Advierten que 120.000 empleos rurales están en riesgo por una decisión de Milei
UATRE reclamó la continuidad del régimen que permitía compatibilizar el trabajo temporario registrado con prestaciones sociales. El Decreto 514/2021 venció el 1° de septiembre y el Gobierno no publicó una nueva prórroga, aunque desde Capital Humano aseguran que el trámite está en curso y que no habrá interrupciones.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo podrían quedar comprometidos en todo el país luego de que el Gobierno de Javier Milei dejara vencer el Decreto 514/2021, que establecía un régimen de compatibilidad entre el empleo rural temporario registrado y determinadas prestaciones de protección social. La norma había sido prorrogada por última vez en octubre de 2025 y su vigencia terminó el 1° de septiembre de 2026, sin que hasta ese momento se publicara una nueva extensión en el Boletín Oficial.
El reclamo sindical se produjo en las horas previas al inicio de nuevas campañas agrícolas y vuelve a poner en discusión uno de los problemas estructurales del empleo rural, como es la condición estacional de buena parte de las contrataciones y el temor de los trabajadores a perder prestaciones sociales cuando ingresan a un empleo registrado. La particularidad del caso es que, mientras UATRE reclama una prórroga explícita para evitar cualquier vacío normativo, desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que el mecanismo continúa en trámite y que no habrá interrupciones en el cobro de las prestaciones.
En marzo de este año entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno, que incorporó a la Ley de Trabajo Agrario un nuevo artículo 34 bis referido específicamente a la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y las prestaciones sociales. Ese artículo establece que los trabajadores temporarios tienen derecho a percibir las asignaciones familiares contributivas y que, cuando finaliza la relación laboral y dejan de estar comprendidos por el régimen contributivo, acceden al régimen de asignaciones familiares no contributivas correspondiente.
La incorporación de esa disposición es uno de los argumentos utilizados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que entiende que la compatibilidad ya fue incorporada al marco legal y que, por lo tanto, no sería necesaria una nueva prórroga del Decreto 514. La diferencia de interpretación deja abierto el punto que preocupa a UATRE: qué prestaciones concretas quedan alcanzadas, bajo qué condiciones y qué ocurre con los mecanismos que habían sido regulados específicamente a partir del decreto y sus normas complementarias.
El reclamo de UATRE
Antes del vencimiento, el secretario general de UATRE, José Voytenco, había enviado el 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar la continuidad del régimen. Según informó el sindicato, el pedido fue realizado con carácter "urgente", pero hasta el vencimiento de la norma no había recibido una respuesta formal ni se había publicado una nueva prórroga. El gremio sostuvo que "esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias" y planteó que el problema no se limita al vínculo entre el trabajador y el Estado, porque la eventual pérdida de la compatibilidad puede modificar los incentivos para aceptar una contratación formal durante una campaña agrícola.
El argumento de UATRE parte de una característica concreta del mercado laboral rural. Una parte importante de las actividades agropecuarias requiere trabajadores durante períodos determinados del año, por lo que la registración laboral convive con meses en los que esos trabajadores no tienen una fuente de ingresos equivalente. En ese esquema, la posibilidad de conservar determinadas prestaciones mientras dura el contrato temporal funciona como un complemento del ingreso familiar y, al mismo tiempo, como un incentivo para que la contratación se realice de manera formal.
"La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental", afirmó UATRE, al señalar que permite que "el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar". Si el trabajador percibe que aceptar un empleo registrado implica perder una prestación que puede resultar necesaria durante el resto del año, la decisión de formalizarse puede dejar de ser un incentivo para convertirse en un costo. En ese escenario, la registración que se busca promover podría encontrar un obstáculo precisamente en el diseño de las políticas de protección social.
Bajo esa concepción, el decreto 514, que fue firmado en agosto de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández y comenzó a regir el 1° de septiembre de ese año, estableció la compatibilidad entre determinadas políticas de protección social y el trabajo registrado bajo modalidades temporarias o permanentes discontinuas del sector rural, con el objetivo explícito de promover la formalización.
El decreto contemplaba, entre otros mecanismos, la continuidad de determinadas prestaciones para quienes ingresaran a trabajos rurales temporarios y establecía que las asignaciones familiares correspondientes no podían resultar inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, bajo las condiciones previstas en la normativa. También habilitaba la compatibilidad con prestaciones como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar en los términos de la reglamentación.
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