ATE denuncia que el Gobierno quiere cerrar la sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad
La comisión interna de ATE Pensiones expresó su rechazo al proyecto del gobierno nacional de cerrar la histórica sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, en la Ciudad de Buenos Aires.
«Esta medida implica no solo el traslado compulsivo y masivo de trabajadoras y trabajadores al edificio de Ramsay, sino que además representa un grave retroceso en materia de derechos para miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes cotidianamente encuentran en esta sede un espacio de atención directa, accesible y de referencia en el corazón de la Ciudad», señalan. Y denuncian: «no se trata de una simple mudanza sino del desmantelamiento de un espacio público que garantiza derechos y facilita trámites esenciales, en el marco de un plan sistemático de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional»
Así expresaron su rechazo: «ATE Pensiones expresa su más enérgico rechazo al proyecto de cierre de la histórica sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida implica no solo el traslado compulsivo y masivo de trabajadoras y trabajadores al edificio de Ramsay, sino que además representa un grave retroceso en materia de derechos para miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes cotidianamente encuentran en esta sede un espacio de atención directa, accesible y de referencia en el corazón de la Ciudad», remarcaron en un comunicado conjunto.
En la misma línea, agrega: «el espacio se encuentra estratégicamente ubicado, con conectividad directa desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que facilita la llegada de las y los pensionados, especialmente las personas con discapacidad. El traslado implicaría mayores costos de traslado y pérdida de cercanía con un espacio de referencia ya consolidado«.
Finalmente, el sindicato agregó que la decisión del gobierno «carece de fundamentos y se da de espaldas a las necesidades reales de la población con discapacidad». Asimismo, denuncia que «no se trata de una simple mudanza sino del desmantelamiento de un espacio público que garantiza derechos y facilita trámites esenciales, en el marco de un plan sistemático de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional», por lo cual «exige la inmediata suspensión del proyecto de cierre y traslado».
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