La OIT instó al Gobierno a consultar con sindicatos y empresarios cualquier reforma laboral
El organismo internacional reclamó medidas para garantizar el diálogo social tripartito, fortalecer la inspección laboral y presentar información antes del 1° de septiembre.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno de Javier Milei a garantizar que las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores.
El pronunciamiento surgió de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, en el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza. La intervención del organismo se produjo a partir de las denuncias presentadas por la CGT y las dos CTA por la situación de los derechos laborales y sindicales en la Argentina.
Según el documento difundido, la Comisión pidió al Estado argentino adoptar "medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado" para asegurar el funcionamiento de mecanismos adecuados de diálogo social tripartito a nivel nacional, regional y sectorial.
El reclamo apunta a que cualquier modificación en materia laboral sea debatida con participación de sindicatos y cámaras empresariales, en línea con los convenios internacionales ratificados por el país.
La inspección laboral, otro eje del reclamo
Además del llamado al diálogo tripartito, la OIT pidió realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional.
Ese relevamiento deberá incluir información actualizada sobre la cantidad de inspectores laborales, su distribución territorial, los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación laboral.
La Comisión también solicitó fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección laboral. En ese punto, el planteo del organismo se vincula con la necesidad de revisar la capacidad operativa del Estado para controlar el cumplimiento de las normas laborales.
El Gobierno deberá informar antes de septiembre
Entre las recomendaciones, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT también planteó que el Gobierno recurra, de ser necesario, a la asistencia técnica del organismo internacional.
Además, solicitó que la Argentina comunique a la Comisión de Expertos, a más tardar el 1° de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones y los resultados obtenidos.
Desde el plano sindical, la resolución fue presentada como un respaldo internacional a los reclamos impulsados por las centrales obreras argentinas. La CTA Autónoma sostuvo que la estrategia conjunta de la CTA Autónoma, la CTA-T y la CGT obtuvo un respaldo en el ámbito internacional del trabajo.
En la misma línea, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, señaló que el debate en la OIT estuvo vinculado con el incumplimiento de los convenios 150, 81 y 129. También destacó el acompañamiento del sindicalismo regional al planteo argentino.
Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA), afirmó que las conclusiones dieron lugar a las denuncias de las centrales sindicales e instaron al Gobierno a garantizar lo establecido por los convenios de la OIT.
Los convenios bajo revisión
La evaluación de la OIT se enmarca en el seguimiento de tres convenios internacionales ratificados por la Argentina: el Convenio sobre la Inspección del Trabajo de 1947, Nº 81; el Convenio sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura de 1969, Nº 129; y el Convenio sobre la Administración del Trabajo de 1978, Nº 150.
La decisión del organismo internacional vuelve a colocar en el centro del debate la discusión sobre la reforma laboral, el rol del Estado en la fiscalización de las condiciones de trabajo y la necesidad de sostener canales institucionales de consulta entre Gobierno, sindicatos y empleadores.
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