboral también se trasladó a una discusión de competencia entre fueros judiciales. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la causa iniciada por la CGT debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, aceptando una inhibitoria presentada por el Estado nacional.
La decisión implica que el expediente salga de la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo, donde originalmente se había dictado la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley. Desde el Gobierno argumentaron que se trata de una cuestión de "gravedad institucional", al estar en juego una norma aprobada por el Congreso con efectos generales.
Además, la Procuración del Tesoro cuestionó la legitimación de la CGT para representar al conjunto de los trabajadores y sostuvo que las medidas cautelares dictadas hasta ahora "confunden el fondo de la cuestión" con decisiones provisorias.
Sin embargo, fuentes del ámbito laboral anticipan que el conflicto de competencia podría escalar. Según interpretaciones jurídicas, no se descarta que la Justicia del Trabajo rechace la decisión y se genere un planteo que termine siendo resuelto por la Corte Suprema.
Un escenario cada vez más complejo
El nuevo fallo se suma a una serie de decisiones que vienen frenando distintos aspectos de la reforma laboral. En el caso de la CGT, la Justicia ya había considerado que existen "indicios serios de inconstitucionalidad" y una posible regresión en derechos laborales, especialmente en materia de indemnizaciones, condiciones de trabajo y actividad sindical.
En ese contexto, la superposición de cautelares y la disputa entre fueros configuran un escenario de alta incertidumbre para la implementación de la ley. Mientras el Gobierno busca sostener la validez de la reforma en los tribunales, los gremios avanzan con estrategias judiciales para bloquear su aplicación.
La resolución más reciente refuerza esa tendencia y vuelve a poner en discusión el alcance real de los cambios impulsados por la administración libertaria, en medio de un conflicto que promete seguir escalando en las próximas semanas.
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