Aceiteros volvió a romper el techo del gobierno: 2,7 millones de salario inicial

Luego de una compleja negociación que se extendió a lo largo de dos meses, con una huelga nacional del sector incluida, las dos organizaciones gremiales que nuclean a las y los trabajadores aceiteros del país -la Federación nacional y el Sindicato de San Lorenzo- alcanzaron un acuerdo con las cámaras patronales que lleva el salario inicial -peón- a $2.578.400 a partir del 1° de julio de 2026 y $2.719.040 a partir del 1° de septiembre de 2026. Lo hicieron fundamentando su reclamo en el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal.

El camino para alcanzar el acuerdo no fue sencillo. La más importante de las tres cámaras que suscriben el convenio, la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) decidió encarar esta ronda paritaria levantando su perfil público con un discurso hostil y provocador contra las organizaciones gremiales del sector.

Las razones continúan sin estar del todo claras. No es la primera vez que la CIARA apuesta a pudrir la negociación paritaria, pero esta vez fue la más burda y grosera.

Hay antecedentes concretos. Por ejemplo, en el primer semestre del 2015, ante el entonces probable fin de ciclo kirchnerista. Después, en 2020 durante el primer año de Alberto Fernández, y luego en 2024 durante el primer año del actual gobierno de ultraderecha. En cada uno de estos casos, las empresas quisieron marcarle la cancha a las respectivas gestiones gubernamentales en general, pero sobre todo, en particular, obtener beneficios concretos, desde beneficios fiscales y cambios en las retenciones a ventajas específicas en la política exportadora, y más.

Les sirvió. Un balance del primer cuarto de siglo muestra a las principales empresas cerealeras que integran el complejo agroexportador argentino, entre las que se encuentran varias de las multinacionales más grandes del mundo -como Bunge, Dreyfus y Cargill- junto a las locales Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata acumulando poder político y económico sin pausa, en un camino regado de ganancias extraordinarias año tras año. La deriva de Vicentin fue, en todo caso, la excepción que confirma la regla.

Y, en lo relativo a lo estrictamente paritario, el objetivo cada vez fue forzar a la Federación Aceitera a abandonar su política gremial del Salario Mínimo Vital y Móvil. En esto no han tenido, hasta el momento, ningún éxito.

Cada vez llevó a un conflicto importante. 25 días en 2015, 21 en 2020, 7 días en 2024. Y ahora también.

En el contexto actual, con la regresiva reforma laboral recién aprobada, que incluye entre sus múltiples retrocesos restricciones específicas al ejercicio del derecho de huelga, la CIARA decidió, con su presidente Gustavo Idígoras -un licenciado en relaciones internacionales de larga carrera previa como funcionario del Estado nacional- a la cabeza, salir a la arena pública con una política comunicacional particularmente agresiva y burda.

Las dos organizaciones gremiales que representan a las y los trabajadores aceiteros, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA), que está fuera de la Federación pero negocia paritarias en forma conjunta desde el conflicto de 2020, se encontraron de golpe con una contraparte mileizada, descalificante y dispuesta a pagar generosos espacios en medios afines para intentar ensuciar a sus dirigencias, mientras demoraba el inicio de la negociación.

Cuando finalmente se reunieron, los representantes patronales ofrecieron 0% de aumento.

Lo hicieron al mismo tiempo que recibían una baja de los derechos de exportación, que fueron reducidos entre un 27% y un 67% (dependiendo el producto) respecto a 2023. La ganancia adicional a las ya extraordinarias que acumula el sector fue de 3.740 millones de dólares.

La respuesta al ofrecimiento patronal de 0% fue una huelga nacional aceitera al día siguiente, el 27 de mayo, que se cumplió de forma contundente aunque breve, ya que el gobierno dictó de forma exprés la conciliación obligatoria.

Seguiría un mes donde la presión continuaría acumulándose, al igual que las audiencias infructuosas. La patronal insistió con los ofrecimientos misérrimos e intensificó la agresividad de su campaña mediática, que tuvo momentos de notorio desbarranque; como cuando empezaron a invocar del éter cifras incomprobables sobre cajas sindicales, salarios que no cobra nadie y supuestos descuentos que padecerían los obreros, sin vínculo alguno con la realidad.

Enfrente, las organizaciones gremiales insistían con el regreso a las medidas de fuerza en el momento que se venciera la conciliación obligatoria, y su prórroga, y le recordaban a la patronal que todas las cifras que inventaba su equipo de marketing político se encontraban inmediatamente descalificadas por los balances presentados cada año, por los recibos de sueldo de los trabajadores, y por las declaraciones juradas de sus dirigentes.

Gobierno y empresas advertían que buscarían aplicar las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga contenidas en la regresiva reforma laboral, lo que sumaba nuevos interrogantes. "Nadie sabe cómo funcionaría una planta de crushing con el 50% de la gente", ejemplificaba el periodista Esteban Rafele en una nota en Letra P, y agregaba: "Es una moneda en el aire por un pedacito de la facturación de las grandes empresas".

La tensión llegó a su máximo nivel el jueves 25 de junio, con una audiencia que empezó a las 11 de la mañana y terminó pasadas las 2 de la madrugada del viernes, mientras vencía la conciliación. Los representantes patronales, luego de cuestionarse entre sí -varios no querían saber nada con una huelga- pasaron de aquel 0% chicanero a un 16% en tres meses, más una suma retroactiva para los dos meses perdidos en la negociación, mayo y junio.

Todo estaba cerrado a medianoche cuando un sector patronal desde la CIARA intentó detonar el acuerdo metiendo por la ventana una cláusula que hablaba de porcentajes de inflación, que buscaba condicionar la negociación futura pero sobre todo, dar un golpe de efecto propagandístico.

Los Danieles, como les dicen sus compañeros paritarios durante las larguísimas audiencias -Daniel Yofra de Federación y Daniel Succi del SOEA- se negaron tajantemente y luego de dos horas de madrugada sin avances, hicieron un último gesto: pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, para darle tiempo a las patronales a que se acomoden entre ellas y sobre todo, al gobierno para que evalúe si quería evitar una huelga en un sector crítico para el ingreso de moneda extranjera, o no.

Finalmente este lunes, en una audiencia mucho más breve, se cerró el acuerdo. La CIARA, fiel al ansia propagandística que la atrapó en la presente ronda paritaria, no esperó a que estuviera la tinta seca para que en portales afines saliera publicada su versión de los hechos: que ahora la negociación aceitera también se ajusta por inflación.

¿En beneficio de quién? No se sabe. Quizás Idígoras aspira a pisar en la arena política patronal y tiene que demostrarle a sus pares que él también, como los Paolo Rocca de la vida, puede "domar" a sus trabajadores. Quizás alguien en el gobierno se lo pidió en virtud de la batalla cultural de la ultraderecha, ese pozo sin fondo tan rentable para atorrantes. Quizás alguien simplemente está vendiendo una humadera ahí dentro y los directivos de la entidad están contentos financiándola.

Los que no se compraron nada de la propaganda patronal son las y los trabajadores aceiteros, que tienen claro que su objetivo es el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal, y hoy celebran un nuevo logro. Obtenido con lucha, fundamentalmente el ejercicio del derecho constitucional de huelga, aunque se diga por ahí que ahora ya no se puede hacer más.

Compartimos el comunicado conjunto de ambas organizaciones gremiales: