Denuncian que el Gobierno se endeudó para pagar los retiros voluntarios a estatales
El régimen para el cese laboral de los empleados públicos nacionales se oficializó una semana después de un préstamo del BID para "modernizar" el sector.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno de Javier Milei se endeudó por 300 millones de dólares para financiar retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional. El sindicato rechazó el régimen y convocó a una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre, a las 17, bajo la consigna "No se aguanta más".
El sindicato de estatales vinculó que el Decreto 1023/2026 confirmó el programa de retiros, mientras que el Decreto 1177/2026 autorizó la firma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares. Se trata del primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.
El documento oficial del préstamo contempla 220 millones de dólares para el componente de modernización de la gestión del empleo público, y que parte de ese total se destinará, precisamente, a retiros voluntarios (mientras que otros 77 millones corresponden a capacidad tecnológica y tres millones a administración y auditoría).
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, precisó que unos 20.000 trabajadores estatales serían elegibles para adherirse al programa. ATE, por su parte, señaló que el universo alcanzado por la medida comprende a 21.187 empleados.
El dirigente gremial afirmó que "esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso", afirmó Aguiar. Se trata de los cuestionamientos jurídicos planteados por el dirigente sindical.
ATE advirtió que quienes adhieran no podrán reingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años y que los cargos eliminados no serán reemplazados. También indicó que los trabajadores con cargos sindicales vigentes o candidaturas deberán renunciar a esas funciones o postulaciones para inscribirse. "Desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa", expresó Aguiar.
La movilización de ATE a la quinta de Olivos incluirá reclamos por la pérdida salarial, las paritarias por debajo de la inflación, los despidos, la falta de renovación de contratos y el cierre y vaciamiento de organismos públicos.
Cómo funcionarán los retiros voluntarios para estatales que lanzó Milei
El Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para empleados de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. La medida fue formalizada mediante el Decreto 1203/2026 y permitirá inscribirse del 1 al 30 de noviembre, con una eventual prórroga de hasta 30 días.
El programa contempla tres grupos:
- Mujeres de 58 años o más y varones de 63 años o más que no cuenten con los aportes suficientes para acceder a la jubilación. En estos casos, podrán optar por una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual.
- Mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. Para estos trabajadores, se establece una gratificación única equivalente a una remuneración mensual bruta por cada año de antigüedad.
- Mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años. En este caso, la compensación será equivalente a una remuneración mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones.
Para quienes acrediten al menos 30 años de aportes, dentro de las edades previstas, se establece una compensación por antigüedad de hasta 18 remuneraciones, más cinco adicionales. Los trabajadores más jóvenes podrán percibir hasta 20 remuneraciones por antigüedad, más cuatro o cinco adicionales según sus años de permanencia en planta.
Las gratificaciones de hasta $20 millones se abonarán en un solo pago; las superiores se distribuirán en hasta tres cuotas. El gasto se cubrirá con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción.
Quedan excluidos distintos sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas y de seguridad, inteligencia y los cargos docentes. También se fijan impedimentos por situaciones judiciales, administrativas o previsionales. Quienes tengan un mandato gremial deberán renunciar a su condición de delegados para acceder.
Los cargos de los trabajadores que se retiren serán eliminados y no podrán cubrirse nuevamente. La norma, de acuerdo con la publicación, no precisa cuántos puestos se prevé suprimir.
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