Ya trasladaron a 1.400 presos de Devoto a Marcos Paz y la Justicia ordenó controles sobre el operativo
La Cámara del Crimen confirmó el rechazo del hábeas corpus de la Procuración Penitenciaria, aunque exigió que los próximos traslados se comuniquen con 72 horas de anticipación y garantizó inspecciones.
El Gobierno nacional anunció este lunes que completó la primera fase del traslado de personas detenidas en la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Según informó la Presidencia, el operativo comprendió la reubicación de 1.400 internos, en el marco del plan para desocupar el establecimiento porteño.
Pero mientras el Ministerio de Seguridad presentó la mudanza como un avance hacia el cierre de Devoto, el proceso sigue bajo cuestionamientos por sus consecuencias sobre los derechos de las personas detenidas. La discusión llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que confirmó el rechazo de un hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), aunque fijó condiciones para los próximos movimientos y ordenó garantizar el ingreso de sus funcionarios a los penales.
La resolución de la Sala V, firmada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, no cuestionó la decisión estatal de cerrar la cárcel de Devoto. El tribunal analizó si la forma en que se organizaron y ejecutaron los traslados había provocado, o podía provocar, un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
Exigencia de la Justicia
Uno de los puntos centrales del fallo es que las comunicaciones de los traslados no se habrían ajustado a las pautas previstas en el protocolo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por eso, la Cámara encomendó al juez de primera instancia que ordene cumplir con la obligación de notificar los próximos movimientos a los órganos judiciales y a las defensas con al menos 72 horas de anticipación.
Los camaristas consideraron que, pese a esa irregularidad, no se había acreditado un perjuicio concreto derivado de la falta de comunicación que justificara revertir los traslados ya realizados. También advirtieron que devolver a los detenidos a Devoto podía empeorar sus condiciones de alojamiento, porque algunos sectores del establecimiento habían quedado inhabilitados por razones técnicas vinculadas con la seguridad de la infraestructura.
La resolución incluyó otra medida relevante: la Cámara ordenó garantizar de inmediato el ingreso de personal de la Procuración Penitenciaria para inspeccionar y monitorear los establecimientos. La disposición respondió a los planteos sobre las dificultades para acceder a los pabellones y entrevistar a las personas detenidas.
Estudios universitarios, bajo discusión
El impacto sobre la educación es uno de los principales focos del conflicto. Como informó Tiempo Argentino al comenzar los traslados, organizaciones vinculadas con la educación en contextos de encierro denunciaron que el operativo comenzó por estudiantes universitarios alojados en Devoto y cuestionaron la interrupción de sus trayectorias académicas.
El reclamo apunta especialmente al Centro Universitario Devoto (CUD), perteneciente al programa UBA XXII, que funciona desde 1985 y constituye una experiencia histórica de educación universitaria en las cárceles argentinas.
La abogada Claudia Cesaroni, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), había cuestionado que se trasladara a detenidos que cumplían un papel importante en la organización del espacio educativo. Según sostuvo, existían acuerdos previos para derivar a determinados estudiantes a Ezeiza, porque no estaban garantizadas en Marcos Paz las mismas condiciones para continuar sus actividades.
En su resolución, la Cámara consideró que no se había acreditado hasta ese momento que los traslados impidieran efectivamente ejercer el derecho a la educación. Entre los elementos que evaluó mencionó las gestiones para habilitar espacios del programa UBA XXII en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con una modalidad híbrida, y la oferta académica disponible en Marcos Paz.
Los jueces dejaron abierta la posibilidad de volver a plantear la cuestión ante las autoridades competentes si se comprueban afectaciones concretas. Es decir, el fallo no dio por probado que el derecho a estudiar estuviera garantizado en todos los casos, sino que consideró insuficientes los elementos presentados para disponer una medida judicial general en ese momento.
Regímenes de detención
La Cámara abordó además los cuestionamientos sobre las consecuencias de la mudanza para las personas que cuentan con salidas transitorias o están próximas a acceder a ese régimen. En ese punto, sostuvo que los efectos sobre la progresividad de la pena deben analizarse individualmente, ante el juez de ejecución o la autoridad judicial correspondiente.
El fallo examinó, entre otros planteos, el caso de Ricardo Alberto Castro Madrid, integrante de la denominada Banda del FAL, cuyo abogado objetó su alojamiento en Marcos Paz porque una resolución anterior había limitado los destinos posibles a unidades del SPF bajo un régimen abierto y de autodisciplina. Los camaristas consideraron que el pedido debía tramitar ante la autoridad competente y que no se habían acreditado razones de gravedad y urgencia para resolverlo mediante el hábeas corpus.
Primera fase
En paralelo con las actuaciones judiciales, el Gobierno informó este lunes que la primera etapa del operativo concluyó con 1.400 internos trasladados al nuevo complejo penitenciario bonaerense.
La administración nacional destacó el despliegue de las fuerzas federales, las evaluaciones médicas, la identificación mediante códigos QR y las tareas de coordinación entre los organismos intervinientes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el procedimiento se desarrolló sin conflictos, motines ni fugas.
El traslado forma parte del acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para dejar de utilizar el penal de Villa Devoto como establecimiento penitenciario y poner en funcionamiento el complejo de Marcos Paz.
Sin embargo, el cierre de Devoto no agota la discusión. Mientras el Gobierno pone el acento en la desocupación del predio y en la puesta en marcha de la nueva cárcel, los reclamos se concentran en las condiciones concretas de alojamiento, el acceso a la educación, la comunicación con las familias y la supervisión de los organismos de control.
La decisión de la Cámara no frenó el operativo ni ordenó regresar a los detenidos a Devoto. Sí estableció obligaciones para los próximos traslados y reforzó el papel de la Procuración Penitenciaria en el seguimiento de las condiciones de detención. El cumplimiento de esas medidas será uno de los puntos a observar en la siguiente etapa.
Fuente: