Stornelli se sube a la denuncia de “terrorismo” del Gobierno
El fiscal pidió que la investigación tramite en secreto mientras reclama que el Ministerio de Seguridad mande la lista de identificados que Monteoliva distribuyó por la prensa.
El fiscal Carlos Stornelli volvió a subirse a una denuncia del Gobierno contra la protesta social. Como lo hizo con las movilizaciones contra la Ley Bases, el representante del Ministerio Público pidió que se investigue un catálogo de delitos con el agravante de terrorismo, tal como reclamó públicamente la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, después de los incidentes que se registraron mientras el Senado votaba la reforma laboral de Javier Milei. El juez Ariel Lijo, a pedido de Stornelli, dictó el secreto de sumario en el expediente.
El miércoles 11 de febrero, más de 70 personas resultaron detenidas por las fuerzas de seguridad federales, que comanda Monteoliva desde que Patricia Bullrich asumió su banca en el Senado, y por la Policía de la Ciudad.
Después de que se vio a un grupo de personas que, detrás de una barricada, arrojaba bombas molotov, se produjeron tres detenciones. Dos de los detenidos eran personas en situación de calle. Uno de ellos fue liberado sin imputación alguna. Otro fue excarcelado, acusado de haber sido partícipe secundario porque ninguna imagen lo mostraba arrojando objetos, sino que sostenía el fenólico detrás del cual se guarnecía el resto. El tercero, Milton Iván Tolomeo, quedó detenido por los cargos de portación de elementos inflamables, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado.
Esa causa tramita en la justicia de la Ciudad. Allí el juez Gonzalo Rúa desestimó usar el agravante por terrorismo que había pedido la fiscalía y decidió que el expediente pasara a la justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py. Concretamente, Rúa dijo que el Ministerio Público no había podido acreditar que buscaran causar terror o desviar el curso de acción de las autoridades.
En paralelo, Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó una denuncia en la que pedía que se investigaran los hechos como si fueran un caso de terrorismo. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 11, que subroga Lijo.
Lijo le corrió vista a Stornelli, que rápidamente firmó un dictamen en el que dijo que investigaba, a priori, una larga lista de delitos: amenazas agravadas, daños agravados, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra el orden constitucional, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos. Todo esto debía ser contemplado a la luz del agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, que duplica las penas para delitos vinculados al terrorismo.
Stornelli reclamó que el Ministerio de Seguridad envíe la nómina de personas que supuestamente fueron identificadas. Según dijo Monteoliva a principios de semana, serían 26 personas. La cartera también deberá informar cuáles son los daños que se registraron. El fiscal también solicitó que se hicieran otras tareas de inteligencia. Como se dictó el secreto de sumario, se desconoce qué medidas ordenó Lijo a pedido de Stornelli.
Cinco personas que estaban señaladas en las listas que distribuyó el Ministerio de Seguridad pidieron la eximición de prisión. Con el argumento de que no estaban imputadas, la fiscalía dictaminó su rechazo y el juzgado declaró inadmisibles las presentaciones. Lo curioso es que la fiscalía, en simultáneo, pedía que Monteoliva mandara las listas que difundió por los medios.
En 2024, Stornelli pidió la prisión preventiva de 33 personas, detenidas por manifestarse contra la Ley Bases, tomando como fundamento un tuit del Gobierno que denunciaba un intento de "golpe de Estado". La jueza María Servini no convalidó su solicitud. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jan Jarab, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puntualizó que le generaba "alarma" la actitud del representante del Ministerio Público.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/19/stornelli-se-sube-a-la-denuncia-de-terrorismo-del-gobierno/