La reforma laboral suma presión internacional: el FreSU denuncia al Gobierno ante la CIDH
El Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones de derechos humanos expondrán en Estados Unidos que la reforma oficialista impulsada por Milei vulnera derechos fundamentales.
En un escenario de creciente tensión social, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei deberá enfrentar este martes una instancia de rendición de cuentas ante la comunidad internacional. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), en conjunto con organizaciones de derechos humanos, se presenta en Washington D.C. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la "regresividad" de la reforma laboral que, según sostienen, pone en jaque derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
La audiencia, que se desarrolla en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo, marca un hito en la resistencia sindical frente al programa económico de La Libertad Avanza (LLA). Según los denunciantes, el recurso a instancias internacionales es una respuesta directa a la inacción del Poder Judicial argentino.
"Llegamos a Washington y la Comisión Interamericana porque la Justicia de nuestro país ha decidido mirar para otro lado en uno de los momentos de mayor sufrimiento para los trabajadores, los jubilados y todo el pueblo argentino", aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, al presentar los argumentos del FreSU a la hora de recurrir a tribunales internacionales para dirimir el conflicto entre los trabajadores y el Gobierno.
Un modelo de ajuste que prioriza la rentabilidad empresaria sobre el derecho al trabajo
La denuncia presentada por el FreSU —integrado por gremios como ATE, UOM, Aceiteros y el SIPreBA, junto al CELS— sostiene que la reforma impulsada por el Ejecutivo no tiene como fin la creación de empleo genuino, sino la "precarización" del sistema laboral vigente. Para los dirigentes sindicales, los cambios normativos buscan "abaratar la fuerza de trabajo y aumentar los márgenes de rentabilidad de las empresas". Aguiar insistió en que la ley es "inconstitucional de principio a fin" y criticó que la Corte Suprema aún no se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión pese a la gravedad de los daños que ya se perciben en el mercado de trabajo.
Entre los puntos más críticos que se exponen ante la CIDH, se destaca que la reforma desplaza al Estado de su rol equilibrador entre el capital y el trabajo, favoreciendo abiertamente a la parte patronal. Asimismo, el documento presentado advierte sobre una restricción arbitraria del derecho a la huelga y la libertad sindical, herramientas históricas de defensa de la clase trabajadora que hoy se ven amenazadas por la nueva normativa. La vulnerabilidad se acentúa, según la denuncia, en sectores específicos como las mujeres y los trabajadores informales, quienes pierden mecanismos de protección frente a abusos empresariales o incumplimientos fiscales.
La acusación no se limita a lo estrictamente normativo, sino que vincula la reforma con una política de seguridad agresiva. Para el frente sindical, el proceso de reformas combina estrategias de "shock con la represión", señalando que las fuerzas de seguridad fueron utilizadas para "evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten". En este sentido, Aguiar advirtió que "hoy la lupa internacional se va a posar sobre el Gobierno de Milei" y alertó sobre el nivel de autoritarismo que, a su juicio, pone en riesgo la democracia argentina.
La audiencia, de carácter mixto y con una duración prevista de 80 minutos, otorgará al Estado argentino un tiempo equivalente de 20 minutos para ejercer su defensa y responder a las acusaciones de haber quebrado el Estado de derecho y la paz social. Ante el mundo, el Gobierno deberá explicar por qué su programa de ajuste parece avanzar ignorando los estándares internacionales de derechos humanos laborales.
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