La Corte confirmó un fallo histórico sobre la responsabilidad de la Ford en secuestros durante la dictadura
Veinticuatro obreros fueron privados de su libertad después del golpe de Estado de 1976. En la planta de Pacheco, se montó un centro clandestino de detención y tortura.
La empresa Ford señaló a los obreros que había que secuestrar, dejó que los militares montaran un centro clandestino de detención y tortura dentro de su propia planta y proveyó camionetas para que los grupos de tareas levantaran a trabajadores. Eso que fue durante décadas eje de la denuncia de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos hoy pasó a ser parte de la verdad judicial. La Corte Suprema, con conjueces, dejó firme la sentencia contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de la automotriz, y refrendó el camino de buscar a los responsables empresariales de crímenes de lesa humanidad.
La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, junto con los conjueces Fernando Poviña (Cámara Federal de Tucumán) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). En disidencia se pronunció, como suele ocurrir en casos vinculados al terrorismo de Estado, Carlos Rosenkrantz, que consideró que no estaba acreditado el rol de Müller.
Ford Motor, de origen estadounidense, se instaló en Argentina en 1914. En 1942 tuvo que cerrar por falta de insumos, producto de la Segunda Guerra Mundial. Diecinueve años más tarde, en plena etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), abrió su planta en General Pacheco.
Para junio de 1976, la fábrica del partido de Tigre tenía 5124 operarios y 2083 empleados, según surge del acta del directorio 180. Para entonces, la masacre de la última dictadura ya estaba en marcha. No en vano, el emblema de la represión eran los autos que fabricaba la Ford: los Falcon verdes en los que los verdugos salían de cacería.
Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. En los momentos de las detenciones a algunos les mostraron las fotos que constaban en sus legajos o carnets de la Ford. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.
Así lo entendió en diciembre de 2018 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín, que condenó a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, y a dos jerarcas de la Ford: Héctor Sibilla y Pedro Müller. "A lo largo del debate ha quedado acreditada la intervención de la empresa Ford, a través de su personal jerárquico en los hechos que damnifican a las víctimas de autos", escribieron entonces los jueces Mario Jorge Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Herrero.
En septiembre de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. "A partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción", escribió entonces el camarista Alejandro Slokar.
A fines de marzo de 2022, los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, con la oposición de Carlos Mahiques, le abrieron la puerta de la Corte a Pedro Müller. El tema estuvo en el máximo tribunal por más de cuatro años.
El tiempo jugó a favor de los responsables. Sibilla falleció en mayo de 2023. Tenía 97 años. Había integrado el Ejército y luego estuvo a cargo de la seguridad de la Ford durante dos décadas. En su biografía había otro dato relevante: estuvo hasta 2004 a cargo de la oficina de seguridad de la embajada de los Estados Unidos.
Un año después murió el multicondenado Riveros. En la Corte esperaba la resolución sobre la situación de Müller, que actualmente tiene 95 años. En el momento de la condena, el TOF le impuso una pena de diez años de prisión y dijo que debería cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) una vez que quedara firme.
Müller nació en 1931 en Checoslovaquia. Ingresó en Ford a principios de la década del 60 y se desempeñó allí hasta junio de 1992. En 1976 ostentaba el cargo de gerente de Manufactura —es decir, estaba a cargo de la producción—. Para el retorno de la democracia, ya era vicepresidente de la empresa.
Según reconstruyó el TOF 1 de San Martín, a partir de investigaciones como la que lideró la historiadora Victoria Basualdo, en los primeros meses del golpe —y mientras se producían los secuestros— Müller integraba el directorio de la automotriz.
La Ford, para entonces, a través de su presidente, Nicolás Courard, no escondía su alineamiento con la dictadura. En 1980, cuando se inauguraron las obras para la construcción de la planta de camiones, Courard dijo ante José Alfredo Martínez de Hoz: "Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino".
Tiempo antes, en febrero de 1976, Courard le había concedido una entrevista al New York Times en la que había declarado: "Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día".
Después de los secuestros, el directorio —que integraba Müller— celebró el aumento de la productividad.
La postura de la Corte
La mayoría de la Corte entendió que para acreditar participación de civiles en delitos de lesa humanidad debe tenerse en cuenta el contexto histórico en que estos crímenes se cometieron. En ese sentido, recordó que en otras oportunidades afirmó que el plan sistemático de represión estuvo dirigido contra las actividades gremiales y que existió un "plan de operaciones para 'erradicar los elementos subversivos' en el 'ámbito industrial'". Entre otras cuestiones, mencionó que a partir del 24 de marzo se suspendió el derecho a huelga, se intervino la Confederación General del Trabajo (CGT) y se suspendió la actividad gremial de las entidades de trabajadores.
Rosatti, Poviña y Pérez Curci también tomaron lo que surge del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Allí se señala que más del 30 por ciento de los detenidos-desaparecidos eran obreros y que muchos secuestros se daban en los puestos de trabajo.
Rosenkrantz, por el contrario, sostuvo: "No todo lo que convence a profesionales de las ciencias sociales respecto de la ocurrencia de un hecho es apropiado y suficiente como para convencer a jueces de la Nación. No somos historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, quienes para explicar un hecho pueden basarse, entre otras cosas, en consideraciones contextuales".
Para el supremo –que viene del mundo corporativo–, no había elementos suficientes para condenar a Müller y sostuvo que el tribunal decidió interpretar las pruebas en perjuicio del imputado. "Más allá del desempeño de Müller como gerente de manufactura de Ford, circunstancia que no tiene ninguna virtualidad probatoria de su participación criminal, el a quo no indicó ninguna prueba que lo involucrara personalmente con los delitos imputados. De las constancias de la causa no surge que Müller tuviera dentro de sus competencias o funciones asignadas, de o iure de facto, la custodia de la información privada de los empleados a su cargo, ni el control sobre el ingreso y egreso del predio, ni la posibilidad de disponer de sectores específicos de la fábrica por fuera de las áreas de producción, ni la posibilidad de brindar asistencia logística a fin de que los militares desplegaran sus operaciones dentro de la factoría. Tampoco se ha citado ningún testimonio de alguna víctima o testigo que hubiera indicado que Müller se encontraba presente en el momento de las detenciones o torturas, ni que las hubiera conocido o prohijado", escribió Rosenkrantz.
El fallo de la Corte se inserta en un momento clave. Hace pocas semanas comenzaron los juicios orales contra Emilio Parodi, gerente de Molinos Río de la Plata, y Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Mercedes-Benz. En las últimas horas, el TOF 5 de Comodoro Py indagó a los acusados de haberse quedado con los bienes de los desaparecidos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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