LA VIGENCIA DE UNA LEY NEFASTA

Por Carlos del Frade

En 43 años de democracia no se pudo, no se quiso o no se supo demoler ese perverso esquema institucional legal que permite a los bancos quedarse con el dinero del pueblo. Así ocurrió abiertamente en 2001, cuando muchas y muchos de ustedes recordarán el corralito y el corralón, y cómo el dinero de ustedes, de nosotros, terminó en manos de los bancos.

Eso que comenzó en 2001 tuvo su origen en 1977. Lo que sucede hoy en Paraguay tiene como antecedente lo ocurrido en febrero de 1977 en Argentina. El notable periodista e historiador Gustavo Campana señala que la Ley 21526 de Entidades Financieras, vigente en 2026, fue sancionada por la dictadura el 14 de febrero de 1977 para cambiar las reglas del juego. Junto con la descentralización de los depósitos y la liberación de las tasas de interés, la Ley 21526 desreguló casi por completo un sector que cuando no tiene límites, va por todo.  

Los bancos dejaron de fomentar la actividad productiva de un país que en ese momento tenía fábricas con tres turnos, y pasaron a ser operadores de la especulación. El grupo que Martínez de Hoz formó para discutir con la llamada Comisión de Asesoramiento Legislativo —una farsa de organismo parlamentario integrado por un representante de cada arma— estuvo liderado por José Carlos Jaime, vicepresidente segundo del Banco Central y cuatro banqueros. Algunos tenían antecedentes en la dictadura de Onganía, como Benedicto Bianchi, titular del Banco Central, y Luis María Gotelli, ministro de Obras Públicas. Completaron el cuadro de honor Pablo Terán Nogues y Rodolfo Guido Martelli.  

Aquella Ley de Entidades Financieras, que —insisto— sigue vigente, se debatió entre septiembre de 1976 y los primeros meses de 1977. Cumplió el objetivo de alejar el crédito lo más posible del desarrollo nacional y se utilizó para multiplicar los panes en la timba financiera, las importaciones, la deuda y la fuga de capitales. En tres años, el número de bancos casi se duplicó: pasó de 119 en 1977 a 219 en mayo de 1980.  

Competían sin respaldo alguno para ver quién ofrecía la tasa de interés más alta. Los capitales golondrina se instalaban por períodos breves, obtenían márgenes de ganancia altísimos y se marchaban del país sin oposición. Los capitales extranjeros ingresaban, se convertían en pesos y luego aprovechaban tasas de interés muy superiores a la inflación y a la devaluación establecida por la Tablita de Arriazu.  Finalmente compraban muchos más dólares de los que habían ingresado y por último se fugaban.

El 28 de marzo de 1980, apenas dos años y medio después de su entrada en vigor, la Ley de Entidades Financieras recibió un inesperado baño de realidad con el cierre del Banco Interamericano Regional. El proyecto no tenía futuro si el Estado no subsidiaba la voracidad privada. El decreto no podía sostenerse sin un artículo que convirtiera a millones de personas en socios de sus pérdidas. De la quiebra de un banco se haría cargo el pueblo.  

La ley de la selva generaba con muchísimo cinismo la medida más socialista del neoliberalismo. La vigencia de la Ley 252051 sobre la garantía de depósitos obligó al Banco Central a adelantar los fondos necesarios para restituir a los titulares los pesos constituidos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo, informó la dictadura.  

El Ministerio del Interior envió tres días después, un radiograma de las provincias donde se encontraban las principales sucursales del BIR, con el fin de transmitir tranquilidad a los 250 mil ahorristas desesperados. Antes del 14 de abril, les informará el lugar y la fecha precisa en que los fondos estarían disponibles para el público.  

Los depósitos del BIR representaban casi el 13 % del total nacional y el 21 % del total de la banca privada.  

Lo cierto es que todo explotó y como sucedió después en 2001, la crisis financiera se desató por completo, como seguramente recordamos. Lo de Paraguay no es más que la repetición de algo que también se quiere imponer nuevamente en Argentina. 

Colaboración: Ceciclia Trelini

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