Un negocio que huele mal en el Servicio Penitenciario
El titular del SPF, Fernándo Martínez --designado por Patricia Bullrich en 2024-- está siendo investigado por amañanar las licitaciones para la alimentación de los presos del penal de Ezeiza. Durante el último operativo se negó a entregar su celular. Sus presuntos vínculos con las empresas proveedoras.
Al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martinez, le estalló un escándalo que huele muy mal. La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó en las últimas horas el allanamiento de sus despachos y el secuestro de sus teléfonos celulares en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos vínculos espurios con las empresas proveedoras de alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza.
La sospecha del juez federal Federico Villena es que Martinez --designado al frente del SPF por Patricia Bullrich en marzo de 2024-- promovió la "cartelización" del servicio de alimentación en ese penal a través de distintas empresas pantalla. La última de ellas es Bio Limp SA, a la que --curiosamente-- Martínez logró renovarle el mismo día del allanamiento, horas antes de que le requisaran sus oficinas.
Según consta en la causa, Bio Limp comparte vehículos, mobiliario y empleados con la firma Foodrush, la antecesora en el negocio, que ya había protagonizado un escándalo años atrás por comida en descomposición.
Escherichia coli
Los presos del Penal de Ezeiza le presentaron un habeas corpus a Villena, denunciando que les entregaban comida en mal estado y que había muchos reclusos que se negaban a ingerirla, teniendo que gastar el dinero al que podían acceder en la cantina de la cárcel para poder alimentarse. Tras años de idas y vueltas, con inspecciones de la ANMAT que indicaron la presencia elevada de Escherichia coli en la comida, el propio Villena en 2024 acudió a Ezeiza para ingerir los mismos platos que le daban a los presos. A las pocas horas se descompuso y sufrió diarrea y vómitos. De esa manera, el juez condenó a Foodrush y le impuso la prohibición de no poder participar en una licitación ante el PSN por tiempo indeterminado.
En el concurso siguiente, la concesión fue adjudicada a Bio Limp, una empresa de limpieza sin experiencia en gastronomía. Los reclamos por los alimentos continuaron y Villena abrió una causa por "envenenamiento". En los allanamientos comprobaron que las patentes de los camiones de Bio Limp coincidían con los usados por Foodrush, además de haber contratado a los mismos empleados y hallaron facturas de transferencias de una empresa a otra por alrededor de 150 millones de pesos.
La hipótesis es que, como Foodrush quedó imposibilitada de brindar el servicio por las denuncias de los presos, Martínez la reemplazó por la nueva firma, Bio Limp, a la que igualmente estaría conectado.
Un allanamiento con escándalo
Para completar el panorama de las sospechas del juez, el procedimiento estuvo marcado por una fuerte tensión, cuando Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono móvil. Según fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un aparato viejo en desuso y, al ser intimado por el celular que utiliza habitualmente, adujo haberlo "extraviado" esa misma mañana.
Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo "perdido" impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que hace sospechar al magistrado que Martínez recibió una filtración y destruyó el aparato para ocultar pruebas.
El informe técnico reveló que el teléfono registró actividad una hora antes del allanamiento, con conexión en la zona de Barracas, cerca del estadio de Huracán. Para la Justicia, el dato resulta significativo y abre la hipótesis de que el funcionario habría recibido un aviso previo y decidido ocultar o destruir el dispositivo.
Con la autorización del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, los oficiales del juzgado irrumpieron en la mañana del viernes en el despacho de Martinez para allanar su oficina y secuestrar su dispositivo móvil, en el marco de una investigación por presuntos vínculos entre el funcionario y la empresa Bio Limp, que ese mismo día consiguió la renovación de la concesión para alimentar a los más de 2 mil personas que cumplen su condena en la Unidad Penal de Ezeiza.
Tras unos minutos de tensión, Martinez puso a su disposición su teléfono celular. Sin embargo, los oficiales advirtieron que el dispositivo no era el de su uso cotidiano, a lo que, autorización del juez mediante, le exigieron que presente el verdadero. El director del SPF se excusó diciendo que lo extravió ese mismo día. El resultado de la investigación informática reveló que la última conexión del celular fue a las 10.15 en el barrio porteño de Barracas, una hora antes del allanamiento. Villena sospecha que alguien le filtró la información a Martinez y lo destruyó. Para más peculiaridades, el titular del Servicio Penitenciario habría arribado a su oficina en una camioneta a nombre de Enrique "Quique" Antequera, uno de los llamados "reyes" de La Salada, que se encuentra prófugo.
Martínez, un hombre de Bullrich
Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser nombrado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Bajo su gestión, la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad en diciembre de 2023.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el director del servicio se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique "Quique" Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien manifestó su predisposición para colaborar con la investigación que busca desarticular lo que el juez define como "mafias enquistadas hace muchos años" en el sistema penitenciario.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2025/12/29/un-negocio-que-huele-mal-en-el-servicio-penitenciario/