Un fiscal muy cercano a Macri facilita el cierre de la causa por la deuda de 57.100 M de USD que tomó el ex presidente con el FMI

16.10.2026

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, desistió de presentar un recurso para evitar que se archive la causa del préstamo con el FMI, que involucra a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Se trata del mismo fiscal que se reunía en secreto con el entonces mandatario en la Quinta de Olivos y que sonó como su candidato a Procurador General. Los detalles de la maniobra que prácticamente cierra la investigación. El rol clave de jueces macristas.

Por FRANCO MIZRAHI 

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, allegado a Mauricio Macri, favoreció al expresidente en la causa en la que era investigado junto a Luis "Toto" Caputo y Federico Sturzenegger por la deuda de 57.100 millones de dólares que tomaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre de 2018. Pleé desistió de presentar un recurso para evitar que se archive la investigación y prácticamente impulsó el cierre de la causa. Se trata del mismo fiscal que se reunía en secreto con el entonces mandatario en la Quinta de Olivos, como reveló El Destape; que era una de sus opciones para la Procuración General de la Nación; y que integró la comisión de Seguridad de Boca que había creado el propio Macri cuando dirigió aquella institución.

El accionar de Pleé deja en pie lo resuelto por la jueza de primera instancia que tuvo el caso, María Eugenia Capuchetti, quien había decretado el archivo de la causa por "inexistencia de delito", decisión que fue ratificada en septiembre de este año por los camaristas porteños Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los tres jueces intervinientes fueron designados por Macri. Los tres, "casualmente", hicieron oídos sordos a los planteos del fiscal que investigó el préstamo, Franco Picardi, y al fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, que respaldó lo planteado por Picardi.

Pleé desistió este miércoles de impulsar "la queja contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto". Es decir, rechazó presentar una queja para intentar revertir en Casación lo resuelto por Llorens y Bertuzzi. El fiscal, de afinidad con el macrismo, afirmó: "No encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura. El recurso sujeto a estudio no menciona diligencias probatorias que hayan sido propuestas en los términos del artículo 199 del rito, ni otras que puedan conducir a resultados útiles teniendo en cuenta la hipótesis descripta por el fiscal de primera instancia".

Picardi y Agüero Iturbe pretendían que se revirtiera el cierre de la causa dispuesto por tres jueces nombrados por Macri.

Pero Pleé no continuó con la línea de acción que el Ministerio Público Fiscal sostuvo con Picardi y Agüero Iturbe. Por eso, agregó: "Sin diligencias probatorias pendientes de producción, independientemente de cualquier construcción retórica, la hipótesis de los fiscales recurrentes se revela equivocada y amerita el desistimiento de la vía intentada, en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad por los que me toca velar, en relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia."

Como si fuera un defensor de los acusados y no el representante de la acusación pública, Pleé llegó a afirmar en el escrito de 28 páginas al que accedió El Destape: "Demostraré que los supuestos incumplimientos de sus deberes por parte de ciertos funcionarios públicos señalados por la fiscalía de primera instancia fueron debidamente considerados por la jueza, cuyas conclusiones confirmó la cámara de apelaciones."

El desistimiento de Pleé facilita el cierre del caso porque previamente, en otra acción de la misma maniobra de impunidad, Milei había corrido al Estado como querellante. Al no haber querellantes, desistimiento del fiscal ante la Casación alcanzó para que no quede nadie en el expediente que pueda recurrir lo resuelto por la Cámara Federal porteña. La actitud de Milei no fue azarosa: en este expediente estaban denunciados su ministro de Economía, Luis Caputo, y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El primero fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central (BCRA) durante el gobierno de Macri; el segundo, presidente del BCRA.

La acusación y el blindaje

En el caso de la deuda con el FMI, que ascendió a 57.100 millones de dólares, el fiscal Franco Picardi investigó un presunto esquema defraudatorio "pergeñado, coordinado y desarrollado —entre mayo del 2018 y septiembre del 2019— por funcionarios/as públicos/as del Poder Ejecutivo Nacional ('PEN') y el Banco Central de la Nación Argentina ('BCRA') en conjunto con agentes del sector privado".

La pesquisa tuvo 3 ejes:

  • Que se tomó una deuda insostenible sin cumplir con ninguna ley;
  • Que la deuda fue para la fuga "en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público";
  • Que esos miles de millones de dólares se administraron de forma "discrecional y/o fraudulenta (…) imposibilitando su control transparente y su trazabilidad".
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¿Los responsables de esta maniobra? Macri, Caputo, Sturzenegger, Santiago Bausili (actual presidente del BCRA), Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y otros funcionarios de segunda línea.

Pero Capuchetti hizo oídos sordos a los planteos del fiscal y, a la par que el gobierno de Milei corría a la Procuración del Tesoro como querellante en el caso (decreto 87/2026), archivó la causa por "inexistencia de delito" en febrero de este año.

En septiembre, Bertuzzi y Llorens ratificaron lo hecho por Capuchetti a pesar de la apelación de Picardi, que mantuvo el fiscal Agüero Iturbe. Cuando el mismo representante del Ministerio Público Fiscal quiso acudir a la Casación los camaristas porteños le denegaron el recurso. Por eso fue en queja a Casación. Pero Pleé desistió de esa acción este miércoles.

¿Cuál era la discusión de fondo? El cierre de caso por Capuchetti. Cuando la jueza designada por Macri (que visitaba la SIDE antes de ser nombrada) archivó la causa el fiscal Picardi apeló (también en febrero de este año) porque consideró que la magistrada omitió "deliberadamente" pruebas y evidencias de este enorme desfalco para el país y negocio para unos pocos.

"La magistrada realiza una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas" y "una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa", sostuvo Picardi en su reclamo por reabrir la investigación. El fiscal afirmó que hubo evidencia "ignorada deliberadamente por la magistrada".

Algunas de las pruebas ignoradas por Capuchetti, tal como publicó Ari Lijalad en El Destape, fueron:

  • El incumplimiento de la Constitución, la ley de Administración Financiera, la ley de Ética Pública y resoluciones del Ministerio de Economía. Capuchetti dijo que el no cumplimiento de las leyes eran meras cuestiones formales y subsanables. Picardi la refutó afirmando que "reflejan la intención de los/as funcionarios/as del PEN y del BCRA de incumplir la normativa, a la cual se encontraban obligados/as, para obtener el crédito en un plazo sumarísimo a los fines de que el Estado se haga de divisas, que luego ellos mismos administrarían para el beneficio de unos pocos sectores concentrados y en perjuicio del patrimonio nacional".
  • Falta de intervención del Congreso Nacional.
  • Falta de intervención formal del Presidente Macri.
  • Falta de intervención del Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña
  • Falta de intervención formal del entonces Ministerio de Finanzas e incompetencia del Ministerio de Hacienda. Por la división que estableció Macri, el responsable de la deuda era el Finanzas, pero todo lo manejó Hacienda.
  • Expediente simulado con posterioridad a la firma del acuerdo. Este punto es clave, ya que tomaron la deuda con el FMI sin un solo papel e hicieron a posteriori "un expediente mediante el cual se intentó emular un proceso administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales", según señaló Picardi. ad.", cierra este capítulo Picardi.

Y la lista continúa.

Picardi le puso cifras al proceso de deuda y fuga. Señaló que "como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación. También, es posible afirmar que provocaron otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias".

Entre otras cosas, Picardi sostuvo en su apelación de febrero que el archivo por "inexistencia de delito" no correspondería cuando existe "impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar". También reiteró la necesidad de que se ordenaran nuevas medidas de prueba que la magistrada no quiso disponer: "La ejecución de las medidas de prueba solicitadas devenía insoslayable y fundamental y que en definitiva marcaría la utilidad o necesidad de las restantes que surgieran a partir de allí a fin de aclarar los extremos de la denuncia previo al archivo de las actuaciones", escribió Picardi.

El fiscal de cámara Agüero Iturbe respaldó a Picardi. Pero Pleé rompió este miércoles con esa línea de acción del Ministerio Público Fiscal. En función de blindar a Macri (y a Caputo y Sturzenegger), aseguró: "Es patente que el fiscal recurrente no logró refutar la argumentación desplegada por el tribunal de grado, puesto que no identificó —como era exigible, en función del potencial crítico que debe caracterizar a un recurso de casación— cuál o cuáles medidas concretas estarían pendientes de realización". Y se hizo eco de las palabras de Capuchetti: "La jueza Capuchetti concluyó que "el Ministerio Público Fiscal tan solo se hizo eco, de manera general y abstracta, de información pública volcada en las denuncias que dieron origen a la presente causa que aludían a presuntas vinculaciones entre determinados funcionarios y actores del sector financiero."

Para terminar de sepultar el expediente, Pleé añadió este 14 de octubre: "Más allá de la necesidad de avanzar con la investigación, (el fiscal de primera instancia) no pudo explicar cómo hacerlo. Y esa deficiencia no fue subsanada en el memorial presentado por el fiscal de cámara".

Acto seguido, cerró: "No se encuentran cumplidos los requisitos previstos para la admisibilidad del remedio intentado por el fiscal ante la cámara y, por otra, a que las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas, sino más bien en un sesgo que fue correctamente identificado por el tribunal a quo".

Con esa argumentación desistió del recurso de queja y dejó firme lo resuelto por Capuchetti.

De esta forma, Macri logró una vez más el blindaje de Comodoro Py: Capuchetti, que fue nombrada por él en los tribunales federales de Retiro, archivó la causa en febrero de este año. Llorens y Bertuzzi, designados por él en la Cámara Federal porteña, ratificaron ese cierre en septiembre. Y este miércoles, Pleé, muy cercano al expresidente, terminó de clausurar la pesquisa.

Quién es Pleé

Raúl Pleé es uno de los fiscales más poderosos de los tribunales de Comodoro Py, un histórico, y tal como publicó este medio en las notas que integraron la saga de "Operación Olivos", se reunió en secreto con Macri en la Quinta de Olivos –y todo indica que con el entonces jefe de la SIDE, Gustavo Arribas- en marzo de 2018 cuando el referente del PRO era Presidente.

https://www.eldestapeweb.com/politica/operacion-olivos/macri-arribas-y-el-fiscal-plee-reunion-cumbre-del-lawfare-en-olivos-20214118034

Luego de que se abriera una investigación interna en el MPF por la difusión de esa visita, Pleé reconoció la existencia del encuentro, que da cuenta del vínculo estrecho que tiene con Macri, que se remonta a su paso por la Comisión de Seguridad de Boca.

¿Qué dijo entonces Pleé? "Es cierto que en el mes de marzo de 2018, más precisamente el lunes 19, fui convocado –a través de su secretaria privada- por el entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, a una reunión a desarrollarse en sus oficinas de la quinta presidencial de Olivos", reconoció Pleé en la nota que elevó al Procurador General interino Eduardo Casal el 13 de abril.

En su nota, de la que este medio dio cuenta en abril de 2021, el fiscal ante la Casación sostuvo que "al aceptar esa invitación" de Macri "todavía no había sido publicado quién sería la persona que iba a ser propuesta para el cargo de Procurador General de la Nación". Pleé afirmó que "era de público conocimiento en el foro" que "podría ser yo un posible candidato a cubrir aquella vacante. De modo que mi aceptación a concurrir a Olivos obedecía –en ese momento- a una natural expectativa". "Al concretarse el encuentro -siguió Pleé en su escrito-, el día viernes 23 de marzo, el entonces Presidente (quien ya había adelantado uno o dos días antes el nombre de la postulante) me indicó los motivos de su elección en otra persona requiriéndome que, a pesar de no ser el elegido, permaneciera en mi cargo un tiempo más sin acogerme a los beneficios jubilatorios".

Este punto es clave: poco después de la reunión, el 26 de abril de 2018, Pleé pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención. Luego Pleé también benefició a Macri en otra causa. Y no solo a Macri sino también a Arribas, el otro presente en la reunión en Olivos. Y nada menos que en una causa de espionaje ilegal: en el caso que giraba en torno a Marcelo D'Alessio, involucraba al fiscal Carlos Stornelli y al juez ya difunto) Claudio Bonadio y cuya terminal era la AFI.

La explicación oficial de Pleé dejó abiertos diversos interrogantes. Por ejemplo: El fiscal ante la Casación concurrió a la casa del Presidente para hablar sobre la Procuración General cuando el propio Macri ya había anunciado en los días previos que su candidata para ese cargo era Inés Weinberg de Roca. ¿Qué explicación debía darle un Presidente de la Nación a un fiscal sin representación institucional? ¿Y encima con la presencia de Arribas, jefe de la AFI? Y si era tan pública y visible la reunión: ¿por qué el gobierno de Macri la omitió en la lista de ingresos que le envió entre fines de 2018 y principios de 2019 a la ONG Poder Ciudadano ante un pedido de información pública? El encuentro se dio nueve meses antes del envío de esa nómina a la ONG. ¿Y por qué el macrismo intentó que no se conocieran esos ingresos a la residencia presidencial?

Plee siempre representó los mismos intereses en Comodoro Py: Intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro, la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos, el desguace del Grupo Indalo y el D'Alessiogate, entre otras, donde siempre mantuvo una posición de blindaje hacia los acusados macristas y de persecución para con los kirchneristas.

Su accionar de este miércoles estuvo acorde a esos antecedentes. 

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