El impacto de la motosierra en el Sedronar: «Cobraban $350 mil y los despidieron sin pagarles»
La reciente ola de despidos en el organismo de prevención de adicciones generó preocupación en trabajadores y referentes de la salud. Aseguran que la crisis afecta principalmente a familias de bajos recursos, y advierten sobre el aumento de problemas de salud mental y suicidios tras la pandemia.
En medio de la política de recortes impulsada por el gobierno de Milei, el Sedronar (Servicio Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones) anunció el despido de 100 trabajadores, de los cuales 10 pertenecen a Mar del Plata. Los despidos, que dejaron a muchos empleados sin recibir el pago del último mes trabajado, encendieron las alarmas entre los referentes de la salud en consumo problemático y salud mental. A pesar de algunas reincorporaciones recientes, la situación sigue siendo crítica y tiene un fuerte impacto en las familias más vulnerables.
La decisión de recortar personal en el Sedronar desató una fuerte reacción entre los trabajadores y los referentes del área de salud mental y adicciones. Desde ATE Mar del Plata, se manifestaron en contra de los despidos y alertaron sobre la grave situación que enfrentan las familias de menos recursos. Elba Castillo, una de las trabajadoras sociales involucradas, señaló que muchas de las personas atendidas en los territorios de alta vulnerabilidad, como el barrio Malvinas Argentinas y Martillo, son invisibilizadas por la sociedad. Además, resaltó que la disminución del personal afecta directamente los tratamientos, aumentando la inequidad y la injusticia social.
Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional, calificó como «muy cruel» la decisión del gobierno de reducir el personal del Sedronar. Según Cabezas, la medida afecta la capacidad del Estado de prevenir y tratar los problemas de consumo problemático y salud mental, especialmente en zonas vulnerables. "Estos trabajadores, que cobraban $350.000 a partir de una beca, ya se encontraban en una situación precaria, y ahora se les despide sin siquiera pagarles el último mes trabajado", explicó.
Por su parte, Fabián Messina, responsable de la Posada del Inti, que asiste a pacientes con problemas de consumo, lamentó que la crisis en el área de salud mental y adicciones no sea un fenómeno nuevo, sino que es el resultado de años de políticas deficientes.
En diálogo con el diario 0223, Messina señaló que la situación en los dispositivos municipales, nacionales y provinciales es «complicada» y que las familias de los pacientes no encuentran políticas de contención adecuadas. Además, explicó que las becas que recibían los pacientes fueron reducidas a tal punto que «es imposible sostener los tratamientos», afectando principalmente a los más desfavorecidos.
El impacto de estas decisiones se ve reflejado en el aumento de suicidios y problemas de salud mental, especialmente después de la pandemia. Tanto los trabajadores como los referentes de la salud coinciden en que las políticas públicas en este ámbito se han desmoronado progresivamente en los últimos años, dejando a los más vulnerables en una situación de desamparo.
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