Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider
El exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel recibieron la noticia de que irán a juicio por contrabando en Paraguay, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso de apelación presentado por la defensa. El juicio comenzará en abril de 2026. Aún queda por resolver el pedido de extradición de la Justicia argentina para ambos detenidos por lavado de activos. Kueider era senador nacional por la provincia de Entre Ríos entre 2019 hasta 2024 cuando fue detenido en la frontera de Paraguay por tenencia de 200 mil dólares, 400 mil pesos argentinos y 3 millones de guaraníes sin declarar.
La Sala Penal paraguaya consideró inválido un reclamo de los abogados de Kueider y Guinsel. Se trataba de un intento para que la Corte revisara una decisión ya tomada y confirmada. Los ministros razonaron que era una "apelación de la apelación", lo que es una vía procesal inexistente.
El exsenador y su secretaria fueron acusados por contrabando en grado de tentativa, cuando el 4 de diciembre de 2024 fueron detenidos intentando ingresar a Paraguay con miles de activos sin declarar. Desde entonces permanecen con prisión domiciliaria.
Los abogados defensores, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, trataron de anular la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay, y solicitaron el sobreseimiento de ambos acusados, además de que las filmaciones del operativo del 4 de diciembre sean excluidas de las pruebas. Esto también fue rechazado por el juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú. La Corte expuso que haberles dado la derecha a estos planteos habría sido un uso abusivo de recursos.
En Paraguay, la pena máxima prevista para el delito de contrabando en grado de tentativa es de dos años y medio. Además de esta causa, el exsenador argentino carga con un reclamo para tramitar su extradición a la Argentina, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito dentro de la causa "Securitas". Esto investiga presuntos sobornos efectuados por la compañía de seguridad privada a diferentes entidades públicas de Argentina.
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