Un exjerarca de Molinos Río de La Plata va a juicio por crímenes de lesa humanidad
Emilio Parodi será juzgado por la desaparición de tres obreros
El juicio comenzará el próximo 23 de abril en los tribunales federales de La Plata.
Emilio Jorge Parodi, uno de los jerarcas de Molinos Río de la Plata, será juzgado por los secuestros de tres obreros el año próximo. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata decidió que el proceso contra el abogado de 84 años comience el 23 de abril, lo que genera expectativas entre las querellas de que haya un reconocimiento de las responsabilidades empresariales por crímenes de lesa humanidad.
Al borde del inicio de la feria, la jueza Noel Costa —oriunda de Córdoba, pero que subroga en La Plata— decidió fijar la fecha para el 23 de abril. Las audiencias se celebrarán únicamente los jueves y serán de forma telemática. Es decir, no habrá actividad presencial en los tribunales platenses.
Parodi fue detenido en julio de 2023 por decisión del juez federal Ernesto Kreplak. Parodi, que entonces tenía 82 años, se mantenía activo asesorando a distintas empresas en materia de recursos humanos. Había tenido una extensa trayectoria en Molinos Río de la Plata desde los años '70.
Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por Bunge & Born. Para 1982, cuando la empresa cumplió 80 años y se acercaba el final de la última dictadura, tenía más de una docena de plantas distribuidoras dedicadas a la comercialización de harina de trigo, margarinas y mayonesas. Desde 1999, Molinos Río de la Plata forma parte de los activos de la familia Pérez Companc.
Entre 1974 y 1979, Parodi fue jefe de personal de la planta que Molinos Río de la Plata tenía en el partido de Avellaneda, cerca del Riachuelo. Entre 1979 y 1981 ejerció como jefe de Relaciones Laborales y, entre 1981 y 1991, se desempeñó como gerente de Relaciones Industriales.
En 2023, cuando Kreplak ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo detuviera, Parodi dijo que no había estado vinculado a los secuestros de trabajadores de Molinos Río de la Plata ni tenía vínculos con las fuerzas represivas.
Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata dio por acreditado que había intervenido en tres secuestros de operarios que continúan desaparecidos. Todos esos hechos tuvieron lugar el 7 de julio de 1976 en la planta de Avellaneda. El magistrado entendió que era imposible que esos secuestros hubieran pasado desapercibidos para el jefe de personal y, por el contrario, señaló que Parodi había jugado un rol en facilitar el reconocimiento de los blancos por parte de los represores.
Santos Ojeda fue secuestrado el 7 de julio de 1976, cerca de las cinco de la mañana, cuando salía de trabajar de la empresa. Tenía 24 años y se desempeñaba en la sección Expedición. Quienes se lo llevaron se identificaron como integrantes de Coordinación Federal —como se conocía entonces a la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), que tenía su sede en la calle Moreno de la Capital Federal—.
Una hora después fue secuestrado Francisco Fernández cuando estaba por fichar su ingreso a la fábrica. Fernández trabajaba en el área mecánica desde 1973. Como aparentemente no tenía la tarjeta para marcar el ingreso, fue llamado a una oficina o vestíbulo, desde donde se lo llevaron unos hombres vestidos de civil.
A las ocho de la mañana de ese mismo 7 de julio de 1976, un grupo de tareas se llevó a Roberto José Rivolta Bonino. Rivolta Bonino era militante gremial e integraba la agrupación 17 de Octubre.
La actividad gremial dentro de la fábrica había sido seguida con interés por los servicios de inteligencia, como lo prueban los reportes que enviaba particularmente la delegación Lanús de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, los obreros habían tomado en dos oportunidades la fábrica para reclamar mejoras.
La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón así como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, que actúan como querellantes en la causa, denuncian que hubo 26 personas vinculadas a la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchos de esos casos habían sido incluidos en la imputación que formuló la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, pero Kreplak dictó la falta de mérito al considerar que no contaba con elementos suficientes para acusar a Parodi. Desde el gremio reclamaron la citación a indagatoria de otros 16 jerarcas de la empresa. Sin embargo, destacan que la llegada del juicio es un "logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda, junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y las organizaciones gremiales".
El abogado querellante Pablo Llonto coincide con ese diagnóstico. "La fijación de la fecha de inicio del juicio trajo algo de alivio a los familiares de los desaparecidos de Molinos que, si bien llegan a un juicio con muy pocos casos de víctimas trabajadoras de la empresa, al menos verán sentado como imputado a uno de los principales responsables civiles de la firma, que persiguió y participó en los secuestros y desapariciones de las víctimas --delegados y activistas del gremio y de la comisión interna—. Mientras tanto, esperamos que en el juzgado de instrucción de La Plata se aceleren los pasos para dar con el resto de los autores de los hechos: militares, policías y civiles responsables de los otros crímenes. Como en tantos otros casos, este juicio tiene el sello del empuje de los hijos e hijas de los trabajadores, que buscaron pruebas, testigos compañeros de sus padres e hicieron posible este hecho que es, al menos, una reparación. Ojalá Parodi en el juicio rompa el pacto de silencio y cuente quiénes más fueron los responsables y qué hicieron con los cuerpos", añadió Llonto.
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense también es querellante en el caso. Su titular, Matías Moreno, desde hace tiempo brega por el juicio y castigo a los responsables civiles de la dictadura. "Este juicio llega al cumplirse 50 años del golpe de Estado y tras once años de investigación. Hay que profundizar en la responsabilidad empresarial y juzgar a los integrantes de estos sectores que fueron cómplices y se vieron beneficiados por las políticas prebendarias de la última dictadura cívico-militar. Hablamos de empresarios civiles que colaboraron con sus acciones en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo con el fin de imponer un modelo económico. Debe haber justicia y se tiene que conocer la verdad", reclamó Moreno.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también pone el acento en la necesidad de que avancen los expedientes por las responsabilidades empresariales. "Esperamos con expectativa el inicio del juicio en la jurisdicción de La Plata, junto con el caso de Mercedes-Benz en la jurisdicción de San Martín, ya que son dos causas en las que se discute la responsabilidad de actores empresariales. En este caso, además, la federación de aceiteros es parte querellante, lo que también es importante para la discusión del proceso de memoria, verdad y justicia con las generaciones actuales de trabajadores", sostuvo Diego Morales, director de Litigio del CELS.
El último juicio en el que estuvieron en el banquillo los responsables empresariales de la represión sufrida por los trabajadores de Acindar terminó con todos los acusados absueltos, en lo que fue leído como un fallo permeado por el clima de época. La Corte Suprema, que no se caracteriza por su velocidad en materia de lesa humanidad, todavía debe confirmar las condenas dictadas en 2018 contra jerarcas de la Ford.
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